Jokin Bildarratz: “El Departamento de Economía y Hacienda se responsabilizará de auditar las cuentas a los colegios concertados”

Primera semana de prematrícula del curso 2023-2024, unos días siempre ajetreados en los centros educativos. ¿Cómo se están adaptando a las novedades?

—Bien, muy bien, aunque es un nuevo sistema. Después habrá que ir gestionando eso mirando directamente a los ojos a los problemas del sistema educativo e intentar trabajar por las siguientes generaciones y la cohesión social. Quiero traer aquí una palabras del papa Francisco relativas a la justicia social: “frente a los pobres no se hace retórica, se pone manos a la obra”. En nuestro caso, tenemos un amplio acuerdo político y social para hacer frente a todo lo relacionado con la vulnerabilidad. Me refiero al Pacto Educativo alcanzado por el 90% del Parlamento Vasco el 7 de abril que pone las bases para un texto articulado de la Ley Vasca de Educación y contempla además 43 medidas para los próximos doce años que ya empiezan a verse, como en la nueva matrícula.

¿Qué se persigue con los cambios?

—Lo principal es que todos los centros que reciban fondos públicos –públicos y concertados– se responsabilicen de igual manera de la vulnerabilidad de su municipio en la medida de sus posibilidades, porque tampoco vamos a pedir al sistema educativo la respuesta a todos los problemas de forma inmediata. Lo vamos a hacer de una manera prudente. Por eso hemos empezado únicamente con los alumnos y las alumnas de dos años, para ir avanzado progresivamente.

¿Cuál sería la novedad más importante del proceso de admisión?

—Todos los centros deben reservar una serie de plazas para acoger a la diversidad a fin de evitar la segregación del alumnado por razones socioeconómicas o de otra naturaleza, como las necesidades educativas especiales. Ese cupo de reservas se fijará al término del proceso de matriculación, en función del índice de vulnerabilidad que se fijará sobre la base de la información del cuestionario que deben cumplimentar las familias. Y esa reserva también deberá atender a los 4.000 o 5.000 estudiantes de incorporación tardía que cada año se escolarizan con el curso avanzado, lo que llamamos matrícula viva.

Ese cuestionario pregunta a las familias si están suscritas a Netflix o si tienen acceso a Internet, etc. ¿Por qué se han decantado por esta opción y no por la declaración de la renta, por ejemplo?

—Hemos querido utilizar este documento porque está contrastado en pruebas internacionales como el Informe PISA, y el Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa (IVEI) viene usando este recurso los últimos años para conocer el Índice Socieconómico de los centros. Además, el año pasado realizamos una prueba piloto en varios centros y comprobamos que era un cuestionario eficaz para el objetivo que persigue, conocer el ISEC familiar.

¿Le preocupa que el hecho de que el curso que viene las familias tengan acceso a la información sobre el porcentaje de alumnado vulnerable de cada uno de los centros pueda provocar un efecto huida?

—Bueno, primero una serie de reflexiones. Tenemos un sistema educativo muy potente y que responde a unos criterios de calidad muy fuertes porque tenemos sobre todo un personal muy capacitado. En la Evaluación Diagnóstica todos los centros disponen de los resultados académicos de Euskadi y de los suyos propios, que son para uso exclusivamente interno. Y con la reserva de plazas se va a aplicar la misma discreción. Todos los centros de cada localidad van a conocer la vulnerabilidad media de su zona escolar, pero su dato nunca va a ser público. Este dato va a ser gestionado por el propio centro para saber dónde está y hasta dónde tiene que llegar para alcanzar esa escolarización equilibrada de la diversidad.

Bien, más novedades: proximidad y elección múltiple.

—Sí, todas las familias pueden prematricular a sus hijos o a sus hijas en todos los centros que deseen. Uno de los cambios más significativos introducidos en la matrícula se encuentra en la puntuación asignada por proximidad del domicilio al centro: 7 puntos. Mi consejo sería que no les matriculen en un sólo centro porque si, por cualquier motivo, no pudiesen entrar, nosotros haríamos la elección de oficio y la proximidad es clave. Por lo que de alguna manera es mucho mejor que ellos sean los que establezcan una progresividad en sus preferencias de centro en base a su voluntad, porque se identifican con el proyecto educativo, porque hay hermanos ya estudiando ahí o porque está más cerca a su residencia.

Hasta aquí gestión de la diversidad. Pasemos a la crisis de natalidad. ¿Qué le diría a los centros concertados pequeños que en esos momentos sienten vértigo ante la posibilidad de su cierre?

