Jordi Pujol alega que nunca torció su "digno ejercicio" como president por dinero

El expresidente catalán Jordi Pujol ha pedido su absolución en el caso de los fondos que su familia ocultó durante años en Andorra al alegar que nunca "torció su recto y digno ejercicio" al frente de la Generalitat ni desoyó el interés general "por motivaciones económicas" que favorecieran a su familia.

Así lo sostiene el que fuera presidente de la Generalitat entre 1980 y 2003 en un escrito, al que ha tenido acceso Efe, remitido a la Audiencia Nacional para pedir su absolución en el juicio previsto por los delitos de asociación ilícita y blanqueo de los que le acusa la Fiscalía, que pide para él 9 años de cárcel, así como entre 8 y 29 años para sus siete hijos.

"No existe un solo ingreso en el patrimonio de sus hijos y esposa que tenga relación causal con un abusivo e ilegítimo ejercicio de su autoridad y potestades públicas", resalta el escrito de la defensa de Pujol, que mantiene que el dinero que ocultaron en Andorra durante años procedía de un legado de su padre Florenci ante la "profunda inestabilidad política" y su "futuro incierto" por los "riesgos" que asumía al dedicarse a la política.

En su escrito de acusación, la Fiscalía describe cómo todos los miembros de la familia Pujol actuaron conjuntamente para ocultar, al menos desde el año 1991, una ingente cantidad de dinero en Andorra, "producto del favorecimiento a determinados empresarios para que resultaran adjudicatarios de distintos concursos públicos de la administración pública catalana".

Por el contrario, el expresidente alega en su escrito que "nunca en el ejercicio de su alta función pública (...) torció su recto y digno ejercicio, sin que resolviera o indujera por influjo a que otros lo hicieran, desoyendo el interés general por motivaciones económicas que favorecieran el interés particular o de sus hijos".

Tampoco existe un "solo ingreso" en el patrimonio de los hijos del expresident y su esposa que tenga relación causal con un "abusivo e ilegítimo ejercicio de su autoridad y potestades públicas", afirma el escrito, que apunta que la acusación no ha aportado pruebas en su contra.

"Jordi Pujol i Soley, en la alta función pública que desempeñó, no se prestó jamás a desplegar gestiones de invitación, incitación, sugerencia o influjo de prevalimiento sobre autoridades resolventes o funcionarios informantes en interés o a petición de sus hijos o cónyuge, ni tampoco fue nunca requerido por estos en esa dirección", agrega el escrito.

Por este motivo, la defensa argumenta que los fondos familiares que supuestamente les legó Florenci Pujol, que ascendían a 140 millones de pesetas en dólares, "no guardan relación alguna con la alta función pública" que Jordi Pujol desempeñó en la Generalitat desde su primer nombramiento como president en 1980 hasta que cesó en 2003.

El escrito destaca que Pujol arrancó su trayectoria profesional manteniendo una "fuerte vinculación" con su padre Florenci, aunando esfuerzos en proyectos como los Laboratorios Fides o Banca Catalana.

"Sin embargo, pronto la actividad política pasó a reclamar el mayor empeño y esfuerzo y, es más, la propia actividad económica quedó también reorientada y al servicio del proyecto político", esgrime la defensa.

En este contexto, el escrito alega que la "profunda inestabilidad política" y los "riesgos" que Jordi Pujol asumía "producían una profunda inquietud y desasosiego" en su padre Florenci, "quien le aventuraba un futuro incierto para él y su ya entonces numerosa familia".

"En ese marco de preocupación y con voluntad de asegurar y garantizar la estabilidad económica de su nuera y nietos, Florenci Pujol hizo saber a su hijo y nuera que constituía un depósito en el exterior, con el deseo que se mantuviera unido e intacto, para amortiguar futuras eventualidades de necesidad económica por el riesgo política que asumía Jordi Pujol", resalta la defensa.

La muerte de Florenci -en septiembre de 1980, poco después de que su hijo fuese elegido por primera vez presidente de la Generalitat- "fortalece la determinación de respetar su voluntad con relación a mantener el depósito en el extranjero bajo la gestión de personas de confianza", que fueron por este orden Delfí Mateu, Joaquim Pujol y, en 1990, el primogénito Jordi Pujol Ferrusola, según el escrito.

ORIOL PUJOL DEFIENDE SU INOCENCIA Y DICE QUE NO HAY "PRUEBA ALGUNA" SOBRE SU IMPLICACIÓN EN LOS HECHOS

El exdiputado de CiU en el Parlament Oriol Pujol ha pedido la absolución en la causa contra su padre, el que fuera presidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol, y sus seis hermanos descartando que su familia sea "una asociación constituida para delinquir" y dejando claro que, si realizó infracciones tributarias, las cometió "en solitario".

