Kontsumobide podrá pedir la devolución de dinero cobrado indebidamente a los consumidores

El Instituto Vasco de Consumo-Kontsumobide podrá acordar en sus sanciones a las empresas que devuelvan las cantidades cobradas indebidamente a los consumidores e incluso que tengan que indemnizar por daños y perjuicios ocasionados.

Así lo recoge el proyecto de ley de Estatuto de Personas Consumidoras y Usuarias que este martes ha aprobado el Consejo del Gobierno vasco, que tiene entre sus objetivos proteger a las personas más vulnerables.

Una de las novedades del texto es que en sus resoluciones Kontsumobide podrá determinar que la empresa que haya cobrado una cantidad indebidamente la tenga que devolver a los afectados.

Actualmente Kontsumobide lleva a cabo el procedimiento para sancionar a las empresas infractoras, pero debe ser el consumidor quien acuda a la vía judicial para reclamar el dinero que le hayan podido cobrar indebidamente.

Además de la sanción administrativa se determinará el importe de la devolución o indemnización que podrá hacerse efectiva por la propia administración con el fin de reforzar la protección del consumidor, ha explicado el consejero de Turismo, Comercio y Turismo, Javier Hurtado, quien ha considerado esta novedad como un "salto cualitativo".

La futura ley incluirá un extenso catálogo de infracciones ajustado a la normativa actual y prevé que pueda darse publicidad a las que hayan cometido las empresas en los últimos tres años.

Impulsará el papel de Kontsumobide, al que dotará de nuevos instrumentos para mejorar la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios, con especial atención a los colectivos en situación de inferioridad, subordinación, indefensión o discriminación o que pasen por una situación de vulnerabilidad.

Entre otras cosas, la ley dejará patente la prohibición de la venta a domicilio sin cita previa, algo que afecta principalmente a personas mayores.

Así, el Estatuto aporta un refuerzo a la protección de derechos adecuado a las nuevas circunstancias y a la nueva normativa, principalmente de la Unión Europea.

Esto será así, en primer lugar, a través de una mayor protección de derechos relacionados con la información. Por ejemplo, en los servicios de interés general, como el suministro de agua, electricidad, gas, teléfono o internet, las empresas deberán ofrecer un plazo de subsanación antes de interrumpir la prestación, actualmente no hay un plazo determinado, y, además, deberán contar con un teléfono gratuito.

Asimismo, la nueva ley obligará a empresas de servicios a ofrecer información, con carácter previo a su contratación, sobre las incidencias por obras de mantenimiento, gran afluencia de personas o condiciones meteorológicas, que puedan afectar a su uso, como en el caso de las autopistas y parques de atracciones, por ejemplo.

El proyecto de ley incorpora el refuerzo en el papel de mediación, como en el caso de las ejecuciones hipotecarias donde Kontsumobide podrá mediar, o el impulso a los códigos de buenas prácticas empresariales, posibilitando la participación del Instituto Vasco de Consumo en su elaboración.

Igualmente, la adhesión al sistema arbitral de consumo se establece como regla general de aplicación en el sector público y en la contratación pública y se valorará en la concesión de ayudas y subvenciones.

Un tercer aspecto es el fortalecimiento del control de mercado que incorpora novedades relevantes. En línea con las directrices europeas, se refuerza la inspección de consumo y se autorizará al personal inspector a no identificarse cuando así pudiera frustrarse la finalidad de su actuación.

Hurtado ha destacado que el proyecto de ley "busca la promoción del consumo responsable con criterios de racionalidad y sostenibilidad".

"Se busca el fomento de un consumo moderado, informado, reflexivo y consciente, con especial atención a la preservación del medio ambiente, la calidad de vida, y un desarrollo socioeconómico individual y colectivo responsable", ha añadido.

Esto incluye la lucha contra el despilfarro alimentario, con medidas como el suministro de agua gratuito en los establecimientos de hostelería o que se establezca "explícitamente" la posibilidad de llevarse la comida restante de los restaurantes, así como la reducción del impacto de plásticos y el fomento del producto local y de Km0.