La Sala de lo Penal ha denegado de forma definitiva a la Generalitat la personación como acusación popular en el 'caso Pegasus', donde se investiga el espionaje sufrido por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y los ministros de Defensa e Interior, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska, a través de sus teléfonos móviles.
En un auto del pasado viernes, recogido por Europa Press, los magistrados de la Sección Tercera confirman el criterio marcado por el juez instructor, José Luis Calama, que ya rechazó en dos ocasiones esta pretensión descartando que "las actividades ilícitas" que investiga puedan afectar a "responsables políticos de las más altas instituciones públicas catalanas".
En este contexto, la Sala recuerda que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo establece que la habilitación contenida en la Ley de Enjuiciamiento Criminal con respecto al ejercicio de la acción popular no alcanza con carácter general a las personas jurídico-públicas que, en consecuencia, precisan de normas específicas para dicho ejercicio.
La Generalitat alegó en su recurso, como recuerdan los magistrados, que se encontraba amparada por el artículo 3.2 de la Ley 4/2003, de Ordenación del Sistema de Seguridad Pública de Catalunya, que mandata al Ejecutivo central a "velar por la convivencia pacífica y la protección de las personas y de los bienes, de acuerdo con el ordenamiento jurídico".
En concreto, ese artículo señala que "el Gobierno, de conformidad con el marco de competencia que establece la Constitución, el Estatuto de Autonomía de Catalunya y la legislación vigente, a través del departamento titular de las competencias en materia de seguridad pública, tiene la función de proteger el libre ejercicio de los derechos y las libertades y de garantizar la seguridad ciudadana".
Con todo, la Audiencia Nacional considera que esa norma no da soporte a la pretensión de la Generalitat catalana "por su carácter genérico y su omisión del derecho a accionar penalmente de dicha entidad, en contraste con lo que ocurre con otras normas de la misma administración autonómica", como la Ley 19/2020, de 30 de diciembre, de igualdad de trato y no discriminación.
"En definitiva, ninguna norma legal autoriza a la entidad recurrente a personarse en este proceso como acusación popular, por lo que el auto del juzgado central de instrucción ha de ser necesariamente confirmado", concluye la Sala.
LOS INFORMES DEL CNI
El juez Calama empezó a investigar el 26 de abril, apuntando a posibles delitos de descubrimiento y revelación de secretos, tras la denuncia presentada por la Abogacía del Estado por la infección de los móviles del presidente del Gobierno y la ministra de Defensa, una denuncia que fue ampliada posteriormente tras confirmarse también la intrusión en el teléfono de Grande-Marlaska.
En esa primera resolución, el instructor aportó detalles sobre la denuncia inicial presentada por la Abogacía del Estado, según la cual, tras el análisis de los dispositivos móviles del jefe del Ejecutivo y de la titular de Defensa realizados por el CERT el 30 de abril, "se ha tenido conocimiento de que los mismos fueron objeto de varias infecciones por la herramienta Pegasus, 'software' espía de dispositivos móviles, entre los meses de mayo y junio de 2021".
Los informes del Centro Criptológico Nacional sobre los móviles de Sánchez y Robles ponían de relieve que "el dispositivo móvil del presidente del Gobierno analizado fue infectado por Pegasus en dos ocasiones (el 19 de mayo de 2021 y el 31 de mayo de 2021)", mientras que el de Robles habría sido infectado en junio de ese año.
En sendos casos, recogía Calama, los informes fijaban que "se produjo exfiltración de información", pero actualmente ninguno de los dos teléfonos presenta "indicadores conocidos de infección en curso de Pegasus".
EN PLENA CRISIS CON MARRUECOS
La primera de las intrusiones en el móvil de Sánchez se habría producido en el contexto de la entrada masiva de unos 10.000 inmigrantes en Ceuta entre el 17 y 18 de mayo de 2021 que precisamente llevó a Sánchez a visitar este segundo día la ciudad autónoma, así como Melilla, con el ministro de Interior.
Además, el 18 de mayo fue cuando Marruecos llamó a consultas a su embajadora en Madrid, Karima Benyaicha, la que se había convocado en Exteriores para protestar por los acontecimientos en Ceuta. El mismo día 19, Sánchez estaba en una sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados.
La segunda habría tenido lugar cuando el presidente del Gobierno se encontraba con el primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, en Alcalá de Henares con motivo de la XIII Cumbre Hispano-Polaca. Ese día, Marruecos publicó un comunicado en el que indicó que la crisis diplomática estaba motivada por la postura del Gobierno respecto al Sahara, no por la acogida del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.
Precisamente, este último declaró el 1 de junio de 2021 como imputado ante el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional por la querella presentada por la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (ASADEH) por genocidio y horas más tarde voló de regreso a Argelia.
En cuanto al teléfono móvil del ministro de Interior, el Gobierno informó después de que Grande-Marlaska sufrió dos ataques en el mismo junio de 2021. En el primero de ellos le fueron sustraídos 4 megas y en el segundo un volumen mucho más importante de información, 6,3 gigas.
El análisis de los terminales de otros miembros del Gobierno también pudo determinar un intento de infección del teléfono del titular Agricultura, Luis Planas, que resultó fallido, y se produjo igualmente en junio del pasado año.