La Audiencia Provincial de Gipuzkoa ha revocado el sobreseimiento de una querella de 2015 en el llamado 'caso Bidegi', que denunciaba sobrecostes por trabajos no ejecutados en las obras de la A-1 en el tramo Arlaban-Eskoriatza Norte, y ha ordenado realizar un informe pericial judicial independiente, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV).
La Sección Primera de la Audiencia guipuzcoana ha dictado dos autos en el procedimiento seguido en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Azpeitia, con motivo de la querella que interpuso en junio de 2015 la Diputación de Gipuzkoa por la posible comisión de delitos de malversación de caudales públicos, fraude y exacciones ilegales, falsedad documental, infidelidad en la custodia de documentos y encubrimiento en las obras de construcción llevadas a cabo por la UTE Arlaban, por encargo de bidegi SA, en la Autopista A-1, Vitoria-Gasteiz-Eibar, en el tramo Arlaban-Eskoriatza Norte. En esa querella se denunciaba que en este tramo de obra había existido un sobrecoste por trabajos no ejecutados por un importe de 17.030.721,49 euros.
En los autos dictados por la Audiencia, se estima en parte el recurso de apelación formulado por la acusación popular frente a las resoluciones del juzgado que denegaron la práctica de diversas diligencias de investigación solicitadas por la acusación popular y que sobreseyeron provisionalmente el proceso.
Prueba pericial independiente
Así, la Audiencia de Gipuzkoa acuerda que se proceda a la práctica de una prueba pericial judicial independiente de la manera "más económica" de las propuestas por la acusación popular, sin que en ningún caso pueda superar la suma de 80.000 euros, y que el juzgado de Azpeitia proceda a "dar cumplida respuesta" al resto de diligencias interesadas por la acusación popular.
En relación a la prueba pericial judicial aludida, el juzgado había denegado su práctica apoyándose en lo acordado en diciembre de 2018, una resolución que también fue revocada por la Audiencia mediante auto en junio de 2019.
Según explica el TSJPV, en esta resolución "ya se recogía la existencia de dos dictámenes periciales antitéticos, uno el aportado junto al escrito de querella, y el otro, elaborado con posterioridad, de revisión de las conclusiones contenidas en aquel y que venía a desdecir el primigenio informe".
Por ello, el Ministerio Fiscal solicitó la práctica de una tercera prueba pericial judicial independiente sobre los aspectos contenidos en los informes periciales obrantes en la causa, a lo que se sumó la acusación popular.
Por parte de la Diputación Foral se informó de que el primero de los informes aportados junto con la querella ascendió a la suma de 21.538 euros, y el de revisión, a 48.459 euros.
En atención a la necesidad de "no dilatar más" el procedimiento, acoge la propuesta más económica de las planteadas por la acusación popular, que ascendía a la suma de 72.000 euros, aunque matizando que, debido al tiempo transcurrido y al aumento de los precios sufrido desde entonces, el costo puede ascender a 80.000 euros.
La Audiencia de Gipuzkoa considera también que la jueza encargada de la instrucción no ha dado cumplida respuesta a la solicitud de práctica de nuevas diligencias que también solicitó la acusación popular.
El tribunal recuerda que ya dictó dos resoluciones anteriores en las que exhortaba a la titular del juzgado a que se pronunciase fundadamente sobre estas diligencias y no fue hasta agosto de 2023 cuando vino a denegarlas "sin exponer motivo o razón alguna", salvo en lo relativo a la diligencia de prueba pericial judicial independiente.