Este viernes el Estatuto de Gernika cumplirá 45 años de su aprobación por la ciudadanía de Bizkaia, Gipuzkoa y Araba en referéndum popular. Por su parte, el enésimo intento para un nuevo texto estatutario arranca esta semana con la ronda de partidos que inicia el PNV. El catedrático Juan José Álvarez sostiene que no se trata solo de discutir acerca de un listado actualizado de competencias, sino de dotar a las competencias propias de un contenido decisorio real y de pactar su interpretación bilateral.
¿Qué significado ha tenido y tiene para Euskadi?
—El Estatuto de Gernika ha sido el instrumento jurídico—político que ha permitido la institucionalización de Euskadi. Estos años han demostrado que la confianza en nuestras instituciones y la gestión del autogobierno nos han permitido alcanzar un alto grado de progreso, bienestar y justicia social. Junto a ello, el Estatuto de Gernika supuso el reconocimiento en el bloque de constitucionalidad del Estado de la identidad del Pueblo Vasco: una identidad singular, diferenciada, constituida, determinada y configurada por la titularidad de tales derechos. Los Derechos Históricos han servido así de engranaje entre el sustrato foral y el reconocimiento de nuestra singularidad como pueblo vasco y como nacionalidad histórica, y, por tanto, como nación.
¿Es como para celebrarlo, a pesar de que tantos años después siga sin ser completado?
—Conmemorar esta efeméride me parece importante. Es cierto, sin embargo, que 45 años más tarde se ha producido una pérdida paulatina del valor del Estatuto de Gernika, proceso que de facto ha supuesto la desnaturalización del autogobierno generando un alto grado de desilusión y una percepción mayoritaria de decepción. En la práctica se está negando por parte del Estado la realidad nacional vasca.
El Estatuto mostró el valor del pacto y la concordia. En la sociedad vasca el pacto es un procedimiento que conecta con nuestra mejor tradición foral y sobre la que se han construido las dos experiencias estatutarias, la de 1936 y la del Estatuto de Gernika. El nuevo estatus político vasco será, si logra el consenso necesario, la expresión jurídico—política de una identidad nacional histórica con voluntad de pervivir.
¿Se ha quedado obsoleto con el paso de los años y la emergencia de nuevas realidades?
—Sin duda. Hoy día no se trata ya de resolver la cuestión de atribución y reparto de titularidades y competencias, de quién ha de gestionar una u otra competencia, sino debatir, negociar y consensuar el reconocimiento de la capacidad de los vascos para hacer valer su voluntad propia y que se respeten los acuerdos alcanzados.
¿Qué pretende materializarse jurídica y políticamente cuando hablamos de nuevo estatus?
—El objetivo final debe ser su reforma buscando la mejora y la profundización del autogobierno vasco, desarrollando y actualizando nuestro elenco competencial y con la exigencia previa del cumplimiento pleno del mismo en cuanto a las materias pendientes de transferencia, Hay plena base legal para ello.
Incluso si se logra completarlo del todo, ¿es suficiente o es necesaria una reforma o un nuevo estatuto?
—Lo prudente, lo pragmático (y no por ello menos ambicioso) es optar por la vía de la modificación estatutaria, transformando el Estatuto en Estatuto Foral y reconvirtiendo nuestra CAPV en Comunidad Foral de Euskadi. Cabe hacerlo respetando los procedimientos legalmente establecidos, evitando que la dimensión jurídico—legal sea la que frene el debate político que subyace tras la pretendida reforma. Aquí juegan un papel troncal, esencial, la Disposición Adicional Primera de la Constitución y la Adicional Primera de nuestro Estatuto.
¿Qué pueden aportar a la profundización de nuestro autogobierno los Derechos Históricos del Pueblo Vasco?
—Primero, el reconocimiento en el bloque de constitucionalidad del Estado de la identidad del Pueblo Vasco: una identidad singular, diferenciada, constituida, esto es, determinada y configurada por la titularidad de tales derechos. Los Derechos Históricos servirían así de engranaje entre el sustrato foral y el constitucionalismo del Estado moderno. Segundo, mediante su completa actualización, los Derechos Históricos dejarían de ser un impreciso horizonte reivindicativo para la definitiva legitimación del autogobierno vasco. Tercero, la bilateralidad de la relación con el Estado. Cuarto, el carácter pactado de tal relación. Y ello supone la inderogabilidad e inalterabilidad unilateral de lo pactado, tanto por parte del Estado como por parte de las instituciones vascas. Y, quinto, se trata de un pacto de Estado y con el Estado que inserta a las partes en un nuevo orden de vida.
Si se completa el Estatuto de Gernika, ¿hay que reformarlo o hay que hacer uno nuevo?
—Un mejor autogobierno requiere un renovado texto estatutario, y hay margen de mejora importante en lo competencial, en lo transfronterizo, en reforzar y ampliar el elenco de derechos de la ciudadanía, en la dimensión social del autogobierno o en la mejora de la gobernanza interna de nuestras instituciones de autogobierno, entre otros ámbitos. La actualización del autogobierno vasco ha de abocar a una verdadera renovación y fortalecimiento de la naturaleza pactada de nuestras instituciones políticas.
