La Audiencia Nacional ha considerado que las declaraciones que hizo en 2020 el entonces el párroco de Lemoa en un documental sobre ETA, no trataban de enaltecer el terrorismo y ha resuelto sobreseer la querella que interpuso contra él la Asociación Dignidad y Justicia (DyJ).
Según ha informado el Foro de curas de Bizkaia, un auto de la AN fechado el 8 de noviembre ha resuelto terminar el proceso contra ese sacerdote y por ello han pedido al actual obispo de Bilbao Joseba Segura, y su predecesor en el cargo Mario Iceta, que le pidan perdón públicamente por haberle apartado su ejercicio.
En octubre de 2020, Dignidad y Justicia presentó una querella contra Mikel Azpeitia, párroco de ese municipio vizcaíno, al estimar que sus declaraciones en el documental "Bajo el silencio" justificaban el terrorismo de ETA y humillaban a sus víctimas.
Esa agrupación instó a la Conferencia Episcopal a que suspendiera de manera inmediata al sacerdote de todas sus funciones relacionadas con la iglesia católica.
El sacerdote pidió perdón a las víctimas por sus "desafortunadas" palabras, si bien el Consejo Episcopal de la Diócesis de Bilbao rechazó sus declaraciones y consideró que debía asumir las consecuencias legales que de ellas se derivaran, según señalaron Mario Iceta, como obispo de Bilbao y Joseba Segura, como obispo auxiliar, entre otros miembros de ese Consejo, que le retiraron de "los oficios eclesiásticos".
Acusan a los Obispos de Bilbao de actuar por la presión mediática
El Foro de curas de Bizkaia preguntó entonces si los obispos habían "tomado esa decisión después de haber visionado toda la entrevista y teniendo bien claro que no se habían entresacado, de manera interesada, escasamente siete minutos y medio de unas declaraciones que, al parecer, duraron más de dos horas", si bien no obtuvo respuesta.
Rechazaron entonces "los juicios de valor emitidos" sobre una posible justificación de la violencia en ese testimonio y aseguraron "la trayectoria pastoral" del denunciado reflejaba lo contrario y que nunca había tenido "problema alguno en condenar la violencia y el terror".
Advirtieron a los obispos de que la retirada de sus actividades como sacerdote "obedecía más al dictado de la presión mediática, que a una información ajustada de los hechos" y les reprocharon su falta de "prudencia", así como su "desinformación, precipitación y la desmesura" en la decisión adoptada.
Ese grupo de curas ha explicado este domingo que la resolución judicial ha determinado que las declaraciones del párroco "no implican, ni directa ni indirectamente, un mensaje inequívoco a la violencia ni una aprobación de su uso".
En ese documental, "que pretende revivir la situación creada en el País Vasco a consecuencia de la existencia de la organización terrorista ETA", "no se logra adivinar, ni tan siquiera indiciariamente, la existencia de frases, expresiones o palabras que pretendan enaltecer o justificar el terrorismo o a los terroristas", ha añadido la AN.
El auto ha concluido que tampoco supuso "un discurso del odio que pueda llegar a crear un peligro o riesgo ni concreto ni abstracto para la seguridad colectiva", por lo que las actuaciones judiciales quedan sobreseídas.
El Foro de curas reclama al Obispado que pida perdón al párroco
Ante ello, el Foro de curas de Bizkaia ha considerado que Iceta y Segura deben de pedir "perdón públicamente a Mikel Azpeitia por no haber hablado con él, antes de emitir el primer comunicado; por no haber visionado todo el reportaje; por haberle suspendido de los 'oficios eclesiásticos' y por haberse sometido", a la presión mediática más que "a una información ajustada de los hechos".
Han denunciado que esa actuación les "despoja" de credibilidad y "resquebraja la confianza" entre los obispos y entre los fieles de la Iglesia de Bizkaia, "algo que así lo deseamos ojalá pudiera empezar a recomponerse con dicha petición pública de perdón".
El modo de proceder de Iceta y Segura resultó "desmedidamente autoritativo (cuando no, absolutista)", se encuentra "en las antípodas de la comprensión y ejercicio evangélicos de dicha autoridad", y vulneró el derecho a la presunción de inocencia del cura, han opinado.
Por ello, han planteado la necesidad de abordar "ese problema" en una Asamblea Diocesana, "sin temor a que afloren las diferencias existentes en nuestra Iglesia".