Las campanas al vuelo que se lanzaron con el acuerdo entre el PSOE y el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), alcanzado por fin el pasado 25 de mayo en Bruselas tras cinco años y medio de bloqueo, han tocado tierra a las primeras de cambio con el esfuerzo ímprobo que ha supuesto superar la primera tarea que tenía asignada, elegir al nuevo presidente del Poder Judicial y del Tribunal Supremo. La designación, que recayó en la magistrada catalana Isabel Perelló, fue posible el pasado martes al quinto intento por un CGPJ cuyos 20 vocales, que tomaron posesión el 25 de julio, se dividen a partes iguales entre progresistas y conservadores. El nuevo amago de bloqueo solo se superó por el escarnio sin paliativos que habría supuesto acudir apenas 48 horas después al acto solemne de apertura del año judicial, que presidió el rey Felipe VI, sin una cabeza visible.
Este acuerdo in extremis cierne una sombra de duda sobre el futuro inmediato del recién renovado CGPJ, en el que la principal incógnita reside en su margen de actuación real libre de ataduras políticas. La ingente tarea que se le presenta para el próximo lustro tras sus 2.029 días en funciones, con numerosos casos que hunden sus raíces en la pura refriega política, hacen que el reto se antoje titánico. No solo eso, ya que a nivel interno deberá cubrir las más de cien vacantes en la cúpula judicial que se han ido acumulando por la reforma legal que desde marzo de 2021 le ha impedido cubrirlas.
El devenir de las querellas presentadas por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y su mujer, Begoña Gómez, contra el juez Juan Carlos Peinado, y el futuro de la causa que el magistrado sigue contra ella; y la aplicación de la amnistía a los líderes del procés, que seguirá en manos de los jueces hasta llegar al Tribunal Constitucional, son dos casos enormemente mediáticos que marcarán en gran medida el recién estrenado curso judicial.
Puigdemont, bajo la lupa
El Supremo debe decidir sobre los recursos de los líderes del procés contra el rechazo a aplicarles el perdón, al considerar los magistrados que este no cubre la malversación que se les atribuye. Un delito por el que el expresident Carles Puigdemont sigue teniendo una orden de detención en el Estado, lo que no derivó en su arresto cuando logró entrar en Barcelona el pasado 8 agosto. Entonces pronunció un breve mitin en el Arco del Triunfo antes de la sesión de investidura como president del socialista Salvador Illa y logró huir de nuevo a Waterloo (Bélgica), donde reside, tras permanecer diez horas oculto en varios pisos.
El alto tribunal aún debe responder por tanto a los recursos que buscan revocar su decisión de excluir la malversación de la amnistía, si bien el recorrido de su cuestión de inconstitucionalidad comenzará esta misma semana.
Así, el Pleno del Tribunal Constitucional estudiará desde el martes la admisibilidad de la pregunta planteada por el TS, en base a una ponencia del magistrado conservador Ricardo Enríquez que aboga por darle trámite y que contará con un respaldo mayoritario, según fuentes de la corte de garantías.
Más allá de la respuesta que ofrezca finalmente el Supremo, se da por hecho que el asunto llegará a manos del Tribunal Constitucional, que ya debe examinar –también a petición del TS– si la norma encaja en la Carta Magna en relación al delito de desórdenes públicos.
Además, el Tribunal de Cuentas elevó la ley de amnistía aprobada en el Congreso al Tribunal Superior de Justicia de la UE ante la posibilidad de que colisione con los intereses financieros comunitarios.
Indulto y amnistía
Otra muestra de los escasos grados de separación entre la política y la judicatura se dio el pasado martes, cuando el exministro de Justicia y magistrado del TC Juan Carlos Campo anunció su abstención en el debate de la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Supremo sobre la ley de amnistía debido a su labor en el Ejecutivo de Pedro Sánchez, cuando expresó su oposición a esta norma. El PP va más allá y solicita que no solo se aparte él, sino también el propio presidente del TC, Conde-Pumpido, así como la magistrada Laura Díez, que fue alto cargo en el Gobierno socialista.
Campo era ministro de Justicia cuando el Gobierno de Sánchez indultó en 2021 a los líderes del procés condenados o procesados por el Tribunal Supremo. Entonces afirmó que, “a diferencia de la amnistía, claramente inconstitucional, que se reclama desde algunos sectores independentistas, el indulto no hace desaparecer el delito”.
Gómez contra Peinado
Pese a que agosto es inhábil en los tribunales, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, retomó el pasado día 26 la causa contra Begoña Gómez con cuatro testificales y varias peticiones de las acusaciones populares que buscan conectar el procedimiento con el caso Koldo.
Pero en paralelo a esa investigación, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tiene sobre la mesa las querellas que la Abogacía del Estado, en representación del presidente español y su mujer, interpusieron contra el juez por presunta prevaricación. Su admisión a trámite podría motivar que el magistrado se abstuviese de seguir al frente de sus pesquisas o fundamentar una posible recusación contra él.