En un escrito de defensa con fecha de este mismo lunes, y al que ha tenido acceso Europa Press, Oriol Pujol ha asegurado que no ha "existido" entre los miembros de la familia "más acuerdo que el de admitir el ingreso en sus cuentas de los fondos opacos situados en el extranjero".

"En concreto, Oriol Pujol no ha asumido función alguna en coordinación con nadie para llevar a cabo ninguna actividad, fuera lícita o ilícita. Las infracciones tributarias que pudo cometer las efectuó en solitario, sin el concurso de otros miembros de la familia y no realizó ninguna actuación, en España o en el extranjero, de favorecimiento u ocultación de las actividades de terceros", recoge el escrito.

En esta línea, además, la defensa de Pujol insiste en que no existe "prueba alguna sobre estas cuestiones", afirmando además que "la actividad probatoria ni siquiera se ha intentado". Todo ello le lleva a señalar que los hechos de los que se le acusan no son constitutivos de un delito de asociación ilícita o de blanqueo de capitales.

ANTICORRUPCIÓN PIDIÓ OCHO AÑOS PARA ORIOL

La Fiscalía Anticorrupción pidió ocho años de cárcel para Oriol, los mismos que para Oleguer, Mireia y Marta Pujol Ferrusola. El Ministerio Público interesó además nueve años de cárcel para el expresident de la Generalitat y hasta 29 para su primogénito, Jordi Pujol Ferrusola. Por otro lado, solicitó para la exmujer de Jordi Pujol Ferrusola, Mercé Gironés, una pena de 17 años, mientras que para Josep Pujol la petición era de 14 años de prisión.

Todo ello por delitos de organización criminal o asociación ilícita, blanqueo de capitales, delito contra la Hacienda Pública y falsedad documental y frustración de la ejecución en relación con la gestión de su patrimonio. Según Anticorrupción, actuaron conjuntamente y ocultaron, al menos desde el año 1991, una ingente cantidad de dinero en Andorra, presunto producto del favorecimiento a determinados empresarios para que resultaran adjudicatarios de distintos concursos públicos de la administración pública catalana.

CANCELÓ SU CUENTA Y NO TUVO MÁS NOTICIAS

Y es que, según aduce, "desde el momento de la cancelación de su cuenta en 2010 Oriol Pujol no ha tenido (ni tenía por qué tener) noticia alguna sobre dichos fondos". "Como consta en las actuaciones, Oriol no procedió a la apertura de una nueva cuenta en la entidad andorrana BPA, ni constituyó a su favor fundación panameña alguna", añade.

En su defensa, Oriol Pujol también incide en que, durante su desempeño al frente de los cargos que ostentó en la Generalitat de Cataluña, nunca tuvo "la menor participación" en operaciones relacionadas con su hermano "ni con ninguna otra de las que aparecen mencionadas en los escritos acusatorios". Tampoco la tuvo "con patrimonio radicado en España y declarado por esas compañías, ni con operaciones realizadas con fondos sitos en el extranjero".

Por último, su escrito hace referencia al origen de la causa contra la familia Pujol Ferrusola, cuyo inicio "se enmarca en el ámbito de la denominada 'Operación Cataluña'. Recuerda Oriol Pujol que la misma fue "diseñada, al parecer, en la Dirección Adjunta Operativa del Ministerio del Interior" dirigido por Jorge Fernández Díaz.

Es por eso que, en su escrito de defensa, solicita la desclasificación de cuantos documentos se hallen relacionados con la denominada 'Operación Cataluña' así como la identificación de las personas que aparecen relacionadas con la misma y autorización para que las mismas puedan declarar sobre dichos extremos en el acto del juicio oral.

De igual forma, realiza una solicitud de ampliación de comisión rogatoria internacional a la entidad ANDBANK para que envíen la documentación en la que se certificaría que su hermano Jordi se apoderó de su cuenta bancaria. Además, su defensa interesa la remisión íntegra de tres expedientes de contratación firmados cuando Pujol ostentaba el cargo de secretario general del Departamento de Industria de la Generalitat.

MARTA FERRUSOLA FUE EXONERADA

Por último, en su escrito Oriol Pujol solicita para el juicio oral la testifical de una serie de testigos, de cinco peritos y de un conjunto de documentales y periciales para demostrar su inocencia.

La presentación de su escrito de defensa, llega después de que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz autorizase una nueva prórroga para todos los procesados en la causa.

