Estamos ante un nuevo episodio de las peripecias del coyote con toga Pablo Llarena y el correcaminos Carles Puigdemont. Seis años y medio lleva el pertinaz togado tratando de dar caza al president expatriado y, aunque alguna vez se ha acercado, sigue sin consumar el objetivo.
Otro menos insistente (u obsesivo) habría abandonado la empresa hace tiempo, pero el juez burgalés es berroqueño y seguirá intentado echar el lazo al escurridizo líder soberanista más allá del sentido del deber. O, como empieza a parecer, por encima de la ley.
Se acaba de ver en su última decisión compartida y complementada, entre otros, por el también testarudo magistrado Manuel Marchena: la negativa a aplicar la ley de amnistía a Puigdemont y, por ende, el mantenimiento de su orden de detención.
Motivos ideológicos
Los argumentos que se leen en el auto de la sala segunda del Tribunal Supremo son la enésima invitación a dejar de creer en la Justicia. Una y otra vez se trata de demostrar que, aunque no entró un euro en los bolsillos de los principales procesados, sí cabe entender que se enriquecieron personalmente porque no tuvieron que tirar de su patrimonio para impulsar su causa y se sirvieron de fondos públicos.
No hace falta ser doctor de Derecho para comprender que los razonamientos jurídicos pueden retorcerse hasta donde sea necesario, de modo que los mismos actos pueden llevar a una condena de campanillas o a una absolución con todos los pronunciamientos favorables.
Se entiende mal cuando la diferencia responde a criterios puramente técnicos. Pero mucho peor, cuando lo que impera es la ideología de quienes deben administrar la justicia. Y en los casos que nos ocupan, hablamos de togados que no han disimulado el disgusto que les produce la ley de amnistía.
Anteayer mismo escuchamos cómo el juez Aguirre, otro de los constructores de sumarios a medida, despotricaba sobre la norma y sobre el gobierno que la ha impulsado. Y tampoco se ha cortado el ínclito García-Castellón en poner de vuelta y media la medida de gracia. Tienen derecho a que no les guste la ley. Pero lo que no pueden hacer es dejar de aplicarla o inventársela a su aire.