Junts ve "insuficiente" que se hable catalán en Parlamento Europeo y reclama su oficialidad

Junts ha emplazado este miércoles al Gobierno español a que se centre "en las negociaciones bilaterales" para lograr la unanimidad en el Consejo Europeo para la oficialidad del catalán en la UE, y ha señalado que lograr que se hable en el Parlamento Europeo es "claramente insuficiente".

A través de un comunicado, la formación independentista ha querido dejar claro su posicionamiento sobre el catalán en la UE después de que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, se dirigiese este martes de nuevo por carta a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, para que permita el uso de las lenguas cooficiales (catalán, euskera y gallego) en la cámara al tratarse de un asunto "prioritario" para el Estado español.

"Para rebajar el objetivo de la plena oficialidad, el Gobierno español y otros partidos plantean llegar a un acuerdo administrativo para que se pueda hablar en catalán en el Parlamento Europeo. Un objetivo de importancia simbólica, pero claramente insuficiente, ya que no tiene ninguno de los beneficios que buscamos en la lucha por la oficialidad", ha subrayado Junts al respecto.

Objetivo político

Junts considera que la oficialidad del catalán en la UE "no es una cuestión simbólica, sino un objetivo político que tiene que dar fuerza a la lengua", y es por ello que emplazan al Gobierno a que se centre "de verdad" en las negociaciones bilaterales.

"Lograr la oficialidad del catalán en la UE es solo cuestión de voluntad política, los argumentos jurídicos ya están. Y haber desaprovechado la investidura de la Comisión Europea demuestra que ésta no ha sido en ningún caso una prioridad para el Gobierno español en los últimos meses", ha indicado.

A juicio de Junts, que se pueda hablar catalán en el plenario de la Eurocámara sin ser lengua oficial "no frenaría la discriminación actual contra la lengua catalana en los procesos para conseguir becas o pasar oposiciones en las instituciones europeas", y tampoco implicaría que la legislación tenga carácter oficial en catalán ni se aplique directamente a la lengua.