La postura de Kristau Eskola sobre el cobro de las cuotas dentro del nuevo Servicio Público Vasco de Educación creado por la Ley Vasca de Educación es absolutamente nítida. “Se cobrará las aportaciones a las familias de forma inversamente proporcional al aumento de la financiación pública de forma progresiva”. Así lo asegura María Eugenia Iparragirre Bemposta, directora general de esta asociación que agrupa 123 colegios cristianos en los que estudian más de 110.000 alumnos y alumnas. Desde Kristau Eskola defienden su política de “transparencia” y están abiertos a que la Administración “nos controle, nos fiscalice o nos audite ya que el dinero público es de todos los vascos y hay que usarlo de manera correcta”.
Ya lo demostraron hace un par de años, cuando el Gobierno vasco solicitó a los colegios concertados toda clase de información sobre lo que cobraban y en concepto de qué lo hacían. Pero aquello no cristalizó en nada. Además, se facilitó a los centros una batería de acciones a llevar a cabo por el Departamento de Educación para avanzar hacia la gratuidad de la enseñanza “y de eso nada más se supo”, asegura Iparragirre.
Hoy mismo vence el plazo para que estos colegios vuelvan a remitir a Educación un cuestionario similar “y esperemos –dice– que esta vez se cumpla el objetivo de ver con claridad que con la financiación recibida hasta la fecha quedan gastos por cubrir a cuenta de los centros”. A su juicio, la clave es conocer cuánto cuesta una plaza escolar, una reivindicación histórica del sector que el propio Consejo Escolar de Euskadi lleva años pidiendo y que se trata además de uno de las medidas recogidas en el Pacto Educativo. Pero antes de llegar a este punto, la responsable de Kristau Eskola cree necesario hacer pedagogía.
Diferencias de fincianciación
Sostiene que hay un gran desconocimiento alrededor de la financiación que Educación destina a las centros concertados y lo que aporta a la pública. “Principalmente la financiación es para el pago delegado, el profesorado cobra por pago delegado. Pero no todos los gastos que se generan en un centro quedan cubiertos con esos módulos del concierto”.
María Eugenia Iparragirre, directora general de Kristau Eskola, en cuyos 123 centros educativos estudian más de 110.000 alumnos. Foto: Iker Azurmendi
Señala que “en el imaginario colectivo no queda claro que el mantenimiento o las reformas que haya que hacer en un edificio en la pública lo cubren los ayuntamientos y en la concertada no se cubre con el módulo de mantenimiento. Además, estuvo congelado durante muchos años y luego se subió. Con el módulo actual no se cubre, por lo que son las instituciones a las que pertenecen cada uno de los centros de Kristau Eskola las que deben afrontar esos gastos”. Por otro lado, Iparragirre aclara que “en ningún caso se emplean las aportaciones de las familias para el pago del profesorado y sí para aquellos aspectos que no están cubiertos por el pago delegado, como el personal no docente que trabaja en los centros cuyos sueldos corre a cargo de las instituciones que, como digo, son las dueñas de nuestros centros”.
¿Por qué se cobran cuotas?
¿Por qué siguen las cuotas? “Bueno, pues se siguen cobrando para cubrir ese gap que no cubre la financiación pública”, explica. En este sentido recuerda que hace unos días “la consejera o alguien del Departamento hablaba del dinero que destinaba a lo público y a lo privado. Tendréis por ahí los datos, Pedrosa hablaba que se destinaba alrededor de 9.000 euros por cada estudiante de la pública y 4.000 a la concertada. Alguien con muy poca economía doméstica puede entender que se gap de algún lado tiene que salir. Y, sin duda, las aportaciones que se hacen no son para pagar la parte de enseñanza porque ya está financiada”. La directora general de Kristau Eskola afirma que “las personas que eligen venir a nuestros centros ya saben las condiciones y te lo dicen”.
Iparragirre afirma con el nuevo sistema de matriculación para combatir la segregación escolar implantado hace dos años puede ocurrir que deriven a un estudiante a un centro concertado cuando su opción era acudir a una escuela pública “pero ahí ya nosotros no podemos entrar, aunque es cierto que siempre se ha dicho que esos gastos los afrontaría el Departamento”. Dicho esto, insiste en que “ no hay ningún niño o niña que viva en este país que se quede sin entrar en Kristau Eskola porque no puede pagar la cuota”. Hace unos días, dice, “visitaba uno de los centros en el que el 80% del alumnado era becario y en otro más del 40%, pero otros tantos no podían acceder a la beca porque no podían cumplir las condiciones que el Departamento. Burocráticamente, los documentos eran imposibles”. Relata el caso de una familia a la que Educación le pidió el justificante del dinero que ingresó el año anterior, cuando estaba un campo refugiados y que obviamente no pudo aportar. “Aun así, sin beca, ese niño sigue estudiando en el centro”, comenta Iparragirre.
Segregación
“Cuando hablamos de vulnerabilidad y de segregación, yo quiero decir alto y claro que Kristau Eskola lleva en el ADN la atención a la vulnerabilidad”, apunta. Es más, revela que por atender a tanta vulnerabilidad están perdiendo matriculaciones. “El nuevo sistema de matriculación del Departamento nos lleva a tener que perder matricula porque estamos por encima del índice de vulnerabilidad”. Así, Iparragirre subraya en que “el sistema educativo vasco hoy en día es lo que es por la aportación que desde Kristau Eskola se ha ido haciendo y está haciendo en un momento en el que hasta el propio lehendakari Pradales habla de la importancia de las alianzas público-privadas, tan asentadas en este país nuestro”. Por este motivo, le llama poderosamente la atención “la necesidad de hacer esta dicotomía entre público y privado que además está ya superada, una vez votada y aprobada la ley del día 21 de diciembre de 2023 en el Parlamento. Somos parte del Sistema Público Vasco de Educación y ahí estamos”.
¿Y hasta cuándo habrá cuotas? “Esta ley lleva aparejada una batería de acciones que están progresivamente fijadas a unos años, si mal no recuerdo hasta 2034. Lógicamente una ley se aprueba y al día siguiente no se pueden implementar todos los artículos, esas acciones requieren una progresividad”. Y en este contexto Kristau Eskola apela a que “esa progresividad se entienda en todos los sentidos. Porque si nos vamos al articulado, como en ocasiones se dice que según el decreto 1987 no se puede cobrar cuotas, bueno pues el artículo 30, también habla de la financiación. Por eso nosotros no vamos a encomendar al Departamento de Educación a que a día siguiente nos pague la financiación plena, pues no”. Dicho esto, “entendemos que el final de las cuotas requiere de una progresividad que será inversamente proporcional a la financiación”. Tras reafirmar que se someterán a todas las auditorías que haga falta para probar que los centros educativos de KE hacen un uso adecuado de los fondos públicos, Iparragirre añade que “no se puede decir que no se puede cobrar nada porque hay una ley que habla de la gratuidad y por tanto, cuando la financiación pública sea plena, no se cobrará.”