La Audiencia Nacional tenía previsto celebrar este lunes el juicio contra los seis encausados por la presunta estafa piramidal de Arbistar, que conformaron una trama dirigida por el supuesto líder Santiago Fuentes Jover para defraudar presuntamente 92 millones de euros a más de 6.000 inversores a través de la plataforma de comercialización de criptomonedas Arbistar. Sin embargo, el tribunal que juzga a seis encausados por la presunta estafa, que conformaron una trama dirigida por el supuesto líder Santiago Fuentes Jover, ha acordado suspender el juicio hasta el 24 de marzo dado que no se había dado traslado del escrito de acusación a las empresas que constan como responsables civiles.
En el trámite de cuestiones previas, el presidente del tribunal, Francisco Javier Vieira Morante ha explicado que "han comprobado que no se ha dado traslado de los escritos de acusación a los responsables civiles" --Arbistar con varias denominaciones-- por lo que no pueden defenderse por desconocimiento, algo que ha tildado de "importante" porque entonces "no cabe posibilidad de condena".
Previamente, la defensa del principal encausado, Santiago Fuentes Jover, había interesado declarar en el juicio en el último lugar --algo a lo que no se ha opuesto el tribunal-- y ha puesto el foco en que ha podido existir una rotura de la cadena de custodia en determinados volcados de evidencias requisadas en las entradas y registros.
"Las pruebas son ineficaces y no debe ser tenidas en cuenta", ha explicado para luego indicar que esto afecta además a numerosos informes policiales y periciales que se basan precisamente en esas incautaciones porque se le ha hurtado a las defensas el derecho a la contradicción. Tras esto, ha argumentado que también se debe anular el juicio porque se ha dado indefensión para la mercantil Arbistar dado que no se le asignó letrado desde el inicio de la causa, y ha pedido que decaigan todas las denuncias y querellas de los presuntos afectados por la estafa que no hayan sido ratificadas ante la Audiencia Nacional.
La defensa de otro de los encausados, Diego Felipe Fernández Nojarova, ha solicitado el sobreseimiento libre también al hilo de esos volcados forenses de dispositivos electrónicos incautados dado que se ha dado "un flagrante incumplimiento de todos y cada uno de los protocolos forenses existentes".
Subsidiariamente, y para el caso de que el tribunal no acordara la nulidad y sobreseimiento libre de las actuaciones, interesaba suspender el juicio porque los peritos informáticos que proponen no han tenido acceso a la información de la causa hasta el pasado 14 de febrero, por lo que no ha dispuesto de un plazo razonable para emitir su informe.
El fiscal de la Audiencia Nacional que lleva este asunto, Joaquín González-Herrero, se ha opuesto a las cuestiones previas planteadas por las defensas, pero ha acogido la decisión del tribunal de suspender hasta el 24 de marzo. Por su parte, el tribunal ha rechazado anular el juicio por esa posible rotura de la cadena de custodia y ha dicho que en todo caso se verá la prueba en la vista oral y se decidirá en sentencia.
La causa
Cabe recordar que en el escrito de acusación, recogido por Europa Press, la Fiscalía interesa para Fuentes Jover la pena de 29 años y 9 meses de cárcel y una multa de 540.000 euros por los delitos de estafa singularmente agravada en su modalidad de delito masa, organización y dirección de organización criminal y falsificación en documento mercantil cometido por particular.
A esto suma que los seis acusados deberán indemnizar de manera conjunta y solidaria a las perjudicados --más de 6.000 personados en la causa-- en las cantidades que se determinen en ejecución de sentencia, como consecuencia del perjuicio económico derivado de la actividad defraudadora.
El Ministerio Público subraya que los acusados, actuando de común acuerdo y "guiados por un ánimo de ilícito beneficio económico, con perjuicio de terceros (...) urdieron un plan mediante el cual, aparentando la existencia de un denominado arbitraje de criptomonedas, vinieron a crear un esquema piramidal, en el que con el capital obtenido por los nuevos inversores se sostenía la estructura financiera, pero sin efectuar actividad alguna de compra y venta de criptomonedas".
El relato de hechos explica que en agosto de 2020 varios inversores solicitaron la retirada de sus fondos, negándose a ello Arbistar. Poco tiempo después, en septiembre, "la empresa decretó el cierre del 'Community Bot' --una herramienta que ofrecía a sus inversores-- a través de un comunicado, alegando un supuesto fallo en el programa informático". La razón que esgrimió fue que se realizaron de manera automática compraventas y que se habían generado "más intereses de los realmente obtenidos, produciendo así un irreversible descuadre contable".
"Ello obligaba, siempre según el comunicado de Arbistar, a congelar los fondos de los usuarios", de entre los que han podido ser plenamente identificados --estando representados en esta causa, agrupados en 12 acusaciones particulares-- un total de 6.807 perjudicados. "Se consumó así la estafa y la caída de la pirámide", relata la Fiscalía.
El fiscal sostiene que el plan defraudatorio "fue ideado por Fuentes Jover" y consistía en crear un negocio jurídico en apariencia lícito, "prometiendo altas rentabilidades a los clientes e induciéndoles de este modo a realizar una transmisión patrimonial en criptomonedas, con la intención preconcebida de no cumplir las prestaciones a las que contractualmente se había comprometido". "De manera paulatina diseñó un montaje tendente a materializar un engaño masivo e internacional, con el entramado mercantil Arbistar como carcasa jurídica", explica, para añadir que con posterioridad contactó con otros encausados --Iván Grima y Álex Castro-- para utilizar la empresa de estos, Venus Capital Trade SL.
Revalorización
Ya en 2019 contactó con el encausado Diego Felipe Fernández Nojarova y con el procesado, actualmente en rebeldía, Viktor Alexandre Walter Frantz, "cristalizándose el proyecto criminal" en la constitución de la entidad Arbistar el 8 de mayo de 2019, de cuyas participaciones eran titulares por terceras e iguales partes los citados acusados Fuentes Jover, Fernández Nojarova y Walter Frantz.
El Ministerio Público abunda en que la trama sostenía en su "propaganda mendaz" que "mediante ficticias herramientas informáticas" --entre las que destacaba el Community Bot-- podían "enajenar criptomonedas en diversos mercados específicos para tal divisa virtual ('Kraken', 'Binance'), garantizándoles una revalorización de sus ahorros de entre un 8 por ciento y un 15 por ciento mensual".
"También ofrecían otros incentivos con el doble objetivo de mantener a los clientes y al propio tiempo conseguir la llegada de nuevos inversores, como el llamado 'Plan Amigo', en el que todos aquellos clientes que aportasen algún cliente nuevo reciban supuestamente una compensación en criptomonedas", explica. El Ministerio Público explica que "la realidad" es que la trama "lejos de invertir en los 'exchanges' utilizaron una parte del dinero obtenido de los inversores para entregarlo a otros inversores anteriores en pago de los altos intereses prometidos". Esto, indica, generaba una gran confianza en ellos acerca de que su inversión "era segura y muy rentable". "Este esquema no solamente se usaba para que los que habían invertido aportaran más dinero, sino para atraer a nuevas personas que invirtieran dinero al ver los beneficios casi inmediatos que percibían los anteriores inversores", añade.