Ya no hay vuelta de hoja. El Ayuntamiento de Pamplona aprobó el 13 de junio el contrato para instalar, en el centro y los alrededores de la ciudad, 30 nuevas cámaras de videovigilancia.
El Consistorio pagará 301.968 € a la empresa Kapsch TrafficCom y estarán en funcionamiento para final de año. Luego vendrán más: hasta 59 en total para llegar también al resto de barrios, como anunció el equipo de gobierno de Navarra Suma en marzo. Una estrategia, la del refuerzo agresivo de la videovigilancia en espacios públicos, sobre la que en muchas ocasiones ha puesto el foco tanto la Agencia Estatal de Protección de Datos (AEPD) como la Unión Europea, que asumen que las cámaras pueden suponer un “alto riesgo para los derechos y las libertades” ciudadanas y que por eso hay que extremar el cuidado con ellas.
De hecho, el organismo público estatal elaboró hace años una guía basada en el Reglamento General de Protección de Datos en la que acota el uso de las cámaras y recomienda siempre que se evalúe con anterioridad tanto el impacto como la posibilidad de que se recurra a alternativas.
No es un debate menor, aunque una sociedad acostumbrada a las pantallas haya diluido la conversación. La AEPD subraya siempre la importancia de tener en cuenta un principio básico: la limitación. No solo a la hora de recopilar los datos, sino también cuando se van a instalar las cámaras e incluso al elegirlas.
El criterio siempre debe ser el del impacto mínimo. Se debe evaluar si existen alternativas; controlar “el número de cámaras que se pretenda utilizar”; y también “el tipo de las mismas, ya que no es lo mismo la captación de imágenes a través de una cámara fija que la que se realiza mediante las denominadas ‘domo’, que permiten grabaciones de 360 grados”. Son, en gran parte, las que instalará el Ayuntamiento de Iruña.
10.000 € por cámara
Según los pliegos técnicos, 11 de las 23 cámaras que se instalarán en el Casco Viejo serán domo, de 360 grados y con capacidad de grabación nocturna. Otras nueve, cámaras multicabezales de 270 y 180 grados. Son unas cámaras sofisticadísimas y que de sobra tienen capacidad técnica para el reconocimiento facial, también por la noche. Cada una va a costar alrededor de 10.000 €.
El reconocimiento facial, que en muchos reglamentos se incluye dentro de los datos biométricos, genera un debate desde hace tiempo en la Unión Europea.
De ahí el informe del conocido como Grupo de Trabajo del artículo 29, que se encargó de fijar los límites de estos datos. En ese reglamento se deja claro que cuando sea probable que un tipo de tratamiento, en particular si usa nuevas tecnologías, entrañe un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas, el responsable realizará antes una evaluación de impacto. Especialmente si son datos “a gran escala” como los que se toman en plazas o calles, ejemplifica el texto. Es lo que ocurrirá en Pamplona. Es decir, que lo pertinente es que se realice un estudio previo y que se valore “si realmente es necesaria la instalación de la videovigilancia o si el fin perseguido se puede alcanzar de otra forma”.
Y, en caso de que ya se haya optado por las cámaras, que “se tenga en cuenta la proporcionalidad en función del número de cámaras, el tipo de las mismas y la opción de utilizar máscaras de privacidad”.
Las máscaras de privacidad son filtros de software que se pueden activar para limitar la recogida de datos.
Por ejemplo, una máscara de privacidad podría emborronar las caras de los niños ya desde la captación de las imágenes.
Esa evaluación de impacto debe hacerse especialmente, insiste la AEPD, cuando se va a evaluar de forma “sistemática y exhaustiva aspectos personales de personas físicas y sobre cuya base se tomen decisiones que produzcan efectos jurídicos”.
Sin comisión de garantías
En Navarra, en principio, iba a haber un organismo encargado de supervisar la instalación de cámaras por parte de la Policía Foral y las policías locales de Navarra: la Comisión Foral de Garantías de la Videovigilancia.
En la web del Gobierno hay rastro de un borrador del decreto foral que lo iba a habilitar, y que le daba a la Comisión la potestad de emitir informes preceptivos para la instalación de cámaras de videovigilancia. Pero lo cierto es que este decreto nunca llegó a aprobarse y la Policía Foral no tiene conocimiento de la creación de dicho órgano. Paradójicamente, desde 2015 el número de cámaras para el control ciudadano no ha hecho sino crecer y crecer.
De momento, el grupo municipal de EH Bildu ha anunciado que baraja acudir al Defensor del Pueblo porque cree que es una actuación “exagerada” e “improcedente” que “atenta contra la intimidad de las personas”.
El Post-it
¿Dónde se colocan? En el paseo Redín –dos–, portal de Zumalacárregui, 2 de mayo con Aldapa, Santo Domingo, plaza de los Burgos –dos–, Consistorial, San Saturnino, Mercaderes-Chapitela, plaza del Castillo –dos–, plaza San Francisco con Consejo, Jarauta con Santa Ana, plaza de Recoletas, San Antón con Ciudadela, Pozo Blanco, Sarasate, San Agustín-Tejería, Espoz y Mina, Labrit, hotel Pompaelo, y Carmen con Aldapa.