Ahí radica la dificultad, en cómo conseguir el pacto.
—No hay pacto sin un sistema recíproco de garantías, de modo que la interpretación y el cumplimiento de lo acordado no quede al arbitrio de una de las partes. El proceso negociador habrá de concretarse en un pacto regido por la bilateralidad efectiva, provisto de garantías y condiciones de lealtad recíproca. Pactar la modernización de esa forma de relación bilateral que simbolizan los derechos históricos y la singularidad es el motor que ha de permitir avanzar en esta senda.
¿Reforma o ruptura?
—La prudencia y la inteligencia política invitan a diseñar una estrategia política que complique los objetivos de los inmovilistas, interesados en mantener inalterado el estatus actual cuanto no en orientarlo hacia una involución competencial en beneficio del Estado. La reforma estatutaria debería ser una verdadera renovación y fortalecimiento de su naturaleza pactada. No se trata solo de discutir acerca de un actualizado listado de competencias (aunque esta cuestión es muy importante), sino de dotar a las competencias propias de un contenido decisorio real, pactar también su interpretación bilateral en caso de conflicto y garantizar el cumplimiento de lo pactado.
¿El reformado estatuto o el nuevo debe reconocer expresamente Euskadi como nación?
—Euskadi es una nación política que emerge tras un proceso de institucionalización y a partir de un hecho social que trae causa a su vez de la nación cultural de Euskal Herria. La nación política no se limita al ejercicio de esos Derechos Históricos. Los Derechos Históricos han contribuido a configurar la nación vasca y suponen el elemento legitimador de nuestro poder constituyente: el hecho singular que nos permite ir creciendo como nación. El debate inagotado sobre la democracia plurinacional en el Estado español debe construirse desde la bilateralidad asimétrica, desde la necesaria confianza recíproca, desde la lealtad y el respeto mutuo, sin que ello implique un choque de soberanías, ni tenga que ser un atajo hacia la independencia, ya que en realidad responde a la adecuación del concepto de soberanía a la realidad social y política del siglo XXI.
¿Ha de tener cabida ese nuevo texto para un Concierto político y un sistema de garantías basado en la bilateralidad?
—No hay pacto sin un sistema recíproco de garantías, cuya interpretación y cumplimiento no quede al arbitrio de una de las partes. Toda solución ha de ser, en última instancia, un pacto en el que haya bilateralidad efectiva, garantías y condiciones de lealtad. Los Derechos Históricos vascos reconocidos por la Constitución y los procedimientos del Concierto económico son el núcleo donde mejor se contiene la realidad de soberanía compartida que supone nuestro sistema de autogobierno y que lo diferencia radicalmente de las meras descentralizaciones administrativas.
El concepto clave en una visión de futuro es el de desarrollo de nuestro autogobierno: no se trata de reivindicar por reivindicar, sino de demostrar que nuestro desarrollo orgánico como nación, como Pueblo Vasco ha de suponer la base de un nuevo Concierto político, de gran potencialidad competencial, basado en la confianza recíproca y en el respeto a la mayoritaria demanda social y política de mayores cotas de autogobierno.
¿Cómo instaurar un sistema bilateral de relación Estado—Euskadi que incorpore un régimen eficaz de garantías?
—La clave radica en articular las relaciones con el Estado a través de un mecanismo bilateral de cooperación y pacto, junto a la inclusión de mecanismos de gobernanza que protejan nuestras competencias. Hay que volver a la vocación pactista, dominante en las relaciones Euskadi—Estado, como derecho histórico susceptible de ser recuperado, como garantía de bilateralidad ad extra y garantía de multilateralidad (instituciones comunes—territorios históricos—municipios) ad intra. En definitiva, una gobernanza multinivel sobre una soberanía compartida. Un sistema basado en el reconocimiento por parte del Estado del estatus de nación a Euskadi, constitucionalizando su derecho a decidir sujeto a pacto entre las instituciones representativas de los territorios históricos y el Estado.
¿El trabajo realizado hace dos legislaturas por la ponencia de autogobierno del Parlamento Vasco es la base para empezar o hay que partir de cero?
—Sin duda, debe tenerse presente el trabajo realizado sin que ello encorsete la labor de quienes intervengan en este nuevo reto.
El texto reformado o en su caso el nuevo debe ser aprobado en primera instancia por el Parlamento Vasco y ratificado por el pueblo vasco. Y posteriormente aprobado también por el Congreso de los Diputados. ¿Ve posible que pase estos tres filtros?
—Hay que tratar de sentar las bases necesarias para que el trabajo no quede en vía muerta. Para llegar a buen puerto con la reforma estatutaria, tan importantes y necesarias son las mayorías parlamentarias aquí, en nuestro parlamento, como en Madrid. No debemos olvidarlo. Y un eventual refrendo a través de su ratificación por parte del pueblo vasco es imprescindible para aportar la legitimidad democrática directa al texto que integre la constitución de los vascos.