La sala de lo penal de la Audiencia Nacional ha descartado volver a imputar a Rafael Orbegozo, antiguo jefe de gabinete del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, en la causa que investiga la relación de la compañía con el excomisario de policía José Manuel Villarejo.
En un auto fechado el pasado 3 de junio y conocido este viernes, los magistrados Alfonso Guevara, Carolina Rius y Carlos Fraile desestiman el recurso presentado por el presidente de ACS, Florentino Pérez, y reiteran el sobreseimiento que decretó el pasado 11 de marzo el juez instructor, Manuel García Castellón, sobre la implicación de Orbegozo.
La sala se ha manifestado de este modo en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que el pasado 19 de mayo pidió que se revocara el sobreseimiento, pues veía indicios de responsabilidad penal en su participación en la contratación de Cenyt, empresa vinculada a Villarejo, para efectuar los encargos "Gipsy" y "Posy", a instancias del exjefe de Seguridad de la eléctrica Antonio Asenjo, imputado en la causa.
El proyecto "Gipsy" habría tenido por objeto investigar a dos directivos de la compañía por sus posibles vinculaciones con Florentino Pérez.
No consta, señala la sala, que Orbegozo "ordenara o transmitiera orden alguna de Sánchez Galán" al director de Seguridad, Antonio Asenjo, para que éste contratara con Cenyt.
Tampoco "que conociera al proveedor del servicio, ni que contactara con este, ni que realizase seguimiento alguno de dichos proyectos", añade el auto.
Por el contrario, los magistrados respaldan el auto de sobreseimiento de García Castellón, que descartó que la iniciativa de contratar a Villarejo partiera de Orbegozo, cuya labor era "visar una pluralidad de documentos y únicamente se detenía en los aspectos formales a la hora de llevar a cabo dicho control".
Asimismo, dado que ninguno de los delitos que se le atribuían a Orbegozo se encuentra castigado con penas de prisión que excedan de los diez años a contar desde su "comisión", el plazo de prescripción se ha superado "ampliamente".
El juez instructor Manuel García Castellón investiga en esta pieza separada si Iberdrola contrató al excomisario por un millón de euros entre 2004 y 2012 para, entre otras cosas, infiltrarse en plataformas contrarias a sus intereses o investigar a un accionista crítico con su gestión, y en ella figura como imputado el presidente de la compañía.