La directora general para el Servicio Público de Justicia, María dels Angels García, se ha reunido con las comunidades autónomas para evaluar la aplicación del Protocolo de atención y derivación de las víctimas de violencia de género, al que no está adherido Castilla y León, que no ha acudido a la convocatoria.
Una reunión que se ha llevado a cabo tras el repunte de asesinatos machistas de las últimas semanas, según ha informado este jueves el departamento que dirige Pilar Llop, impulsor de este protocolo de derivación desde las oficinas de asistencia a las víctimas de los juzgados hacia los servicios de asistencia social de las comunidades.
El objetivo de este protocolo, que comenzó a aplicarse en junio de 2022, es establecer la coordinación entre esas oficinas, dependientes de Justicia, y las respectivas comunidades y ciudades autónomas para mejorar el servicio a las víctimas de este tipo de violencia.
En las próximas semanas las autonomías y Ceuta y Melilla actualizarán el listado con los servicios sociales y servicios especializados que ofrecen para que oficinas de asistencia a las víctimas del delito dispongan de un mapa de recursos actualizado.