Junts da aire a Sánchez y permite la tramitación de la ley de alquiler

El giro a último hora de Junts permitirá que una proposición de ley para la regulación de los contratos de alquiler de temporada y por habitaciones sea tramitada en el Congreso de los Diputados. Es la segunda vez que la cuestión pasa por la Cámara. En septiembre su negativa impidió la tramitación, pero ahora su visto bueno a los cambios introducidos a última hora dan aire al Gobierno de Sánchez, en permanente incertidumbre sobre si contará con la adhesión de sus socios necesarios para lograr las mayorías necesarias. En el caso de Junts, pende la amenaza de no dar su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado para 2025.

La formación liderada desde Waterloo por Carles Puigdemont votó este martes a favor de que se admita a trámite la ley, pero avisó que era un movimiento solo para empezar a negociar el texto, pues lo consideran un “retoque legislativo de muy poco calado real” que implicará “liar más” a la gente. Esto es, dieron su sí al debate para que la norma inicie su camino parlamentario, pero no al texto en sí porque no enfrenta el principal problema de la vivienda, que, a su juicio, es la falta de inmuebles. “Lo que es necesario es aumentar a marchas forzadas el parque público”, explican. En definitiva, reclaman un cambio de modelo radical en una iniciativa con la que no está de acuerdo en el fondo, aunque haya negociado algunos cambios.

Es la segunda vez que la Cámara Baja debate esta iniciativa, la anterior ocurrió el pasado 17 de septiembre. En aquella ocasión, Junts dijo por la mañana que se iban a abstener y a última hora de la tarde decidieron pasarse al 'no', pues consideraban que invadía competencias autonómicas de vivienda e institucionalizaba el alquiler de temporada y de habitaciones la como la solución al problema de la vivienda.

Tras ese resultado, los grupos proponentes de la ley, que son Sumar, ERC, EH Bildu, BNG y Podemos, introdujeron cambios para dejar claro el respeto competencial y establecer que el contrato de temporada no pueda exceder de nueve meses, frente a los seis de la ley original.

Por su parte, tanto PSOE como PNV votaron a favor, tal y como lo hicieron en septiembre, por lo que sumarán los suficientes apoyos para admitir a trámite la norma. En todo caso, la formación jeltzale presentará en su momento enmiendas para intentar mejorar la nueva ley, centradas sobre todo en la Ley de Vivienda, aprobada en 2023.

Tras el pleno, echará a andar la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que pretende regular los alquileres temporales, lo que actualmente escapa al control de precios de la Ley de Vivienda.

Obligaciones del arrendador

La norma consiste en una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos para equiparar los contratos temporales a los de vivienda habitual y así desincentivar su uso, más si cabe en zonas que se declaran tensionadas para rebajar los precios. Por otra parte, se crea la obligación por parte del arrendador de justificar la necesidad de temporalidad y, por tanto, de probarla en unos términos equivalentes a la legislación laboral.

Siempre que la duración exceda de nueve meses o se encadenen más de dos contratos consecutivos, se entenderá celebrado como un contrato de arrendamiento de vivienda habitual, y le serán de aplicación todos los preceptos previstos para dichos contratos, incluido el plazo mínimo y las prórrogas previstas.

Asimismo, el arrendatario podrá desistir del contrato de arrendamiento una vez que hayan transcurrido al menos seis meses, siempre que se le comunique al arrendador con una antelación mínima de treinta días.