La Asociación de Fiscales (AF) ha seguido los pasos de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (Apif) al anunciar que se levanta de la mesa de negociación del nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Lo hace ante "las graves e inaceptables insinuaciones" del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, "poniendo en duda nuestra profesionalidad e independencia", señala en un comunicado.
En concreto, se refiere a "las manifestaciones realizadas en los medios de comunicación por el fiscal general del Estado que pone en duda la actuación independiente y profesional de las asociaciones de jueces y fiscales, acusándolas de estar politizadas y no respetando el trabajo que en ellas se realiza".
Por eso, la Asociación de Fiscales considera que "se ha roto el marco idóneo y necesario para continuar los trabajos asociativos conjuntos para la elaboración de un nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal" y, en consecuencia, "acuerda levantarse de la mesa" constituida al efecto por el fiscal general del Estado.
Con esta decisión, la AF sigue los pasos de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, que, en una carta dirigida al fiscal general el pasado 16 de abril, aseguró que no tenía "más remedio que comunicarle que no va a participar en el grupo de trabajo" para la elaboración del Estatuto.
Su motivo fue el "comportamiento anómalo" de García Ortiz ante las querellas por revelación de secretos en el caso de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Diaz Ayuso, cuando en un acto asumió la "responsabilidad última" de la nota de prensa emitida a tal efecto. La Apif dijo que no aclaró "si la orden partió de él mismo", lo que a su juicio "resulta insuficiente".
García Ortiz propuso el pasado 10 de abril a las tres asociaciones de fiscales que comenzasen los trabajos para impulsar un nuevo Estatuto, en paralelo a la futura la Ley de Enjuiciamiento Criminal que quiere activar el Ministerio de Justicia. Hoy, solo queda en la mesa la Unión Progresista de Fiscales.
El interés de Fiscalía General por impulsar un nuevo Estatuto va en paralelo a la apuesta del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, de dar el "impulso definitivo" a una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que atribuya la investigación de los delitos a los fiscales en sustitución de los jueces.
Se trata de una eterna reivindicación de la mayoría de la carrera fiscal que asoma con cada nuevo Gobierno desde la época de Francisco Caamaño (2009-2011), pero que nunca terminar de ver la luz.
Es más, este proyecto ya fue impulsado en la anterior legislatura de Sánchez, que llegó a aprobar un anteproyecto en noviembre de 2020, pero prueba de la dificultad de desarrollarlo es que, casi tres años y medio después, todavía está pendiente el informe preceptivo del Consejo General del Poder Judicial que aspira a estar listo a finales de mes, informan a EFE fuentes jurídicas.