La Fiscalía Anticorrupción ha anunciado este martes notables rebajas en sus peticiones de condena para los acusados del juicio al excomisario José Manuel Villarejo, entre ellos a su mujer, Gemma Alcalá, para quien reclama 5 años de prisión frente a los más de 80 que solicitaba cuando se inició la vista.
Alcalá, acusada de cooperar en el supuesto cohecho que los fiscales Miguel Serrano y César de Rivas atribuyen a su marido, es una de las grandes beneficiadas de los cambios desvelados en la jornada de juicio que ha celebrado este martes la Audiencia Nacional.
En la misma situación está el hijo del excomisario, para quien la Fiscalía solicitaba inicialmente unos 14 años de cárcel, que ahora han pasado a un año de prisión por extorsión en grado de conspiración.
El fiscal De Rivas ha sido el encargado de exponer de forma somera los cambios realizados por la Fiscalía y, aunque de su exposición -en la que no ha precisado las peticiones exactas- ya se vislumbraba una notable rebaja en la condena reclamada para Gemma Alcalá, defendida por el letrado Sergio Nuño Díez de Lastra, los escritos de conclusiones definitivas han confirmado que esa rebaja supera ampliamente los 70 años.
De los más de 80 que solicitaba inicialmente por delitos como cohecho, descubrimiento y revelación de secretos o falsedad en documento mercantil, la petición de Anticorrupción se queda en 5 por considerarla cooperadora de dos delitos de cohecho atribuidos a su marido.
Los cambios han afectado a la inmensa mayoría de la treintena de acusados del juicio -entre los que ya no se encuentra el comisario Enrique García Castaño por enfermedad-, incluido el propio Villarejo, para quien la Fiscalía solicita ahora unos 83 años de los 109 iniciales, según los escritos, a los que ha tenido acceso Efe.
En este primer juicio del caso Tándem está acusado de lucrarse con proyectos que contemplarían la obtención de datos confidenciales de terceros y para los que se habría valido en varios casos de su condición policial.
Fernando y Juan Muñoz
Entre los beneficiados por los cambios anunciados por la Fiscalía también están los empresarios Fernando y Juan Muñoz -este último marido de la periodista Ana Rosa Quintana-, acusados de haber contratado al excomisario para que les proporcionara información sensible de una persona con quien tenían un pleito y de su abogado.
Como la mayoría de los clientes de Villarejo, ambos llegaron a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía por el que vieron sustancialmente reducidas sus peticiones de condena (de 8 años a 14 meses), que ahora quedarían en 4 meses y medio con atenuantes como confesión.
Anticorrupción también ha modificado sus conclusiones para los acusados relacionados con el grupo Cenyt, como el abogado Rafael Redondo (de 102 a unos 70) o el abogado David Macías (de más de 40 a menos de 10); y también para antiguos policías que presuntamente colaboraron con Villarejo en sus proyectos.
Es el caso del inspector Constancio Riaño, para quien solicita en torno a una veintena de años de cárcel, y Antonio Bonilla (unos 18). Y aún más en el del policía Javier Fernández y el funcionario de Hacienda jubilado Antonio Chaparro, para quienes solicitaba respectivamente 25 y 4 años de prisión y a quienes finalmente ha retirado la acusación al no ver acreditado que cooperasen en la obtención y supuesta comercialización de datos de terceros.
Además de la Fiscalía, contra los acusados también se dirigen diversas acusaciones particulares y la acusación popular ejercida por Podemos, que en su mayoría han elevado a definitivas sus conclusiones con algunos cambios menores.