Junts se da un respiro y, de paso, una tregua al Gobierno de Pedro Sánchez al permitir que el texto de la ley de amnistía incorpore las enmiendas del PSOE y sus socios, si bien tanto el partido de Carles Puigdemont como Esquerra mantienen las suyas –también eliminar el terrorismo de las causas de exclusión– hasta el debate en Comisión de Justicia en sesión pública del próximo martes. El choque escenificado por socialistas y posconvergentes parece quedar así reconducido. Las ocho enmiendas que se añaden son, mayoritariamente, de perfil técnico, entre ellas la referida a la exclusión de la amnistía por delitos contra la comunidad internacional, como el genocidio; la plena delimitación de todos los actos amnistiados a hechos producidos durante el proceso independentista y aclaraciones sobre los órganos que podrán levantar las medidas cautelares. Solo el PP y Vox han votado en contra y aprovechando la reunión a puerta cerrada para incidir en que la amnistía es inconstitucional esgrimiendo el informe redactado por las dos letradas de esta comisión, que casualmente trabajaron para miembros del partido que ahora dirige Alberto Núñez Feijóo.
Queda por ver cómo se resuelven las cuatro que presentó ERC y la docena que registró Junts para impulsar varios cambios con el objetivo de ampliar al máximo los supuestos que se verían beneficiados por la medida de gracia y al mismo tiempo eliminar cualquier resquicio que los jueces que tengan en sus manos los procedimientos afectados por esta normativa puedan tener a la hora de su ejecución, si bien desde Moncloa estiman que la ley se encuentra ya suficientemente “reforzada”. Queda insertada la enmienda conjunta que mantiene fuera de la amnistía los actos terroristas sobre los que haya recaído sentencia firme. Enmienda que, con su aval, lleva curiosamente la firma de ERC y contradice otra presentada por esta formación que pide justo lo contrario, que estos actos también sean amnistiados. En este sentido, Junts promueve una enmienda para amnistiar estos delitos aunque hayan sido juzgados, dejando claro que no se levantarán de la mesa porque su objetivo es poder “blindar” la ley para alcanzar a todas las personas que ellos consideran que deben ser amnistiadas y para que sea de aplicación inmediata en cuanto entre en vigor.
Delitos de terrorismo
Fuentes de la fuerza que encabeza Puigdemont matizan que el tema del terrorismo es más de “concepto” ya que “no ha existido terrorismo” durante el procés en Catalunya. Subrayan igualmente que la enmienda que amplía el marco temporal de la amnistía para que comience el 1 de noviembre de 2011 busca cubrir casos contables analizados por el Tribunal de Cuentas que Junts considera relacionados con la amnistía pero niegan que ese cambio tenga nombre y apellidos. El propósito es que “no quede nadie fuera de su aplicación y que no se pueda demorar. Mantenemos que en algún momento se podrán incorporar”. Partiendo de la base de que “el independentismo no ha cometido ningún delito de terrorismo”, la secretaria general adjunta de ERC, Marta Vilalta, ha recordadp que los casos de terrorismo ya estaban incluidos en el redactado actual de la ley pero ahonda en la necesidad de seguir negociando para poder “blindar jurídicamente” el futuro texto “y no dar excusas para que alguien pueda recurrirla”.
Desde el PSOE, su portavoz, Patxi López, ha garantizado que seguirán teniendo abierta la vía de diálogo, pero precisando que, para los socialistas, la ley ya está “bien armada”. En la ponencia, ERC y Bildu se han abstenido en una de las enmiendas que ellos mismos consensuaron con el PSOE, Sumar y el BNG, y que ha salido adelante, solo por un voto, gracias al apoyo de socialistas, Sumar y Junts. Con ella se retoca la redacción inicial de la proposición de ley para dejar claro que, cuando entre en vigor será “el órgano judicial que, en cada momento, esté conociendo la causa” el que aplique la norma y al que corresponderá también el “inmediato alzamiento de las medidas cautelares que hubieran sido adoptadas respecto de acciones u omisiones amnistiadas en relación con las personas beneficiadas por la amnistía”. Desde EH Bildu, su diputado en la comisión Jon Iñarritu ha vuelto a defender la ley como un paso más para “desjudicializar lo que no debió de ser judicializado” y ha aseverado que la coalición soberanista quiere que otros asuntos, como el relacionado con la causa abierta por Tsunami Democràtic en la Audiencia Nacional por terrorismo, queden resueltos.
El PP, contra Armengol
Desde la oposición, el PP insiste en frenar esta iniciativa tras el “demoledor” informe de los letrados y percibiendo que el Congreso, según Feijóo, “se parece cada vez más al Parlament, en el que las normas de funcionamiento interna se socavaron en favor del independentismo”. De hecho, desde Génova se ha emprendido una ofensiva contra la presidenta del Congreso, Francina Armengol, a quien descalifican como “la ministra 23” del Ejecutivo de Sánchez o como un “árbitro comprado”, todo por no haber hecho público, a su parecer a sabiendas y durante seis días, el último informe de las letradas, aunque en verdad ese documento –que ve cierto riesgo de inconstitucionalidad en la medida de gracia– no pasa ni por sus manos ni por la Mesa del Congreso, sino que lo recibe y gestiona la Mesa de la Comisión de Justicia que preside el también socialista Francisco Lucas Ayala. Las propias letradas (Piedad García Escudero e Isabel Revuelta) han salido al paso para desmentir tal intento de ocultación. Sin embargo, el PP sigue en sus trece centrando sus ataques en el letrado mayor, Fernando Galindo, que “actúa a su dictado”.
La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha insistido en que la ley es constitucional: “Saben que hay tres informes: uno en el año 2018, un segundo informe también de noviembre del 2023 y este último, y nosotros desde luego respetamos todos los informes. Los vamos a estudiar y a analizar”. A su vez, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha recalcado que todos los informes aportan, pero “quien tiene que determinar la constitucionalidad de una norma es el Tribunal Constitucional”. De paso, ha denunciado la “técnica de deslegitimación” del PP de las instituciones cuyas resoluciones “no están en su órbita”. Todo, por una amnistía que según el CIS no preocupa a la ciudadanía.