El magistrado envió al banquillo de los acusados a toda la familia, a excepción de la mujer del ex president, Marta Ferrusola --a la que exoneró por su estado de salud--, así como a otras once personas, por presuntos delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, delito continuado de falsificación de documento mercantil, delito de frustración en la ejecución y hasta siete delitos contra la Hacienda Pública.

JORDI, EL PRIMOGÉNITO DE LA FAMILIA, DESLIGA SU "INTENSA ACTIVIDAD EMPRESARIAL" DE LA SUPUESTA TRAMA DELICITVA

Jordi Pujol Ferrusola, hijo primogénito del expresidente catalán Jordi Pujol, ha alegado que las cuentas bancarias que gestionaba en Andorra "no recibieron nunca ingresos vinculados a la administración pública" ni tuvieron relación con "influjo" sobre funcionarios o adjudicación de contratos.

Así lo ha esgrimido en su escrito de defensa, al que ha tenido acceso Efe, remitido a la Audiencia Nacional con el que solicita su absolución en el juicio por cinco delitos contra la Hacienda Pública, falsificación de documentos, asociación ilícita y blanqueo de los que le acusa Fiscalía, que pide 29 años de cárcel para él, así como nueve para su padre y entre 8 y 14 para el resto de sus hermanos.

Jordi Pujol Ferrusola, que ya permaneció siete meses en prisión preventiva por esta causa, ha aseverado que "nunca ha desplegado conductas simulatorias" con relación a los fondos recibidos del "legado" de su abuelo, Florenci Pujol, "para aparentar origen distinto" y ha desvinculado las cuentas en Andorra que gestionaba de dinero público.

"Las cuentas bancarias en Andorra gestionadas en el ámbito de desarrollo de su actividad empresarial o de administración y gestión del legado de su abuelo, Florenci Pujol, sean en ANDBANK, sean en BPA, no han recibido nunca ingresos vinculados a la Administración Pública y su actividad de contratación y adjudicación de licitaciones, o vinculada a cualesquiera resoluciones administrativas", aduce en su escrito.

Tampoco, sostiene la defensa, guardan "relación o vínculo con gestión, invitación sugerencia o influjo sobre funcionarios o autoridades para el dictado de resoluciones de adjudicación de contratos públicos".

El primogénito de los Pujol Ferrusola apunta también que la adquisición en 2012 de la estructura de la fundación KOPELAND a través de su empresa BPA SERVEIS S.A, previo asesoramiento bancario de la Banca Privada d'Andorra, y en la que figuraba como "beneficiario", se llevó a cabo "sin ocultación".

"Titularizar vía persona jurídica ni introduce bastardo enmascaramiento de origen de fondos, ni dificulta la identificación del titular ante autoridades fiscales o judiciales, como evidencian las propias comisiones rogatorias libradas y las respuestas en que, sin subterfugios, se vincula al beneficiario con la entidad", apostilla.

Asimismo, recuerda que, a lo largo de su trayectoria profesional, ha desarrollado "una prolífica actividad empresarial como administrador y accionista de compañías mercantiles", una "ingente y heterogénea actividad" que ha desligado de la supuesta trama delictiva.

"Ninguna de esas actividades como fuentes de ingreso han tenido conexión, vínculo o relación con la actividad de la Administración Pública y, singularmente, con la adjudicación por licitación de contratos públicos de obra, servicios o cualesquiera actividad pública de resolución en esferas de contenido económico", recalca.

En este sentido, también ha destacado que sus actividades empresariales no han llevado jamás a "sugerir, invitar o desplegar influjo" sobre trabajadores públicos para hacerse con la adjudicación de contratos y recuerda que la investigación no ha podido identificar "una sola autoridad resolvente que, por influjo o sugerencia (...), pudo torcer su voluntad decisoria en beneficio de una concreta compañía".

"La acusación, tras siete años de profusa, exhaustiva y hasta extenuante investigación, con aparatoso despliegue de abrumadores medios policiales, ha conseguido singularizar diez expedientes administrativos en los que, sin embargo, no se ha evidenciado torcimiento del derecho, ni en su trámite ni en su resolución y, aún menos, intervención directa o indirecta del presidente de la Generalitat de Cataluña ejerciendo influjo por prevalimiento o de Jordi Pujol Ferrusola terciando o induciendo la resolución en determinada dirección y beneficio propio o de tercero por él auspiciado", subraya su abogado, Cristóbal Martell.

De hecho, destaca que "un buen número" de las resoluciones administrativas "incuestionadas e incuestionables en su adecuación a derecho" fueron dictadas por "resolventes que pertenecen a equipos de gobierno del Partit del Socialistes de Catalunya (PSC) o Iniciativa per Catalunya Verds (ICV)" y no a Convergència.