El último año y medio ha sido un auténtico suplicio para el anterior jefe de Estado, Juan Carlos I, a quien se le han acumulado los escándalos fiscales, las informaciones sobre sus finanzas opacas y cobro de comisiones, y sus altibajos familiares que terminaron con su marcha a Emiratos Árabes Unidos el pasado mes de agosto.
Sin embargo, en el plano de los tribunales, las investigaciones contra el monarca emérito no terminan de avanzar y, un año más tarde de que las pesquisas llegaran al Supremo, su situación judicial sigue siendo la misma. Es decir, Juan Carlos I no tiene causas pendientes en el Estado español ni requerimiento alguno para rendir cuentas ante la Justicia.
Hace exactamente 12 meses que la Fiscalía del Tribunal Supremo asumió las investigaciones que Anticorrupción inició sobre las irregularidades del monarca emérito –la primera de ellas relativa al pago de comisiones en el AVE a La Meca–, sin que hasta el momento se hayan dado avances significativos. En el plano político, también ha sido imposible materializar que el padre de Felipe VI acuda al Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre sus actuaciones al frente de la jefatura de Estado y en los años posteriores a su renuncia al trono. La conclusión de esta ausencia de avances y del impasse en su situación en Abu Dabi es que el blindaje institucional y judicial a Juan Carlos I sigue vigente a pesar de que perdió la inviolabilidad cuando abdicó en el año 2014.
La de la construcción del AVE en Arabia Saudí cuando aún era jefe de Estado fue la primera investigación que abrieron los fiscales del Alto Tribunal, que posteriormente iniciaron otras dos pesquisas, una sobre donaciones no declaradas y otra de posibles fondos en paraísos fiscales, además de la emprendida por Hacienda sobre las dos regularizaciones tributarias hechas por el rey emérito en los últimos meses.
Son estos los frentes que tiene abiertos en la actualidad Juan Carlos I y están por conocerse las conclusiones a las que llegue el Ministerio Público, que debe delimitar o descartar si hay causa penal posible contra el emérito. A priori, parece complicado que se pueda abrir causa alguna contra el exmonarca, debido mayormente a la inviolabilidad de la que gozó durante sus casi 39 años en el trono.
El AVE saudí
Fue la Fiscalía Anticorrupción la que en 2018 puso en marcha las primeras indagaciones contra el anterior jefe de Estado, relacionadas con el tren de alta velocidad en Arabia que construyó un consorcio de empresas españolas por 6.500 millones de euros. En una grabación de 2015 entre el excomisario José Manuel Villarejo y la examante del emérito Corinna Larsen, mencionaban una comisión de 65 millones de euros para el entonces jefe de Estado, que la habría ingresado en Suiza a nombre de la Fundación Lucum.
Tras archivarse el caso por parte de la Audiencia Nacional, Anticorrupción la reactivó y la Fiscalía del Supremo decidió asumirla ya que Juan Carlos I pasó a ser aforado tras su abdicación y dejó de ser inviolable. En paralelo a la actuación del Ministerio Público, que mantiene congeladas las conclusiones de estas pesquisas, los fiscales suizos abrieron otra investigación que continúa en marcha y que concierne a los testaferros del rey emérito: su primo Álvaro de Orleans, Dante Canónica y Arturo Fasana, además de Larsen.
La segunda de las investigaciones que se encuentran en manos de la Fiscalía del TS es la de las presuntas donaciones a Juan Carlos I recibidas a través de tarjetas de crédito opacas, popularmente conocidas como tarjetas black. Así, el Supremo abrió pesquisas en noviembre a instancias de Anticorrupción al empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, estrecho amigo del emérito, y que supuestamente le facilitó dinero para gastos personales y familiares de manera irregular entre 2016 y 2018, cuando ya no era jefe de Estado.
La última de las investigaciones que llevan los fiscales del Alto Tribunal apunta hacia los fondos del anterior jefe de Estado en paraísos fiscales. Apenas tres días después de anunciar que indagaría en las tarjetas black, la Fiscalía abrió una tercera línea de pesquisas en torno a los presuntos fondos irregulares en Jersey, a raíz de un informe de la comisión de prevención del blanqueo de capitales. En este documento, se recogía que Juan Carlos de Borbón podría tener guardadas cantidades millonarias en el paraíso fiscal de la isla británica desde hace más de 20 años.
Hacienda también lo investiga
Más allá de los asuntos concernientes al Supremo, existe una investigación en el seno de Hacienda, relativa a las dos regularizaciones fiscales de Juan Carlos I en los últimos meses. A pesar de que el exmonarca ha saldado sus deudas con el fisco aportando más de cinco millones de euros, la Fiscalía ha creído necesario investigar el origen de esta cantidad abonada.
Aun con todas estas pesquisas iniciadas alrededor del anterior jefe de Estado, parece difícil que su situación judicial pueda complicarse y terminar en una imputación. El blindaje del que gozó durante décadas y que sigue vigente sobre sus actividades cuando era jefe de Estado dificulta hasta el extremo que Juan Carlos I se siente alguna vez en un banquillo.