La Audiencia devuelve al Supremo la demanda de Torra por el espionaje de Pegasus

La Audiencia Nacional ha remitido al Tribunal Supremo la demanda presentada por el expresidente de la Generalitat catalana Quim Torra y el exvicepresidente del Parlament Josep Costa por vulneración de derechos fundamentales tras saber que sus móviles fueron supuestamente espiados con el software Pegasus.

La sección quinta de lo Contencioso ha acordado en un auto enviar de nuevo las actuaciones al alto tribunal "para que reconsidere" su "competencia" para resolver la demanda impuesta por ambos exdirigentes catalanes.

El Tribunal Supremo ya rechazó en su día admitirla a trámite y la envío a la Audiencia Nacional al considerar que este era el tribunal competente para resolver el asunto.

La Audiencia pidió entonces al Ministerio de Defensa que le informase de si disponía de algún expediente, informes o datos en relación con la demanda de Torra y Costa, si bien el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) -órgano dependiente de Defensa- aseguró que no existe "expediente alguno" relativo a una presunta intervención o escucha de sus comunicaciones con la herramienta Pegasus.

Explica además el tribunal en su auto que el secretario general técnico del Ministerio de Presidencia remitió un oficio en el que "se constata" que varios requerimientos de Torra y Costa "siguen en la Secretaría General Técnica-Secretariado del Gobierno" y que "hasta la fecha no se adoptado disposición o acuerdo al respecto por el Consejo de Ministros".

Por tanto, según la Audiencia, la "administración actuante" no es ni el Ministerio de Defensa ni el CNI, "que desconocen cualquier documento o actuación en relación a este recurso" y, "dado que las actuaciones se encuentran pendientes de decisión por el Consejo de Ministros", la competencia sería del Tribunal Supremo.

En el mismo auto, la Sala desestima la solicitud de inadmisión de la querella formulada por Defensa, algo que celebra en un comunicado la Oficina de Quim Torra.

En su demanda, ambos políticos de JxCat pretenden que se reconozca que el espionaje a sus móviles fue ilegal y que están en su derecho a conocer toda la información, datos o documentación que se haya podido obtener mediante el software, desarrollado por una empresa israelí y que en principio solo se vende a los estados.

También apelan a su derecho a que se elimine toda la documentación e información privada que el Estado pueda haber obtenido a través del espionaje.