La AEPD abre una investigación sobre las falsas imágenes de niñas desnudas difundidas desde Almendralejo

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha abierto una investigación de oficio sobre el caso de las imágenes de niñas desnudas, manipuladas con aplicaciones que utilizan la inteligencia artificial, en la localidad de Almendralejo (Badajoz).

Fuentes de este organismo han confirmado a EFE que la Agencia ha abierto de oficio esas actuaciones previas de investigación en el caso de las menores de Almendralejo.

Retirada urgente

La AEPD, en paralelo, ha contactado con el Ayuntamiento de Almendralejo y con la Junta de Extremadura para que difundan que se puede solicitar la retirada de las imágenes publicadas en internet a través del "Canal prioritario" de este organismo, indicando las direcciones (URLs) desde las que se puede acceder a ellas.

El "Canal Prioritario" se puso en marcha en 2019 y permite solicitar la retirada urgente de contenidos sexuales o violentos que se hayan publicado en internet sin el consentimiento de las personas que aparecen en ellos.

Intervenciones

Los datos de la AEPD revelan que el pasado año se realizaron 51 intervenciones de urgencia para retirar información, vídeos o audios que se habían publicado en Internet sin permiso y que mostraban contenido sensible (sexual o violento).

Un amplio porcentaje de esas intervenciones se clasificó como "violencia digital" contra mujeres y niñas, y representaron el 70% de los casos que se denunciaron en ese canal; en 46 de esos 51 casos se consiguió la retirada de los contenidos publicados con inmediatez, lo que supuso más de un 90% de efectividad, según la AEPD.

Violencia sexual

En estos casos la AEPD requiere a los proveedores de servicios correspondientes la retirada de los contenidos sensibles con inmediatez, aunque con independencia de la retirada urgente de los contenidos sensibles, la Agencia también puede determinar que procede depurar responsabilidades a través de un procedimiento sancionador.

El término de "violencia sexual" está recogido en la Ley Orgánica de Protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, y se incluyó en ese texto a propuesta de la AEPD.