La Fiscalía ha solicitado este jueves a la Audiencia Nacional que aplique la amnistía a doce miembros de los denominados Comités de Defensa de la República (CDR) acusados de terrorismo por planear supuestamente acciones violentas contra sedes oficiales de Catalunya en 2019.
El ministerio público ha apoyado la petición de las defensas para que se decrete el archivo de la causa, que ya estaba pendiente de juicio, al considerar que este procedimiento, seguido por varios delitos de terrorismo, entra en el paraguas de la ley de Amnistía, que entró en vigor el pasado 11 de junio.
Así lo ha defendido la teniente fiscal de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, Marta Durántez, en la vista de previo pronunciamiento (similar a las cuestiones previas) de este jueves, en la que las defensas han reclamado la aplicación "inmediata" de la ley de amnistía.
La fiscal ha defendido que la "interpretación" de la norma "no ofrece género de dudas, es clara", y ha solicitado, por tanto, "que se declare extinguida la responsabilidad penal" de los acusados.
Cambio criterio de la fiscalía
Esta norma contempla algunas excepciones para el perdón en el caso del terrorismo -como haber causado graves violaciones de derechos humanos regulados en una directiva europea y en el derecho internacional-, si bien la Fiscalía -que hasta ahora solicitaba penas de entre 8 y 27 años de cárcel por estos delitos- ha defendido que no concurren dichas circunstancias y, por tanto, los acusados deben ser amnistiados.
La Audiencia Nacional (AN) celebra este jueves la vista en la que estudiará la petición de los 12 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) procesados por pertenencia a organización terrorista de suspender el juicio por la ley de Amnistía.
Los procesados en la causa podrían acogerse a la ley de Amnistía aprobada por el Congreso de los Diputados. Fue el pasado 1 de abril cuando estaba previsto que se celebrase esta vista, que tuvo que ser aplazada después de que uno de los letrados, el de Alexis Codina, no pudiese asistir por estar de bajar médica y no pudiera por tanto pronunciarse sobre este asunto.
La decisión del tribunal de posponer esta vista llegó en contra del criterio del fiscal de la Audiencia Nacional Vicente González Mota, que es quien asumió esta causa tras la marcha de Miguel Ángel Carballo a la Fiscalía Provincial de Ciudad Real.
No obstante, antes de esta suspensión, las defensas pudieron fijar posiciones ante la Sala de lo Penal en este acto denominado de previo pronunciamiento y que es un paso previo a la celebración del juicio para dilucidar determinadas cuestiones planteadas por las partes.
Uno de los letrados, Xavier Monge, explicó en su turno que la Audiencia Nacional debía "paralizar" el procedimiento a la espera --en aquel momento-- de ver qué ocurría con la ley de Amnistía.