La Audiencia Nacional juzga desde este lunes a Villarejo por los trabajos realizados para Repsol y La Caixa

Actualizado hace 2 minutos

El excomisario José Manuel Villarejo vuelve este lunes al banquillo por los encargos de Repsol y CaixaBank para frenar el intento de toma de control sobre la petrolera por Sacyr y Pemex, causa en la que figuran también como acusados los exjefes de Seguridad de ambas empresas.

La Fiscalía Anticorrupción pide 40 años de cárcel para el excomisario; 32,5 para el que fuera su socio Rafael Redondo; 28 años para el exjefe de Seguridad de Repsol Rafael Araujo; 21 para el que fuera su "número dos", Rafael Girona, y otros 21 años para el exresponsable de Seguridad en CaixaBank Miguel Ángel Fernández Rancaño.

La Fiscalía atribuye delitos de cohecho pasivo, cohecho activo, descubrimiento y revelación de secretos de particulares con difusión a terceros cometidos por funcionario público, descubrimiento y revelación de secretos de particulares y falsedad en documento mercantil.

Datos de la investigación

Se trata del proyecto "Wine", que investiga la presunta contratación, en 2011 y 2012, de empresas de Villarejo para investigar el intento de toma de control sobre la petrolera por Sacyr y Pemex.

Según sostiene Anticorrupción, a cuenta de los servicios prestados correspondientes al proyecto Wine, el Grupo Cenyt, cuyo titular real era Villarejo, emitió a sus clientes de Repsol y CaixaBank tres facturas, por un importe total de 389.400 euros, que ambas empresas abonaron a partes iguales.

Más tarde, en 2014, Repsol acudió en solitario, "sin el concurso de CaixaBank", a contactar con Villarejo, "con pleno conocimiento de que se encontraba en servicio activo como Comisario del Cuerpo Nacional de Policía", para la realización de un nuevo encargo, sobre un consejero de la petrolera que se había ausentado de una sesión de la comisión de estrategia para asistir a un partido de fútbol.

Por estos servicios, Villarejo emitió una factura de 24.000 euros en concepto de "servicio de información y análisis de seguridad", abonada por Repsol mediante la correspondiente transferencia bancaria.

Indemnizaciones en el caso

El ministerio público considera que los acusados deberán indemnizar a Rodrigo Álvarez y Fernando Ramírez con 8.000 euros, cantidades a las que deberían hacer frente de forma subsidiaria Repsol, CaixaBank y la administración; asimismo, insta a decomisar los 389.400 euros abonados por Repsol y CaixaBank por la ejecución del proyecto, y los 24.000 abonados por Repsol en 2014.

Por lo que respecta a la responsabilidad civil de las dos empresas, deben responder de los daños que, en su caso, generen sus empleados o exempleados, para lo cual primero estos deben ser condenados, después de determinarse si hubo daño y que los condenados no los puedan cubrir.