—Vamos a dejar al margen de esta pregunta a eskola txikiak, que son nuestra joyita, nuestro tesoro, ya que responden de una manera sobresaliente a las necesidades educativas de las zonas rurales, al tiempo que vertebran y cohesionan los pueblos. Respondiendo a su pregunta, siempre hablaría en positivo, con mente abierta, para ver la crisis de natalidad como una oportunidad. Necesitamos centros fuertes. Entiendo que los centros pequeños pueden estar inquietos porque poco a poco van perdiendo matrículas, pero lo que necesitamos son proyectos que se fortalezcan. Es ahí donde nosotros vamos a estar, les ayudaremos, seremos más flexibles con los ratios.

¿El sistema educativo tiene sobreoferta de plazas concertadas?

—No y además, en breve, el Consejo de Gobierno aprobará el Decreto de Planificación de los centros educativos derivado del Pacto Educativo que intentará ordenar las plazas a las necesidades existentes.

¿Cuándo entrará en vigor y en qué consistirá el sistema de transparencia para garantizar que la concertada no cobre cuotas?

—Hemos estado y estamos trabajando en ello con todos los centros concertados para obtener datos y dando cuenta del resultado de esos contactos a los grupos firmantes del Acuerdo del 7 de abril. A su vez, estamos hablando con el Departamento de Economía y Hacienda que son los responsables de auditar esas cuentas. Y en este sentido, poco a poco iremos trabajando para que, a medida que nosotros vayamos costeando el 100% de los gastos de enseñanza, los centros concertados también vayan bajando las cotas. Al mismo tiempo, nosotros iremos controlando que ese gasto se corresponde verdaderamente con el objetivo que como Administración tenemos: ofrecer una educación universal y gratuita donde cada familia pueda elegir el proyecto educativo con el que más se identifica.

¿Y cómo accederán las familias a esa información y a los servicios por los que les pueden cobrar?

—La voluntad que tenemos como Departamento, y que responde a las 43 medidas aprobadas en Parlamento, es obtener en un periodo razonable de tiempo todos los datos pero, a su vez, que sea el propio Departamento el que también informe sobre los servicios por los que cada uno de los centros puede cobrar. Luego lo publicaremos en la web del Departamento para que todos los padres conozcan con transparencia esa información.

¿Plazos?

—Por ahora no hay plazo, aunque será más pronto que tarde. Para hacerlo necesitamos una cosa: la aprobación de Ley Vasca de Educación porque, pese a que estamos dando pasos para respetar la letra del Pacto Educativo, hay cuestiones como ésta de la gratuidad, para las que necesitamos un sustento jurídico. Esto también exige un cambio de cultura entre los centros concertados que quieran ir hacia la gratuidad, siendo conscientes de que supone cumplir una serie de condiciones. Hemos hablado de la corresponsabilidad en la escolarización del alumnado vulnerable o la coeducación. No todos los centros solo por existir ya son concertados: deben responder una necesidad existente en el ámbito escolar y si esa necesidad verdaderamente mantiene los valores sociales de la ley.

Me la ha dejado en el aro. Los seis colegios del Opus Dei con educación diferenciada. Es decir, que siguen segregando por sexos a su alumnado abrirán el curso que viene aulas mixtas en 1º de Primaria ante el riesgo a perder la financiación pública. ¿Por qué sólo en 1º de Primaria y no en todos los niveles si atenta contra la letra de la LOMLOE, del Pacto Educativo y del espíritu de la futura Ley Vasca de Educación?

—Estamos trabajando para ver cómo diseñamos los próximos años en base a dos claves. Una, respeto al espíritu de la ley; y dos, respeto a la voluntad de las familias. ¿Por qué sólo en 1º de Primaria? Por coherencia. En Infantil ya son mixtos, con lo cual ya entran a 1º de Primaria y era un salto natural. Lo hemos hecho así para que verdaderamente los alumnos o las alumnas no vean su proceso educativo interferido y que las familias tampoco sientan mayor invasión en ese sentido. Lo importante es que hagamos el cambio de una manera acordada y natural.

Supongo que en la negociación con los centros del Opus Dei están hablando de plazos para ponerse al día con la ley. Suena un plazo de tres años para que sean 100% mixtos si no quieren perder esos 13 millones de euros anuales.

