La AN rechaza suspender el retorno de jóvenes a Marruecos

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, respiró ayer un poco en el conflicto por la devolución de jóvenes no acompañados a Marruecos, aunque este contencioso está lejos de alumbrar una solución definitiva. La Audiencia Nacional rechazó adoptar la medida cautelarísima –sin escuchar a las partes– de suspender la repatriación de los menores que se encuentran en Ceuta, donde entraron en mayo de forma irregular, porque "no se deducen las violaciones de derechos denunciadas".

Responde así al recurso presentado por la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado que buscaba paralizar esas devoluciones que arrancaron el pasado viernes, a razón de 15 jóvenes devueltos por día. Esta asociación recurrió ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo por la "instrucción" que Interior emitió el 10 de agosto y que avalaba el regreso de menores que "estaban bajo la tutela del Estado español, incumpliendo la normativa tanto nacional como internacional".

La Audiencia pidió el martes al departamento que dirige Marlaska que remitiera, en un plazo de 24 horas, la comunicación que dirigió a la Delegación del Gobierno de Ceuta sobre su solicitud para el retorno de menores en virtud del acuerdo suscrito con Marruecos en 2007, lo que Interior hizo ayer. En su escrito, el Ministerio alega que la AN no es competente para actuar sobre el trámite solicitado por el Ejecutivo ceutí y que estos hechos están ya siendo enjuiciados por un juzgado de la ciudad autónoma. Fue el Juzgado número dos de Ceuta el que acordó el lunes como medida cautelar suspender las devoluciones durante 72 horas, y está por ver cómo procede tras la decisión de la Audiencia de no paralizar las repatriaciones.

El Ministerio del Interior añade que "el acuerdo por el que se ordena el retorno de los menores no ha sido dictado por Interior", ya que fue Ceuta quien pidió activar el pacto firmado con Rabat en 2007, que se publicó en marzo de 2013, y que regulaba la repatriación de menores. Según Interior, el mensaje que envió el pasado 10 de agosto a la ciudad autónoma "se limitaba a poner de manifiesto que el Ministerio ruega se proceda a efectuar el retorno de los menores respetando sus intereses o derechos". Pero ayer trascendió un correo a Ceuta que parecía una orden, sin firma, y decía sobre las devoluciones de forma literal que "dada la importancia del asunto, se insta se proceda a cumplir lo previsto en el escrito desde hoy mismo".

Con las alegaciones en la mano, la AN, en una primera aproximación al acto del Ministerio impugnado, rechazó ayer admitir la medida cautelar solicitada por los denunciantes porque la petición de paralización debe plantearse con base en los procedimientos previstos en la legislación española a los que remite el citado acuerdo hispano-marroquí.

Contradicción del PP 

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, del PP, defendió ayer que esta es una actuación "coordinada y conjunta" con el Ministerio del Interior, y que tanto él como Marlaska buscan "el cumplimiento de la ley". Esta posición choca con la de otros dirigentes del partido como su portavoz en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, que lamentó el "poco" respeto por la ley que tiene el ministro del Interior.

Cisma en Moncloa

Podemos reclama los informes

Interés superior del menor. Una consecuencia añadida de la devolución de los 800 jóvenes a Marruecos es el cisma que se ha abierto en el Gobierno de coalición, con ministras de Unidas Podemos como Ione Belarra y Yolanda Díaz que han expresado su malestar al PSOE. Ayer fueron un paso más allá al registrar en el Congreso una solicitud por la que reclaman al Gobierno informes y documentos sobre el número de menores "deportados" desde Ceuta, así como sobre los criterios utilizados para esta decisión. El diputado de En Comú Ismael Cortés, que firma la iniciativa, dijo que la "voluntad política" de su grupo es "hacer prevalecer el interés superior del menor ante cualquier otra lógica entre estados".