Jorge Morales de Labra, experto energético y director de Próxima Energía, confiesa que desde siempre tiene contratada una Tarifa de Último Recurso (TUR) en su factura de gas natural. “Un consumidor puede ahorrarse la mitad o más en su recibo si cambia del mercado libre al regulado, aunque también depende del tipo de contrato que tenga’”, dice.
¿En qué consiste la Tarifa de Último Recurso (TUR)?
–Es el precio oficial que fija el Gobierno para la factura del gas, es decir, los márgenes de beneficios de las empresas privadas se encuentran tasados por el Estado.
¿Cuál es su principal ventaja?
–Su crecimiento de precio controlado y limitado. El Estado revisa la tarifa en cada trimestre natural. De esta forma, calcula este valor sumando los diferentes costes.
Pueden acogerse aquellos clientes con consumos inferiores a 50.000 kWh al año. ¿Quiénes forman este colectivo?
–La mayor parte de las familias en España están incluidas, ya que su consumo medio asciende a 9.000 kWh/año. Además desde hace un mes la normativa incluye a las comunidades de propietarios con consumos superiores a los 50.000 kWh/año.
¿Un negocio, cuya superficie se asemeje al de un inmueble, puede acogerse a esta tarifa?
–Difícil. Puede haber comercios o bares con tamaños semejantes a una vivienda, pero consumen mucho más porque generalmente suelen estar peor aislados. Además, como continuamente sus clientes abren las puertas para acceder o salir de estos espacios, favorecen la pérdida de calor, con el consiguiente aumento del consumo de gas para conservar la temperatura en el interior.
¿Y una casa rural?
–Sí puede cambiarse a la TUR porque aunque se trata de un negocio, sigue siendo una vivienda.
¿Un cliente puede cambiarse de la TUR a otra cuando quiera?
–Sí, no existe un compromiso de permanencia con la comercializadora.
¿Era común anteriormente utilizar este tipo de tarifa?
–No, apenas un 20% de la población en España estaba regulada con esta factura. Aunque me parece un error que haya sido así ya que esta tasa se puede considerar una de las más baratas, o incluso la más económica.
¿Y por qué ha ocurrido esto?
–Por desconocimiento y porque a las compañías no les ha interesado promocionar la tarifa de último recurso. Han bombardeado al cliente con ofertas del mercado libre, fuera de la regulación del Gobierno sin publicitar la TUR. En mi caso, siempre he tenido contratada esta tasa y también la he recomendado en todo momento.
¿Hay cifras ya de cuántas personas han solicitado el cambio de mercado libre a TUR?
–Ha habido un incremento notable desde septiembre con desbandada de clientes del mercado libre al regulado, pero todavía la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia no ha actualizado los datos.
¿Por qué únicamente el cambio de tarifa se puede hacer con las comercializadores de Naturgy, Iberdrola, Endesa y TotalEnergies?
– La TUR estaba planteada como una tarifa residual y refugio para personas con escasos recursos, a quienes se les pudiera garantizar el suministro de gas. En definitiva, una especie de servicio público. Al nacer con este objetivo, el Gobierno impuso a las grandes compañías que debían ofrecerla, y suponía una carga más que una ventaja.
¿Por qué una carga?
–La subida de precio de la tarifa de último recurso está limitada, y la diferencia entre ese valor y el coste real recaía en la comercializadora hasta el mes pasado. Por ejemplo, si el precio final de la TUR es de 60 euros el megavatio/hora, y el gas en origen cotiza a 120 euros, es deficitario el precio de venta. El Estado aprobó un decreto ley por el que iba a abonar a las compañías ese diferencial en diez años, pero las compañías debían anticipar ese dinero durante una década. Hasta octubre, la tarifa TUR suponía una financiación costosa para estas cuatro comercializadoras.
¿Qué ocurrió en octubre?
–El Estado ha cambiado de criterio y ha destinado 3.000 millones de euros de los Presupuestos Generales del Estado para que las comercializadoras no asuman financieramente ese diferencial de la tarifa TUR. Una inyección que repercutirá en el déficit público. De esta forma, el Gobierno ha intervenido el mercado del gas al aportar ese dinero público, con una tarifa regulada claramente más barata que el resto y que solo ofrecen esas cuatro comercializadores en detrimento del resto. Al cambiar las reglas de juego, el resto de comercializadores con razón quieren ofrecer la TUR a sus clientes.
¿La actuación del Gobierno repercute en el mercado?
–Esto ha aniquilado la competencia. Cuando pase la tormenta y la gente quiera buscar una tarifa, no va a saber dónde ir. Ahora mismo la situación está tranquila, ya que 3.000 millones es mucho dinero para el sistema gasista, con los precios actuales del gas, pero desconocemos la evolución de su precio. La TUR acumula un déficit de estos meses que si supera los 3.000 millones, puede acabar en un déficit de tarifa que se traduzca en un incremento del precio del gas en el mercado regulado. En ese escenario, igual es el momento de aconsejar que los clientes dejen la tarifa TUR, una recomendación que no he dado en los últimos diez años. Pero de momento, conviene esperar. Ahora la situación está relajada.
¿Hasta cuándo está topado al 15% la subida del precio máximo del gas en la tarifa regulada?
–Hasta el 1 de enero de 2024.
Desde hace un mes también se pueden unir las comunidades de propietarios, aunque su consumo supere los 50.000 kWh/año. ¿Puede frenar el cambio la exigencia de disponer de contador individual en las viviendas que carecen de él?
–No, porque existe un plazo amplio hasta septiembre de 2023. Sin embargo, este requisito no se exige a todas las comunidades de vecinos con calefacción central que carecen de contadores individuales. Desde verano, todas las comunidades deben contar con un informe de la empresa de mantenimiento que valore el coste de esta instalación. Si la inversión puede recuperarse en un máximo de dos años, el proyecto se califica de rentable, y esas viviendas deben colocar los contadores. En el caso de que no sea ventajoso para los propietarios, no tendrán dicha obligación.