La Audiencia de Gipuzkoa reabre la causa judicial por la emboscada de Pasaia

La Audiencia de Gipuzkoa ha reabierto la causa judicial del caso conocido como la emboscada de la Bahía de Pasaia, en la que murieron cuatro miembros de los Comandos Autónomos Anticapitalistas a manos de la Policía Nacional en marzo de 1984. La Audiencia Provincial de Gipuzkoa ha llamado a declarar en calidad de investigados a siete agentes que participaron en aquella operación.

Inicialmente, la declaración de los policías estaba fechada para el 19 de febrero, pero se ha retrasado a finales de marzo. Fuentes conocedoras de la causa admiten su sorpresa por este giro judicial, ya que se trata del juzgado y del proceso que tras la fase de instrucción cerró la misma al no ver posibilidades para seguir investigando. Una de las novedades es que el juez va a someter a los agentes a una rueda de reconocimiento, prueba solicitada hasta ahora sin éxito por la acusación particular. 

Peregrinaje judicial

En este proceso, que ha trazado un peregrinar de casi cuarenta años, están personados las familias de las víctimas y, en calidad de acusación popular, el Ayuntamiento de Azpeitia. La historia judicial se inició tras la emboscada, pero el proceso apenas avanzó y en 1986 se archivó. El Juzgado de Instrucción número dos de Donostia volvió a clausurar las diligencias en junio de 2004 al considerar que la causa había prescrito por no existir “autor conocido” de los hechos.

La decisión volvió a ser recurrida por las familias y el Ayuntamiento de Azpeitia. Ante estas circunstancias, la sección segunda de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa reabrió la investigación con el criterio de que no se podía dar por prescrito el caso porque existían indicios de posibles irregularidades cometidas por los agentes que participaron en esta operación, así como nuevos medios para poder identificarlos, como la propia comparecencia de los policías que estaban al mando del dispositivo. De hecho, se llegó a valorar la posibilidad de una nueva autopsia a los cadáveres que, según los análisis realizados en su día, recibieron entre 21 y 36 impactos de bala cada uno, muchos de ellos realizados a una distancia de menos de un metro.

Pero la justicia volvió a cerrar el proceso, ante lo que el Ayuntamiento y las familias elevaron en 2017 un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional con el fin de esclarecer mediante una investigación judicial las responsabilidades de lo ocurrido aquella madrugada. Primero el Constitucional y luego el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, en 2018, rechazaron los recursos. El tribunal europeo arguyó que “es una discusión interna del Estado español a nivel procesal”, por lo que no podía modificar el criterio y no podía aceptar el caso.

“Les acribillaron”

Pello Aizpuru es hermano de una de las víctimas, el azpeitiarra Dionisio Aizpuru. Al habla con NOTICIAS DE GIPUZKOA, reconoce que la reapertura del caso es una buena noticia. “El juez va a practicar unas pruebas que venimos solicitando desde hace años, y ahora nos hacen caso. Eso es algo que hemos logrado”.

Cuarenta años después de los hechos, Aizpuru aprecia una voluntad de avanzar en el esclarecimiento de los hechos. Echa la vista a atrás y se pregunta “cómo pudo cerrarse el proceso en unos pocos meses, sin investigación ni identificación de los policías que participaron en la operación. Exigimos nuestro derecho a la verdad y la justicia”.

Aizpuru no tiene dudas en calificar de “masacre” la operación que acabó con la vida de su hermano y otros tres miembros del comando. Recuerda que los cuatro muertos presentaban en total 113 orificios de bala y en el caso de su hermano, “recibió ocho tiros en la nuca”, tal y como recogió en la autopsia el forense Paco Etxeberria, de guardia aquel día. “Les acribillaron”, concluye Aizpuru.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 22 de marzo de 1984, apenas un mes después de que un comando de los CCAA asesinara en su domicilio al dirigente del PSE Enrique Casas. Aquel día, cinco miembros de este grupo terrorista fueron sorprendidos en la bocana de la bahía de Pasaia por un numeroso dispositivo del Cuerpo Nacional de Policía cuando pretendían desembarcar en una zona de rocas procedentes de Iparralde. Cuatro de los cinco (los azpeitiarras Dionisio Aizpuru y Pedro Mari Isart y los navarros Jose Mari Izura y Rafael Delas) murieron por disparos de los agentes que les esperaban en tierra, mientras que un quinto, Joseba Merino, fue detenido. Merino cumplió luego 17 años de cárcel acusado de participar en el atentado de Casas.

Pese a los graves y numerosos indicios de que se trató de un crimen policial, cuarenta años después la causa sigue en los juzgados sin que apenas haya progresado hacia su esclarecimiento.