El Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional ha abierto una investigación contra la cúpula de seguridad de Guinea Ecuatorial, entre ellos un hijo del presidente Teodoro Obiang, por un presunto delito de secuestro con finalidad terrorista y torturas a dos ciudadanos españoles.
Fuentes jurídicas han confirmado a EFE la investigación judicial que avanza El País y que afecta al secretario de Estado de la Presidencia y jefe del servicio secreto en el exterior, Carmelo Ovono Obiang; al ministro de Estado, Nicolás Obama, y al director general de la Seguridad Presidencial, Isaac Ngema.
Las primeras informaciones policiales apuntan a que los tres iban a bordo del avión presidencial que trasladó desde Sudán del Sur a Malabo a Feliciano Efa y a Julio Obama, dos ciudadanos españoles y opositores al régimen de Obiang capturados dos años antes en ese país.
Y añaden que esos tres altos cargos supuestamente estuvieron presentes y participaron de las torturas a las que fueron sometidos los dos ciudadanos españoles y otros dos más ecuatoguineanos en la prisión en la que permanecen recluidos, tras ser condenados por un supuesto golpe de Estado en un juicio sin garantía alguna. Los cuatro son destacados opositores políticos del presidente Obiang.
Según cita El País, dos de los tres investigados tienen arraigo en España. Carmelo Ovono Obiang, hijo del Teodoro Obiang, obtuvo la residencia en España en 2020, está casado con una española, vive en Marbella y posee otras dos viviendas en Barcelona y Toledo.
Mientras que Nicolás Obama tiene una casa en la localidad madrileña de Villalbilla, está casado con una guineana y es padre de cinco hijos que viven en nuestro país. El último de los investigados, Isaac Nguema, visita España periódicamente.
El origen de la investigación parte de la denuncia formulada por los familiares de los opositores políticos desaparecidos así como de una querella del Movimiento para la Liberación de Guinea Ecuatorial III República (MLGE 3R) en la que se denunciaban los hechos, que fue admitida por el juez Santiago Pedraz, que ha ordenado una serie de diligencias que hasta la fecha han sido secretas.