El productor televisivo José Luis Moreno ha amenazado con ejercitar "todas las acciones legales que procedan frente" a las filtraciones de la 'Operación Titella' que buscan su "destrucción personal y profesional". "Resulta de todo punto intolerable e indiciariamente delictivo", ha sostenido.
En un escrito del pasado jueves, al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa del ventrílocuo explica que "el problema no es que los medios de comunicación informen sobre la evolución" de la causa que se instruye en la Audiencia Nacional, sino que "alguna de las acusaciones" esté filtrando "deliberadamente actuaciones judiciales secretas".
Se trata, sostiene su representación, de una estrategia que esconde una "mendaz finalidad, pues dicha acusación sólo filtra aquellas actuaciones que le interesan para ofrecer una visión parcial y sesgada de la evolución del procedimiento, que dé lugar a un injusto juicio paralelo, social y mediático, incrementando de esta forma los graves daños y perjuicios ya ocasionados".
Y "esto es posible", insiste la defensa de Moreno, "porque a pesar de haberlo solicitado reiteradamente", el Juzgado Central de Instrucción Número 2 que encabeza Ismael Moreno "no ha adoptado durante todo este tiempo medida alguna para garantizar la confidencialidad de las actuaciones judiciales".
"FIRME DETERMINACIÓN" DE ACTUAR
"Como tampoco se ha adoptado medida alguna para depurar las responsabilidades incurridas con motivo de aquellas filtraciones de actuaciones judiciales, que suponen la destrucción personal y profesional de mi mandante, ante lo que el órgano judicial permanece impasible", critica.
Con todo, el abogado de Moreno asegura que "no va a solicitar nuevamente que el Juzgado haga cumplir la ley y exija a la acusación responsable que cese en sus inadmisibles filtraciones. "Ya lo hemos solicitado al menos en tres ocasiones, y nada se ha hecho al respecto", apunta.
Después de haber "presentado decenas de demandas por la vulneración del derecho al honor" de Moreno, su letrado pone en conocimiento del instructor "el próximo ejercicio de acciones penales por la indiciaria comisión de un delito de revelación de actuaciones judiciales" previsto en el Código Penal.
"Esta parte tiene la firme determinación de ejercitar todas las acciones legales que procedan frente a los que, de una forma u otra, vulneren los derechos del señor Moreno; a quienes se les exigirán las responsabilidades incurridas", asevera en su escrito.
EL ORIGEN DE TITELLA
Las indagaciones en torno a Titella comenzaron en 2018 y la operación eclosionó en junio de 2021 con la detención del ventrílocuo y la de decenas de personas en distintas ciudades por una presunta estafa perpetrada a través de un entramado societario.
Los investigadores dividen la presunta trama en dos organizaciones: una liderada por Moreno, Antonio Aguilera y Antonio Salazar, dedicada desde 2017 al "fraude y estafa a entidades bancarias e inversores privados", "a la falsificación de efectos bancarios como cheques y pagarés" y al "blanqueo de capitales"; y otra, encabezada por Carlos Brambilla, presunto narcotraficante que se habría valido de dicha estructura para blanquear el dinero.
Según el relato judicial, Moreno y Aguilera serían los "máximos responsables" y Salazar, el tercero en acción. Cada uno tendría una función. El productor, "como persona pública muy reconocida, prestaría su nombre como tarjeta de visita" a fin de conseguir fácilmente la financiación que fingirían necesitar para poner en marcha un proyecto cinematográfico. Por tanto, "era el principal receptor de los fondos obtenidos".
Ese dinero pasaría entonces a manos de Aguilera y Salazar. Los dos tendrían "amplios conocimientos en operativa bancaria y mercantil", por lo que se ocuparían de crear las sociedades, "maquillarlas", poner administradores y presentarlas ante las entidades bancarias como los destinatarios de la financiación necesaria para dichos proyectos. En realidad, carecerían de actividad alguna.
Mediante esta red de "empresas pantalla" administradas por presuntos testaferros ambas organizaciones moverían "grandes cantidades de dinero en efectivo" a las que intentaban dar salida con ingresos que hacían pasar por beneficios de su labor mercantil o con inyecciones en metálico para lo que contarían con la complicidad de empleados de banca que se llevarían su comisión a cambio de introducir este dinero en el circuito legal.