Sin embargo, la decisión del Tribunal no será inmediata ya que ha dejado en impasse su decisión hasta que la Audiencia Provincial de Madrid resuelva sobre los recursos elevados por la Fiscalía y la defensa de Gómez ejercida por el exfiscal Antonio Camacho, lo que no tendrá lugar hasta el 30 de septiembre.
Otro frente judicial afecta al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que está pendiente de conocer la decisión del Supremo sobre la petición del Tribunal con sede en Plaza Castilla de investigarle tras la querella de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por revelación de secretos. En este caso, que ha aportado numerosos argumentos al rifirrafe político, un juzgado de Madrid continuará la causa abierta contra González Amador, investigado por un presunto fraude fiscal de 350.951 euros a Hacienda entre 2020 y 2021.
A ello se suma que están pendientes de volver a dictarse dos sentencias del caso Villarejo mientras avanza la instrucción del caso Koldo, que puede complicar el futuro procesal del exministro de Transportes y actual diputado del Grupo Mixto en el Congreso, José Luis Ábalos. Sobre él pesa la sospecha de que aprovechara la normativa de emergencia durante la pandemia para adjudicar la compra de millones de mascarillas con dinero público a un único contratista sin que existan actas, albaranes o comprobantes de entrega de las mismas.
Pujol, a la espera
Mientras, en este órgano judicial se siguen acumulando grandes causas mediáticas que aún no han llegado a ser juzgadas, tales como el caso Púnica, la trama de corrupción municipal y regional que se extiende por ayuntamientos y organismos autonómicos del PP, sobre todo de la provincia y comunidades autónomas de Madrid, Murcia, León y Valencia.
El 27 de octubre de 2014 la Guardia Civil detuvo, a instancias de la Audiencia Nacional, a 51 políticos, ediles, funcionarios y empresarios por su supuesta participación en una trama que adjudicó servicios públicos por valor de 250 millones de euros en dos años. Francisco Granados, antiguo número dos del PP en la Comunidad de Madrid por detrás de Esperanza Aguirre, fue uno de los principales implicados.
Mirando de nuevo a Catalunya, se han cumplido diez años desde que el expresident de la Generalitat Jordi Pujol confesara mediante la difusión de una carta que había aprovechado su cargo para amasar una fortuna en el extranjero evadiendo impuestos durante décadas. A pesar de que la fase de instrucción culminó en 2020, la AN aún no ha señalado la celebración del juicio.
En fase de investigación continúa, por su parte, el caso del 3% catalán que apunta al cobro de comisiones ilegales en las obras públicas adjudicadas por el Govern de CiU presidido por Artur Mas. Esta práctica fue mencionada por primera vez por el expresident Pasqual Maragall en un pleno del Parlament celebrado el 24 de febrero de 2005, provocando un gran escándalo. l
Tarea pendiente
- Nombramientos. Tras cerca de seis años bloqueado, el CGPJ calcula que ha acumulado 102 puestos sin cubrir en los altos tribunales: 40 en los tribunales superiores de justicia –8 presidencias y 32 plazas de magistrados–, 31 presidencias de audiencias provinciales y las presidencias de la Sala de lo Penal y de lo Social de la Audiencia Nacional. En el Tribunal Supremo, con 29 plazas por ocupar, la sala más afectada es la de lo Contencioso-Administrativo, con 15 vacantes de los 33 magistrados que la forman; le sigue la Sala de lo Social, con 6 de 13; lo Militar, con 3 de 8; lo Civil, con 4 de 10; y lo Penal, con 1 de 15. Así, un tercio de su composición está pendiente. A las vacantes de la jurisdicción ordinaria hay que añadir otras 27 en la militar.
- Jubilaciones. La actual situación de precariedad se verá agravada en los cinco años de mandato del CGPJ ya que tendrá que hacer frente a la jubilación de otro tercio de la plantilla del Supremo. Así, tendrá en sus manos la elección de casi un 70% de los magistrados del alto tribunal.
- Mayoría reforzada. El CGPJ cuenta con una comisión de calificación de cinco vocales que informará de todos los nombramientos discrecionales que deba hacer el Pleno. Su objetivo es primar la consideración técnica sobre cualquier otra para evitar así que incurra en un excesivo sesgo político. Tras ello, el Pleno deberá elegir a los altos cargos de la judicatura con una mayoría reforzada de tres quintos, es decir, doce votos, lo que obligará a los vocales conservadores y progresistas a llegar a acuerdos.
- Tapón legislativo. El vacío de cargos en la cúpula judicial obedece a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que, desde marzo de 2021, impide al CGPJ realizar designaciones discrecionales mientras permanezca en funciones, salvo los magistrados al Tribunal Constitucional. Dicha reforma, avalada por el propio TC en octubre de 2021, trataba de desbloquear el CGPJ y facilitar su renovación pero no surtió ese efecto.
- Sistema de elección. El CGPJ también debe elaborar el anteproyecto de ley para modificar el sistema de elección de sus miembros y otorgar así un mayor protagonismo a la carrera judicial en la designación de los doce vocales del cupo judicial.