Esta semana recogíamos en Onda Vasca las reivindicaciones de varias familias que viven en el edificio situado en la calle Herrera, en los números 10 y 11, entre Donostia y Pasaia, porque está previsto el derribo de sus viviendas para realizar las obras de acceso ferroviario al puerto. Se trata de un edificio que pertenece a la Autoridad Portuaria de Pasaia y en el que viven, en régimen de alquiler, trabajadores o antiguos empleados del puerto y familiares de estos.
Pues bien, la Autoridad Portuaria de Pasaia ha hecho público un comunicado para responder a esas reivindicaciones. La APP recuerda que esas viviendas "se adjudicaron en origen a trabajadores del Puerto, en concreto de los servicios de mantenimiento, quienes suscribieron sus respectivos contratos de arrendamiento con una vigencia que estaba vinculada a la continuidad del trabajador en servicio activo en la plantilla de la Junta del Puerto. Dicha Junta del Puerto estableció, en este sentido, unas rentas bonificadas a estos inquilinos". Añade, además, que "el acuerdo adoptado por la APP en 1969 incorporaba el derecho a la prórroga del contrato" en favor de los familiares en caso de que el trabajador falleciera, aunque con una serie de condiciones.
Sin embargo, las obras que se van a realizar en el entorno en el que se ubican dichas viviendas, obliga al derribo del edificio en el que actualmente viven 12 familias pero, según la APP, en la actualidad, solo "5 de los 12 vecinos tienen intactos sus derechos como arrendatarios. En el caso de los otros 7 vecinos sin contrato, al fallecer las personas que tenían derecho al uso de la vivienda, sus familiares han continuado haciendo uso de las mismas, pero sin el correspondiente derecho a prórroga".
Soluciones ofrecidas
La Autoridad Portuaria de Pasaia dice en su comunicado que "está trabajando en la búsqueda de soluciones para todos los vecinos de estos inmuebles teniendo en cuenta los diferentes grados de afección mencionados".
En este sentido, asegura que "en lo que respecta a los 5 vecinos con título, la APP les ha ofrecido las condiciones previamente acordadas con Eusko Trenbide Sareak (empresa pública que realizará las obras de entrada de ancho métrico) y reflejadas en el convenio, que incluye una indemnización media de 116.000€ (una horquilla que va entre 90.000€ y 150.000€), en función de la edad de los inquilinos. Como alternativa, la APP se ha ofrecido a ejercer de mediador ante la Delegación de Vivienda y el Ayuntamiento de Pasaia para articular un realojo en la zona".
Añade que "dentro del proceso de propuestas realizadas a estos vecinos, se ha barajado la posibilidad de realojo en otras viviendas propiedad de la APP, propuesta que ha sido rechazada por los mismos, así como la mediación ante la Delegación de Vivienda del Gobierno Vasco para la adjudicación de una vivienda de protección oficial en régimen de alquiler". Y asegura que de los 5 vecinos afectados, 2 han aceptado la propuesta de indemnización y los otros tres no han trasladado su respuesta todavía.
"En lo que respecta a los 7 vecinos sin contrato (familiares de antiguos trabajadores del Puerto), la APP está trabajando con la Delegación de Vivienda del Gobierno Vasco y con los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Pasaia con el objetivo de lograr para ellos alguna solución habitacional, ante la imposibilidad jurídica de la indemnización, por tratarse de vecinos sin contrato".
Por último, la APP afirma que ha trasladado a los afectados su "vocación de flexibilizar el plazo de desalojo, de junio (previsto inicialmente) a otra fecha compatible con la obra, dentro del 2024".