La Audiencia vuelve a dar la razón a Nasuvinsa por romper el contrato de la Ciudad del Transporte

La Audiencia Provincial de Navarra ha ratificado los incumplimientos de contrato por parte de la UTE adjudicataria de la Ciudad del Transporte de Pamplona, una resolución fruto de la denuncia en 2018 por parte de Nasuvinsa y que permite a Navarra evitar la pérdida de 23,7 millones de euros.

Así lo ha indicado esta mañana el vicepresidente y consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos del Gobierno de Navarra, José M.ª Aierdi, en una comisión parlamentaria a petición de Geroa Bai para exponer el contenido de la sentencia.

El fallo, emitido el 16 de febrero, desestima el recurso presentado por la UTE Sanco a la instancia del 2019 que daba la razón a Nasuvinsa en su petición de rescindir el contrato de la Ciudad del Transporte por incumplimientos por parte de la empresa adjudicataria.

23,7 millones de pago

Según ha asegurado el consejero, si Nasuvinsa no hubiera denunciando en 2018 el incumplimiento del contrato de la explotación de la 3ª fase de la Ciudad del Transporte de Pamplona en Imárcoain, suscrito con Sanco "el 1 enero 2022, los ciudadanos navarros hubieran tenido que abonar a la UTE 23,7 millones de euros como consecuencia de las condiciones pactadas en aquel contrato".

Esto, ha explicado, se deriva de la posibilidad de la empresa de elegir en esta fecha si mantener el derecho de superficie por más tiempo y seguir gestionando este espacio u obligar a la Administración a comprar esos activos a un precio establecido muy superior al de mercado "en un ejercicio de irresponsabilidad" por parte del entonces Gobierno de UPN.

Además, ha señalado, "Nasuvinsa ya está cobrando 330.000 euros de ingresos por los alquileres de las naves construidas que hasta hace 4 días percibía la UTE" y la valoración de los peritos de la empresa pública han establecido que la UTE, además de entregar los activos, debe pagarle entre 2 y 4 millones de euros por su "inacción y falta de dinamismo".

A su juicio no se puede responsabilizar a la UTE por lo ocurrido debido a que "es una empresa privada que busca las mejores condiciones para su propia actividad", la clave, ha subrayado, está en "el fracaso del modelo elegido dejando que el mercado "actuase por si mismo sin ningún tipo de control".

La política de UPN

"Priorizar el beneficio empresarial frente a ese interés público parecía el objeto de un procedimiento y un concurso de estas características", ha insistido Aierdi, señalando que ya en aquel momento existían sociedades públicas como Nasuvinsa o la Agencia Navarra del Transporte y la Logística (ANL) que "estaban gestionando los desarrollos industriales del conjunto de la comunidad".

La sentencia del 2022, ha señalado, incide en que se modificaron las condiciones del procedimiento dando valor a la estrategia de la empresa, que "busca mantener en el tiempo esas parcelas sin vender en contradicción con el interés público" para cobrar a un precio superior.

El consejero ha aclarado que el contrato no establecía mecanismo para evitar que la Administración se viese obligada a adquirir los terrenos a un precio elevado, sino que la "facilitaba", y la clave ha sido que la UTE no ha pagado el canon de explotación. Esto ha permitido al Gobierno resolver el contrato ya que de no ser así habían tenido que abonar los 23,7 millones.

El proyecto, ha recordado Aierdi, se adjudicó a la única empresa que se presentó al concurso con una propuesta que modificaba "de forma sustancial" el pliego de condiciones, optándose entonces por adaptar el PSIS a las condiciones establecidas por la empresa con un sistema que "solo beneficiaba a la empresa adjudicataria y perjudicaba los intereses de los ciudadanos".

Ante esta situación, ha referido, "lo normal hubiera sido que se hubiera determinado desierto ese concurso, cambiar las condiciones del convenio y volver a publicitar para que todas las empresas concurrieran en igualdad de condiciones".

La principal causa de resolución del contrato que establecen las sentencias del 2019 y 2022, ha detallado el consejero, es el impago de 9,8 millones de deuda acumulada por la UTE correspondientes al canon por los derechos de superficie y explotación, intereses por esta deuda e impago a la comunidad de propietarios por las fincas gestionadas.

Incurría en otros incumplimientos como la falta de entrega de avales por las anualidades del canon, no acometer ninguna implantación empresarial desde 2013, no concluir la urbanización de los terrenos, no efectuar ningún pago de la deuda en los últimos 4 años e incumplir en el deber de cesión del 10% de aprovechamiento al Ayuntamiento de Noáin.