—Yo espero que antes de la finalización del presente curso tengamos todos los datos claros y una solución acordada. Hay una relación muy cordial entre estos centros y nosotros, pero claro que tenemos que ir hacia un nuevo escenario de forma progresiva. Parten de una cultura de más de 50 años que tienen que ir cambiando ya que en estos momentos todos vemos, el legislador y gran parte de la sociedad, que tenemos que ir en otro sentido. Para el Parlamento, que es quien representa a la sociedad, es difícil seguir financiando una serie de proyectos que mantienen unos valores lejanos de lo que entiende la mayoría de la sociedad vasca y del legislador.

El Consejo Escolar de Euskadi avaló el inminente Decreto de acceso a la función directiva considerando que las medidas de reconocimiento y las mejoras en las condiciones de las direcciones contribuirían a la proliferación de candidatos. ¿Cuándo lo aprobarán? Se ha hablado de mejora de los ‘pluses’ y año libre de docencia.

—Lo que tengo que subrayar es la importancia de contar con direcciones potentes. Eso quiere decir que para que un centro sea potente necesita de un liderazgo sólido de la dirección con un proyecto educativo potente que también es compartido con los otros agentes de la comunidad escolar, como es el claustro, como son las familias o las entidades locales. Respecto a la pregunta, no quiero adelantar mucho por respeto a los miembros del Consejo de Gobierno. Lo que se quiere hacer es que cuando esas personas finalicen dos mandatos, es decir tras 8 años en el cargo, tengan un tiempo para formarse para adaptarse a la docencia o para coordinar al nuevo equipo u optar a un traslado a otro centro y compartir su experiencia.

¿En el plano salarial habrá algún cambio respecto al decreto de 2012?

—Habrá un reconocimiento pero, como digo, tampoco quiero ir más allá por respeto sobre todo a mis compañeros y compañeras de Gobierno.

Pero entiendo que se mejorarán los ‘pluses’ de 2012.

—Sí.

Lo curioso es que han sacado la convocatoria para formar las nuevas direcciones sin el decreto aprobado. ¿Los rumores sobre las mejoras laborales han elevado el número de voluntarios?

—En poco tiempo ya hemos conseguido que más del 80% de las direcciones hayan sido elegidas por sus centros para los próximos cuatro años.

Bueno, se ha roto la parálisis. Se pasa de tener una de cada tres direcciones forzosas por falta de gente interesada a ocupar el cargo a un 80% de direcciones voluntarias?

—Haber dado un salto en tan poco tiempo a un 80%, verdaderamente, es algo meritorio. Y en este sentido me gustaría reconocer y agradecer la extraordinaria labor realizada por todo el equipo de la Viceconsejería y a las direcciones de todos los centros educativos.

Ley de Educación. ¿En qué fase estamos?

—En realidad ya está en marcha en el sentido de que estamos llevando adelante el Acuerdo aprobado el 7 de abril con el apoyo de un 90% de las fuerzas, todavía no hace un año, y ya estamos viendo cantidad de cosas que están encima de la mesa. Fíjese, hemos hablado de la nueva matriculación para atender de forma equilibrada a la diversidad, del tema de los centros que segregan por sexos, del Plan de Planificación… Mi compromiso fue ser leal al compromiso adquirido en el Pacto y en eso estoy trabajando sin descanso a diario y viendo de qué manera puedo llevarlo al texto articulado. El texto ya ha pasado por la Oficina de Control Económico, nuestro organismo para analizar las exigencias presupuestarias que va a tener la ley, y ya lo hemos mandado a lo que es el organismo de control jurídico que es el que va a analizar los puntos y las comas del texto para que no tengamos ningún problema ante cuestiones jurídicas que puedan terminar en el Constitucional.

Podemos ha amagado con abandonar el consenso. ¿Qué espera en el debate parlamentario?

—La realidad es que ya nadie se puede salir del Pacto. Otra cuestión es que alguien entienda que el texto de la ley no responde a la literalidad del Pacto, pero el Pacto es algo positivo. Si hubiese algún partido que entendiese que no está recogido ese espíritu, pues bueno, tendrá que justificar por qué pero al menos el Pacto ya está, existe y tiene un compromiso para 12 años. Yo lo que he intentado como consejero de Educación es responder al Pacto con un texto articulado y con la acción diaria; y si alguien entendiese que hay algún matiz, alguna corrección o algún artículo distinto, que lo proponga. Y luego es un juego de mayorías. Pero lo importante es que la Educación es algo troncal, básico y que estamos construyendo para las siguientes generaciones.