La Audiencia Nacional ha dejado sin efecto la declaración como testigo del presidente del BBVA, Carlos Torres, celebrada el pasado 16 de octubre ante el juez del 'caso Villarejo' por haberse acordado fuera del plazo de vencimiento de la instrucción de esta pieza en la que se indaga en los trabajos que el ahora comisario jubilado habría realizado para la entidad.
Así consta en un auto de este martes, recogido por Europa Press, en el que el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón, también acuerda llamar a sede judicial al representante legal del BBVA para que acuda a sede judicial. Fuentes jurídicas explican que, sin embargo, esta citación no es para celebrar una declaración al uso.
Las mismas fuentes señalan que, de hecho, en esa vista únicamente estará presente el secretario judicial y Fiscalía y a la misma no acudirán ni el magistrado ni las partes. El objetivo de esta citación es que la entidad -que figura como investigada- aclare si dispensa del secreto profesional a varios de sus empleados para que puedan declarar sobre los hechos en los que se indaga en esta pieza.
Una de esos empleados es María Jesús Arribas de Paz, la directora global jurídica del banco, que el pasado mes de julio se acogió a su derecho a no declarar, precisamente, amparándose en su obligación de guardar secreto profesional para no contestar a las preguntas de la Fiscalía Anticorrupción.
DILIGENCIAS SIN EFECTO
El BBVA, haciendo uso de su derecho como investigado, podría decidir no pronunciarse a este respecto y dejar sin respuesta las preguntas de la Fiscalía en esta vistilla, en la que también se le preguntará si aportará o no "las diferentes versiones de los mapas de resultados, así como todos los hits" o archivos que constan en la causa.
Las fuentes consultadas explican que el hecho de anular la declaración de Torres y de llamar a BBVA a sede judicial pero no para celebrar un interrogatorio al uso se fundamentan en la decisión adoptada por la Sala de lo Penal esta misma semana.
En concreto, los magistrados fijaron que la investigación debía concluir el próximo 29 de enero de 2024 y que las diligencias acordadas con posterioridad al auto por el que juez decidió prorrogar la instrucción -el pasado mes de julio_quedaban sin efecto.
Todo ello en el marco de esta pieza separada 9 de la macrocausa 'Tándem', donde tanto BBVA como su expresidente Francisco González están imputados. En la misma se investigan los servicios contratados por el banco a CENYT -empresa de Villarejo- para distintos proyectos al menos entre 2004 y 2017 por lo que la entidad habría pagado al comisario más de 10 millones de euros.