donostia – El embrollo en que ha derivado la multa de 5,4 millones de euros impuesta por el Tribunal de Cuentas a 34 ex altos cargos de la Generalitat por las actividades desarrolladas para promover el procés en el exterior se complica a cada día que pasa. Y es que el último paso adoptado por el Tribunal de Cuentas, consultar a la Abogacía del Estado la legalidad de los avales concedidos por el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) para afrontar la mayoría de dichas multas, podría echar abajo todo el proceso. Los Servicios Jurídicos del Estado son claros: su respuesta a dicha consulta puede provocar la "nulidad" del procedimiento porque el mismo fue iniciado por la propia Abogacía.
Así lo hace constar el abogado del Estado Rafael García Monteys en un documento citado por Europa Press, en el que considera que la realización del informe que se le ha encargado sobre la "suficiencia y legalidad" de los avales asegurados por el ICF puede plantearle un "conflicto de intereses" por ser el organismo al que pertenece parte en este procedimiento. Si lleva a buen término la tarea encomendada, podría "romper el equilibrio" entre las partes, lo que desembocaría en un "riesgo de nulidad" del proceso.
García Monteys saca a relucir un rocambolesco proceso de ida y vuelta con muchos protagonistas implicados, cuando asegura que "la Abogacía del Estado interviene como parte" porque promovió en su día "la actuación del Tribunal de Cuentas para investigar la existencia de posibles responsabilidades contables" en la actuación de la Generalitat en el exterior. Los Servicios Jurídicos del Estado, al igual que hizo el Ministerio Fiscal, sacaron a la luz "supuestos de responsabilidad contable" en los fondos dedicados por el Govern al Diplocat, lo que desembocó en la multa posterior.
Tras la petición del Tribunal de Cuentas a la Abogacía del Estado que ha cerrado el círculo, el funcionario señala que su implicación "podría afectar directamente a la necesaria objetividad e imparcialidad que ha de regir la función consultiva". Eleva por ello una consulta a la abogada general, Consuelo Castro, sobre "si es posible ejercer la función consultiva en relación con cuestiones que se suscitan en procedimientos, en este caso no jurisdiccionales , en los que la Abogacía del Estado interviene como parte".
Mientras, la instructora del Tribunal de Cuentas espera a conocer el pronunciamiento de la Abogacía del Estado antes de emitir una resolución en la que dirá si rechaza o admite los avales de dinero público, procedente del ICF, a los que se han acogido la mayoría de excargos catalanes afectados. Dicho informe está ahora en el aire, lo que sumerge el proceso en una nebulosa. Por si acaso, los afectados ya están preparando recursos ante un posible fallo en contra de los avales.
Indicios de ilegalidad Fue el pasado 27 de julio cuando la instructora del Tribunal de Cuentas hizo pública una resolución en la que señalaba la existencia de indicios de ilegalidad en los avales presentados por la mayor parte de los afectados para afianzar los 5,4 millones de euros que se les reclaman. Por ello, pidió un informe a la Abogacía del Estado para aclarar determinados extremos, con lo que ha creado un "conflicto de intereses" que puede echar abajo todo el engranaje.
Entre los 34 afectados se encuentran los expresidents Artur Mas y Carles Puigdemont, el exvicepresident Junqueras y otros excargos de ERC que también se acogieron al fondo público. Si no abonan la caución correspondiente, o ésta no se acepta, se procederá al embargo de sus bienes de forma cautelar, a la espera de sentencia firme.