La Audiencia Nacional ha vuelto a avalar su competencia para sentar en el banquillo a Gonzalo Boye, abogado del expresidente catalán Carles Puigdemont, y al narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco, por blanquear supuestamente beneficios del narcotráfico.
La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional ha desestimando un nuevo recurso de Boye, en el que sostenía que este tribunal no es competente para juzgarle en el procedimiento en el que se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 9 años de cárcel por un delito de blanqueo de capitales.
El abogado de Puigdemont está procesado en relación con la denominada Operación Mito, que ha investigado un entramado, presuntamente dirigido por Sito Miñanco, que pretendía introducir en el Estado casi cuatro toneladas de cocaína.
La Fiscalía, que pide 31 años y medio para Sito Minco, acusa a Boye de blanqueo y falsificación por contribuir, presuntamente y junto a otros dos abogados, a acreditar el origen lícito de los 889.620 que incautaron al entramado el 6 de febrero de 2017 a través de contratos de compraventa de letras de cambio.
El abogado, que también defendió al expresidente catalán Quim Torra, ha ido recurriendo, una por una, prácticamente todas las resoluciones que se han dictado en su contra y, en esta ocasión acudió a la Sala de Apelación de la Audiencia para combatir el auto en el que el tribunal de la sección tercera rechazaba sus argumentos y los de Sito Miñanco para no ser juzgados.
Ante el argumento de la falta de competencia del tribunal, la Sala explica en un auto, conocido este jueves, que, aunque la ley no contempla la competencia de la Audiencia Nacional para los delitos de blanqueo, sí la establece cuando exista conexión con otros que se investigan en este órgano judicial.
Sostienen los magistrados en su auto, que puede recurrirse ante el Supremo, que, en línea con lo argumentado por la Fiscalía Antidroga, las operaciones que habría llevada a cabo por Boye fueron acciones dirigidas por Prado Bugallo para recuperar un dinero intervenido en el aeropuerto de Barajas el 6 de febrero de 2017.
Ven por tanto "evidente" la conexión entre los hechos por los que el abogado está acusado y "el eventual delito antecedente contra la salud pública", algo que hace que la "competencia" quede atribuida a la Audiencia Nacional.
Por esta operación la Audiencia Nacional abrió juicio oral contra alrededor de medio centenar de investigados.
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