Magistrado tardío, ya que accedió a la carrera judicial con 40 años, Juan Carlos Peinado cumplirá en septiembre 70 pero tiene autorización para ejercer en activo hasta los 72, por lo que, desde su hermetismo, le queda tiempo para alargar la instrucción del caso Begoña Gómez que bien pudiera llevar su nombre. Titular del juzgado 41 de Madrid, donde entró para sustituir a Cristina Díaz, que en 2015 acababa de ser nombrada directora general de Justicia y Seguridad del Gobierno de Cristina Cifuentes; en 2013 se presentó como candidato a vocal independiente para el CGPJ y en 2019 intentó sin éxito cubrir la plaza de juez de refuerzo del juzgado número 6 de la Audiencia Nacional, que dirige Manuel García Castellón. Durante años trabajó como secretario de Ayuntamiento de segunda fila y como juez pasó por los juzgados de Arenas de San Pedro, Talavera de la Reina y Getafe. Poco dado a departir con periodistas, siempre dio impresión de aspirar a más.
Aunque su carácter mediático ha despuntado ahora, no pocos compañeros le adjetivan como “problemático”, como cuando en 2019 llamó a declarar, sin practicar diligencia alguna ni haber requerido la opinión de la Fiscalía, a doce periodistas por informar sobre el caso de los CDR, que terminó archivando. Fue el magistrado que hace nueve años admitió una denuncia de Manos Limpias contra los concejales de Podemos de Madrid Pablo Soto y Guillermo Zapata por unos tuits, algo que ya investigaba la Audiencia Nacional, y acabó inhibiéndose en favor de este órgano. Otra causa por la que fue adquiriendo fama fue una investigación contra el exfutbolista del Real Madrid Raúl González Blanco, acusado de vaciar una de sus empresas para evitar pagar una deuda de más de 7 millones de euros que le requería otra sociedad. El juez tenía intención de cerrar el caso, pero la Audiencia Provincial de Madrid le obligó a seguir y le censuró porque a él no le correspondía pronunciarse sobre la perpetración de hechos delictivos. Por sus manos pasó también el caso de las grabaciones de los directivos de El Corte Inglés en las que se detectaron presuntas irregularidades, asunto que archivó y fue recurrido ante el Tribunal Constitucional. Es a su vez el juez que puso la lupa sobre la editorial Santillana por una denuncia de Vox, que censuraba que les comparaba con el nazismo en un libro de texto de Bachillerato. Asimismo, tuvo eco la investigación del triple crimen de Usera, donde el juez se fue de vacaciones antes de tramitar “con la celeridad que pedía la Policía las comisiones rogatorias que permitirían poner en marcha la orden de búsqueda y detención del sospechoso”, quien aprovechó el momento para huir a Venezuela, único lugar donde podía refugiarse. En él recayeron además denuncias del Ministerio de Cultura contra las productoras que inflaron las taquillas de los cines para recibir mayores subvenciones. Pero este veterano instructor podría decirse que tiene otro punto débil.