La Audiencia de Barcelona pide imputar a los directivos del grupo que introdujo Pegasus en Europa

La Audiencia de Barcelona ha ordenado a la jueza que indaga el supuesto espionaje con Pegasus al abogado del expresidente catalán Pere Aragonès que investigue a tres directivos del grupo NSO en Luxemburgo, que introdujo el programa malicioso en Europa, si decide mantener imputadas a las empresas de este entramado.

Así lo ha acordado la sección séptima de la Audiencia de Barcelona en un auto, al que ha tenido acceso EFE, en el que estima el recurso de la asociación Irídia, que representa al abogado Andreu Van den Eynde, y ordena al juzgado de instrucción número 24 de Barcelona que, si no archiva la causa para las empresas del grupo NSO, impute también a los tres directivos.

En concreto, la Audiencia ha dado la razón a la entidad proderechos humanos Irídia al ver "del todo lógica" su petición de investigar al fundador de NSO Omri L., que ostenta cargos en nueve de las sociedades del grupo, Shalev H., también fundador de NSO, y Yuval S., miembro de varias filiales del grupo, todos ellos creadores en 2014 de OSY Tecnhologies SARL, la primera sociedad vinculada a NSO con sede en Europa, en Luxemburgo.

En un comunicado, Irídia ha destacado que, por primera vez, directivos de NSO Group serán investigados en un procedimiento penal sobre el supuesto espionaje con Pegasus a dirigentes independentistas, lo que creen un "precedente clave" y un "gran avance" en la investigación, ya que tendrán que responder "de forma personal" ante los tribunales.

Esta causa, una de las que se investigan en juzgados catalanes por el supuesto espionaje con Pegasus, se centra en la infección mediante este programa malicioso a los teléfonos del exeurodiputado de ERC Jordi Solé y del abogado Andreu Van den Eynde, que representa entre otros al expresidente de la Generalitat Pere Aragonès y al líder de ERC Oriol Junqueras.

La jueza de instrucción, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía, se opuso a la petición de Irídia de imputar a estos tres directivos, argumentado que la creación y puesta a disposición de terceros del programa Pegasus no puede considerarse delictiva, ya que el delito se habría cometido, en su caso, con el uso que los adquirientes hubiesen hecho.

Por el contrario, la Audiencia ve esta decisión de la jueza "incongruente" en el estado actual del procedimiento, en el que se mantienen imputadas, por los delitos de revelación de secretos y descubrimiento, las mercantiles del grupo empresarial de los tres directivos.

Para la Audiencia, "parece del todo lógica" la petición de Irídia de ampliar la imputación a los directivos que se ha averiguado que están "detrás" de las decisiones adoptadas por las empresas del entramado NSO investigadas en la causa: NSO Group, OSY Technologies y Q Ciber Technologies.

Una vez se ha identificado a las personas físicas, "parece absolutamente adecuado" tomarles declaración como imputadas, "siempre que la causa se mantenga viva" en relación a las mercantiles y no se acuerde el sobreseimiento respecto a su actividad si se considera que no fue delictiva, según la Audiencia.