El juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal ha admitido a trámite la querella presentada por la Asociación Dignidad y Justicia contra ocho exjefes de ETA por el atentado perpetrado en 2003 en Sangüesa, en el que fueron asesinados dos agentes de la Policía Nacional.
En un auto del pasado jueves, recogido por Europa Press, el responsable del Juzgado Central de Instrucción Número 1 otorga el estatus de sujeto pasivo para garantizar su derecho de defensa y por su "presunta responsabilidad" a los integrantes del comité ejecutivo de ETA -conocido como el ZUBA- "en la toma de decisión" de realizar el ataque.
Se trata, en concreto, de Juan Fernández Iradi 'Susper'; Gorka Palacios 'Andoni'; Garikoitz Aspiazu 'Txeroki'; Aitzol Iriondo 'Gurbitz'; Félix Ignacio Esparza 'Gaba'; Mikel Albisu 'Mikel Antza'; Ramón Sagarzazu 'Ramontxo' y María Soledad Iparaguirre 'Anboto'. Además, la asociación también dirige acusación como autores materiales contra Garikoitz Arruarte y Gorka Lorán.
El magistrado recoge en su escrito parte de la fundamentación contenida en la querella de 136 páginas a la que ha tenido acceso esta agencia. En la misma se pone el foco en un periodo -los años 2003 y 2004- en que ETA "se encontraba cada vez más acorralada y debilitada por la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado".
Así, "si a otro periodo de la banda se le dio en llamar los 'años de plomo', aquel segundo semestre de 2003 fueron los 'meses del Titadine'". De esta forma, el comité ejecutivo de ETA distribuyó una gran cantidad de este explosivo entre sus distintos comandos para realizar ataques como el de Sangüesa.
BUSCABAN "CREAR UN ESTADO DE TERROR TOTAL"
"La ZUBA, es decir los ocho primeros aquí querellados que detentaron su mando durante todo ese periodo, buscaba crear un estado de terror total, de no saber por dónde iba a venir el siguiente ataque. Y era algo totalmente premeditado, totalmente querido y calculado dentro de las posibilidades operativas que aún les quedaban en las manos, y ese es el contexto en el que se produce el atentado de Sangüesa", apunta el magistrado.
En esta línea, y refiriéndose a la querella, Abascal apunta que la secuencia de atentados que comenzó el 30 de mayo de 2003 con los hechos de Sangüesa "no fue sino el inicio de una 'ofensiva' terrorista, de un giro estratégico, netamente diferenciado de los meses o el año precedente y que plagó la geografía española de artefactos repletos de tal explosivo, con un total de 18 atentados bomba contando sólo hasta el 26 de diciembre de aquel año".
En "esa secuencia de, al menos 18 atentados con Titadine en 6 meses, un atentado con Titadine cada 10 días en algún lugar de España entre el 30 de mayo y el 26 de diciembre de 2003" la asociación señala a la ZUBA y a los ocho primeros querellados en tanto que los comandos que actuaron no lo hicieron con balas, sino con una serie de limitados medios explosivos.
ATENTADOS "CON TITADADINE COMO MEDIO COMISIVO"
Para Dignidad y Justicia, recuerda el juez, queda a la vista "el patrón reiterado, la estrategia terrorista y criminal de esa ETA (es decir la estrategia de su concreta ZUBA al mando): atentados con Titadine como medio comisivo". "A ello lo apostaron todo, hubo un marcado giro, un cambio, quedando totalmente relegadas otras formas de ataque terrorista. Y eso fue una elección estratégica del mando terrorista, de la ZUBA", aduce. Para el juez, estos hechos tienen "una primera apariencia de infracción penal".
Y, en cuanto a los supuesto autores materiales, el magistrado constata que Garikoitz fue detenido en San Sebastián con una mochila con 25 kilos de explosivo, cordón detonante, temporizadores, una pistola, una peluca y un billete para el tren entre Irún y Madrid. Poco después fue arrestado en Hernani (Guipúzcoa) Loran en el interior de su domicilio, donde se había refugiado después de introducir en el mismo tren una maleta cargada con casi 20 kilos de explosivo que tenía un temporizador programado para estallar a las 15.55 horas.
A la hora de admitir la querella el juez ha ponderado el informe elaborado por la Comisaría General de Información de 2014 bajo título 'integrantes de los órganos directivos de ETA'. "Se han tenido en cuenta, y se aceptan como fiables y verosímiles indiciariamente todos aquellos elementos relacionados con los miembros de la banda que participan en las distintas actividades que permiten llevar a cabo un atentado", explica.
Entre esos indicios se recoge "la función decisiva y necesaria del máximo órgano de decisión de la banda terrorista para que se llegue a realizar una acción terrorista, y el relevante papel desempeñado por los denunciados en ETA, y más concretamente en su comité ejecutivo, en relación con las órdenes para preparar y ejecutar" el atentado de Sangüesa.
LA OFENSIVA DE LAS VÍCTIMAS CERCA A LA ZUBA
Esta ofensiva iniciada por asociaciones de víctimas de la organización terrorista en la Audiencia Nacional ha cercado en los últimos meses a exjefes de ETA como los ya citados 'Mikel Antza' y 'Anboto' y también a otros como 'Iñaki de Rentería' y 'Josu Ternera', que se ven inmersos en investigaciones para tratar de determinar si son autores intelectuales de algunos de los asesinatos o ataques perpetrados por la banda.
Así, y aunque el tribunal ya condenó a tres personas como autores materiales del asesinato del teniente de alcalde de Donostia Gregorio Ordóñez, el juez Abascal investiga si 'Mikel Antza' e 'Iñaki de Rentería' fueron los encargados de dar la orden.
Es el mismo caso del Juzgado Central de Instrucción Número 6, que el pasado mes de marzo admitió a trámite una querella también presentada por Dignidad y Justicia y acordó reabrir la investigación sobre el asesinato del concejal del Partido Popular en Ermua Miguel Ángel Blanco para tratar de determinar quiénes fueron los dirigentes de la organización terrorista ETA que se encargaron de planear y ordenar el atentado perpetrado el 12 de julio de 1997.