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Kontsumobide y Fiscalía firman un protocolo para reforzar la colaboración en defensa de los consumidores

El acuerdo incluye planes de formación y el refuerzo del apoyo en las acciones colectivas que se interpongan
El consejero vasco de Consumo, Javier Hurtado, y la Fiscal Superior del País Vasco, María del Carmen Adán del Río.
El consejero vasco de Consumo, Javier Hurtado, y la Fiscal Superior del País Vasco, María del Carmen Adán del Río. / IREKIA

Kontsumobide y la Fiscalía Superior del País Vasco han suscrito este miércoles un protocolo de colaboración en materia de defensa de derechos de consumo que incluye el desarrollo de formación para técnicos de la administración, asociaciones y fiscales, así como el refuerzo del apoyo en las acciones colectivas que se interpongan dirigidas a la protección de las personas consumidoras.

El consejero de Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado, y la fiscal superior del País Vasco, Carmen Adán, han firmado este acuerdo en el Palacio de Justicia de Bilbao, con el objetivo de reforzar las herramientas existentes para la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios.

Hurtado ha valorado el "importante esfuerzo" realizado desde el Instituto Vasco de Consumo para la adecuación de sus herramientas a los nuevos hábitos de consumo y formas de compra y de pago, entre ellos, los que se producen en el ámbito tecnológico y que "muchas veces son ofrecidos a través de páginas web y plataformas online", lo que dificulta "identificar en cada caso el carácter de la intervención, la posición y la responsabilidad jurídica".

En este marco, ha destacado la nueva ley de Consumo, el Estatuto de las Personas Consumidoras y Usuarias aprobado en abril de 2023 con un "amplio" consenso y respaldo de los grupos parlamentarios, "una ley moderna, pionera en algunos aspectos, y de las más avanzadas y que refuerza los derechos de las personas consumidoras y usuarias, especialmente de las más vulnerables".

La ley, ha apuntado, sienta "las bases del impulso a un consumo responsable y a una sociedad más justa y comprometida con la sostenibilidad".

Según ha indicado, tras la aprobación del Estatuto, se ha seguido profundizando en la colaboración con la Fiscalía Superior del País Vasco y analizando vías para "optimizar" las acciones en defensa de los consumidores. En este marco, se ha suscrito el convenio de colaboración este miércoles para "formalizar y dar continuidad a una coordinación" que se pretende mantener "de una forma estructural".

El convenio, ratificado este pasado martes por el Consejo de Gobierno vasco, se plasma en una serie de actuaciones en las que ya han estado trabajando ambas instituciones, entre ellas la creación de una Comisión Mixta de seguimiento, que se materializará "en los próximos días" y conformada por miembros de Kontsumobide y de la Fiscalía.

Esta Comisión se encargará de elaborar el plan de trabajo y los informes de seguimiento, así como de crear grupos específicos de trabajo que pueden conformarse con expertos externos. "Se trata de poder abordar todas las materias de interés y actualidad para la mejor defensa de las personas consumidoras, contando con los mejores profesionales", ha remarcado Javier Hurtado.

También se van a poner en marcha planes formativos para prevenir y combatir actuaciones fraudulentas. De este modo, ha precisado se pretende "compartir los conocimientos y experiencias en materia jurídica sobre la protección de los derechos de los consumidores por parte de todos los actores implicados, tanto técnicos de consumo vinculados a la administración, a las asociaciones de personas consumidoras y a las oficinas de atención, como también los fiscales".

Kontsumobide trabaja ya en un plan de actuación en materia formativa que se pondrá en marcha de forma coordinada con la Fiscalía y el resto de los agentes.

Por otro lado, el protocolo supone, en palabras del consejero, "un apoyo" a la labor del Ministerio Fiscal y Kontsumobide en el desarrollo de acciones colectivas dirigidas a la protección de las personas consumidoras, cuyo objetivo es impedir el uso de condiciones generales contrarias a la ley y pueden ser ejercidas tanto por Kontsumobide como por el Ministerio Fiscal, entre otros.

Hurtado ha considerado "fundamental fortalecer el intercambio de información y el trabajo común en la interposición de dichas acciones" para incrementar su eficacia.

A su entender, este protocolo va a ser "una herramienta fundamental" tras la aprobación del nuevo estatuto de las personas consumidoras de Euskadi para "seguir fortaleciendo la defensa de los derechos en materia de consumo".

Defensa de los derechos de los consumidores

Por su parte, Carmen Adán ha reivindicado que la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios tiene que ser "colocada en primer plano" y, en este sentido, ha añadido que, para el Ministerio Fiscal, "es un mandato constitucional que asume intentando destinar parte de su actividad a intentar solucionar los casos no siempre sencillos pero escasos" que le llegan.

Asimismo, ha indicado que, en el caso de Euskadi, se ha elaborado "una ley novedosa" que puede permitir "muchas más actuaciones" y el protocolo firmado este miércoles con Kontsumobide pretende promover la aportación por parte de la Administración de "información relevante" que "no siempre llega por los particulares y puede permitir "la protección real" de los derechos del consumidor.

La fiscal vasca ha valorado también que el acuerdo con Kontsumobide va a contribuir a las actuaciones judiciales tanto en ámbito civil como en el penal. "Cada vez son más frecuentes prácticas comerciales en línea donde el consumidor o usuario se encuentra en desventaja, en desequilibrio para ejercer sus derechos", ha advertido.

Asimismo, ha apostado por estar "especialmente implicados también en la protección de los consumidores más vulnerables, aquellos que por su situación o circunstancias sociales, personales, educativas, económicas o de otro tipo, no han podido ejercer sus derechos de consumidor y condiciones de igualdad en las relaciones con empresas o proveedores".

Adán ha incidido en que la formación conjunta que contempla el protocolo debe redundar en "una mayor eficacia" en todos los ámbitos y jurisdicciones.

La fiscal superior ha concluido subrayando que, con la firma del protocolo, se pretende trasladar a la ciudadanía que no solo "cuenta con la Administración", sino con el Ministerio fiscal, que es "consciente de que la transformación en la adquisición de bienes y servicios a empresas de diferentes países genera prácticas y desequilibrios que exigen impulsar la cooperación internacional" para poder "dispensar una auténtica y real protección del consumidor".

En este marco, ha apuntado que la Fiscalía debe ofrecer "todos sus medios, sin perjuicio de la actuación de colectivos o asociaciones, cuyo trabajo cada vez es más importante".

2024-02-08T11:14:02+01:00
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