El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha archivado la investigación sobre las presuntas donaciones de empresarios a la supuesta 'caja b' del PP, reflejada en los conocidos como "papeles de Bárcenas", a cambio de adjudicaciones públicas, al considerar que no se ha acreditado la comisión de ningún delito.
El magistrado sigue el criterio de la Fiscalía Anticorrupción y cierra así el último fleco que quedaba abierto del caso de "los papeles de Bárcenas", derivado de Gürtel, al estimar que "no existe elemento que permita inferir, siquiera indiciariamente, que se hayan producido aquellos hechos" y que no se puede establecer una relación entre los pagos y los contratos adjudicados.
Esos "papeles" salieron a la luz en 2013 y acabaron desembocando en dos investigaciones: la que derivó en una condena al extesorero del PP Luis Bárcenas y al PP como responsable civil por el pago en B de parte de la reforma de la sede del partido, y la que se cierra este lunes, que ha tratado de determinar si las presuntas donaciones de empresarios a esa presunta caja B del PP perseguían adjudicaciones públicas o favores a través de administraciones gobernadas por el partido.
"No existe una anotación, un correo electrónico, un documento, una conversación grabada, una declaración testificalâ que aporte dato incriminatorio alguno; como tampoco de los múltiples informes de la UDEF, Interventores de la Fiscalía e IGAE", concluye el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 en su auto, contra el que cabe recurso.
El juez pone fin así a una larga e "intensa" investigación que comenzó en 2013, se archivó en 2015 y se reabrió en 2017, a raíz de que el líder de la trama Gürtel, Francisco Correa, asegurase en el juicio de esta macrocausa que la red cobró comisiones por obras públicas, y que de ese dinero le daba el 2 o el 3 % al extesorero del PP Luis Bárcenas por conseguir adjudicaciones en ministerios como Fomento o Medio Ambiente. Bárcenas entonces lo negó y cuando Correa fue citado ante el juez de instrucción, no ratificó sus declaraciones.
Tras analizar los expedientes de contratación de todas las empresas, recabar informes de diversos organismos y tomar declaración a investigados y testigos a lo largo de estos años, el magistrado cree que no se puede vincular o relacionar los "ingresos por donaciones investigadas y la adjudicación de contratos públicos a los presuntos donantes".
"La conclusión provisional debe ser a tal respecto la de la ausencia, por el momento, de suficientes indicios para estimar justificada la comisión de los delitos atribuidos a los distintos querellados", indica el magistrado.
Subraya asimismo que el último informe pericial que quedaba pendiente en la causa, elaborado por la Intervención General del Estado (IGAE), no halló en los expedientes de contratación estudiados "incumplimientos de la normativa aplicable", lo que "imposibilita establecer una relación entre los pagos o donaciones y los contratos adjudicados".
La IGAE analizó la forma de contratación y las posibles incidencias en los distintos expedientes, pero en ninguno de ellos se concluye arbitrariedad o irregularidad alguna, y no arrojan elemento alguno que permita la conexión de dichos contratos con las pretendidas donaciones de los denominados "papeles de Bárcenas", zanja el juez.