donostia – El informe de la Fiscalía filtrado que recoge que el rey emérito Juan Carlos I actuaba a modo de comisionista internacional ha provocado otro terremoto en la Casa Real y la respuesta inmediata de la defensa del exjefe de Estado, que arremetió con dureza contra los fiscales en un comunicado hecho público ayer.
Así, ante las afirmaciones de la Fiscalía a la Justicia de Suiza que apuntan a que el anterior monarca habría incurrido en delitos contra la hacienda pública, blanqueo, cohecho y tráfico de influencias; el abogado del rey emérito Javier Sánchez-Junco considera que "en la comunicación de los fiscales a las autoridades suizas se contienen graves afirmaciones e imputaciones de conductas que se realizan, a nuestro juicio, sin apoyatura alguna y son carentes de la más mínima justificación, estando contradichas por otros hechos de los que nada se dice".
De esta forma, la defensa de Juan Carlos I opta por negar la mayor y cargar contra la Fiscalía, elevando el tono contra las investigaciones y criticando las filtraciones. Según el letrado, las afirmaciones de los fiscales "conculcan de manera evidente el principio de presunción de inocencia que ampara a todo ciudadano" y tienen como objetivo trasladar a la opinión pública "valoraciones y consideraciones que perjudican gravemente" a la figura del monarca emérito, que tiene desde hace más de un año abiertas tres líneas de investigación por el cobro de comisiones ilegales.
Asimismo, los asesores jurídicos del anterior jefe de Estado hacen hincapié en que se haya dado a conocer una "solicitud de asistencia judicial" de la Fiscalía a Suiza que no debería ser pública. "Salvo las autoridades destinatarias de la misma, únicamente debería estar en conocimiento de la Fiscalía, cuyas actuaciones son reservadas", critican. El documento que ha vuelto a poner a la monarquía española en el ojo del huracán es en sí una comisión rogatoria al país helvético para que proporcione información sobre las cuentas que tuvo entre los ejercicios 2016 y 2019 la Fundación Zagatka, uno de los fondos ilegales que supuestamente empleó el monarca. En esta solicitud realizada a Suiza, el Ministerio Público señala que en estos momentos dispone de "elementos indiciarios de que los fondos millonarios que son objeto de investigación tienen, entre otras, la referida procedencia ilícita" y apunta a la posible comisión de al menos cuatro delitos por Juan Carlos I en su supuesta condición de comisionista internacional: blanqueo de capitales, contra la hacienda pública, cohecho y tráfico de influencias.
Por todo ello, los fiscales españoles pretenden que la Oficina Federal de Justicia de Suiza les remita la información de todas las cuentas en el país de la Fundación Zagatka, entidad que pertenece a Álvaro de Orleans-Borbón, primo lejano del emérito. La Fiscalía se está encontrando con diversos obstáculos en una investigación que ya ha cumplido un año y tres meses, debido a entre otras cosas las reticencias de la Justicia suiza o la inviolabilidad de la que gozó Juan Carlos I hasta que abdicó en 2014. Otra traba es la relativa al delito de blanqueo ya que, para probar que se cometió, el Ministerio Público debe comprobar el origen ilícito del dinero, lo que todavía no ha logrado hacer ni podría hacer si es inviolable.
colaboración internacional Por su parte, la Fiscalía General del Estado se pronunció ayer sobre el estado de sus investigaciones tras hacerse pública su solicitud de asistencia al país helvético. Así, la institución explicó que ha cursado diferentes solicitudes de colaboración jurídica internacional a las autoridades de distintos países, entre ellos Suiza, para avanzar en las diligencias en torno al emérito.
No obstante, la institución que preside Dolores Delgado precisó que "la solicitud de cualquier asistencia judicial internacional exige necesariamente detallar todos aquellos indicios de criminalidad disponibles por la autoridad requirente, acompañados de una inicial y provisional calificación jurídica de los hechos sobre los que se fundamenta la petición, respetando así las formalidades requeridas por la normativa en materia de cooperación internacional".
Esto supone, añade la Fiscalía, que con la comisión rogatoria "no estamos ante un dictamen, petición de procesamiento o conclusiones del fiscal, sino en el marco de una solicitud de información, en la que simplemente se detallan los posibles ilícitos que son objeto de investigación". Así las cosas, Juan Carlos I no tiene a día de hoy causas pendientes en el Estado ni requerimiento alguno para rendir cuentas ante la Justicia. Más allá de las tres líneas de investigación abiertas por la Justicia en relación al rey emérito, existen otras pesquisas iniciadas por Hacienda sobre las dos regularizaciones fiscales de Juan Carlos I.
Se da la circunstancia de que el segundo ajuste de cuentas con el fisco tuvo lugar un día después de que la Fiscalía cursara esa comisión rogatoria a Suiza, por lo que los técnicos de Hacienda reclamaron ayer al Ministerio Público que aclare si notificó a Juan Carlos I la apertura de diligencias de investigación contra él antes de que llevase a cabo las regularizaciones.
A este respecto, si esta segunda regularización no hubiera sido de carácter voluntario sino impulsada por la apertura de diligencias de investigación, quedaría invalidada por Hacienda.
Reunión Felipe VI-Delgado. Precisamente ayer, en medio de las nuevas informaciones que salpican a su padre, Felipe VI recibió a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado. La reunión figuraba de antemano en la agenda oficial del jefe de Estado y el motivo de la misma no estaba relacionado con las investigaciones de los fiscales sobre el monarca emérito, sino con la entrega a Felipe VI por parte de Delgado de la memoria anual de la Fiscalía General del Estado.
"Las afirmaciones de la Fiscalía son carentes de la más mínima justificación"
javier sánchez-junco
Abogado de Juan Carlos I