La banca cierra otras 35 oficinas en Navarra durante la pandemia y agrava la desatención financiera

El efectivo sigue siendo el modo de pago preferido de un 35% de la población. La pandemia lo ha golpeado –las tarjetas lo superan ya ampliamente–, pero su uso es todavía más elevado en los pequeños municipios y localidades rurales, precisamente aquellos territorios donde más difícil resulta acceder a él. En Navarra, alrededor del 6,3% de la población, casi 42.000 personas, vive en una localidad que no cuenta ni con un simple cajero automático que dé respuesta a esta necesidad.

No es una cifra despreciable. En términos relativos duplica ampliamente la media nacional (2,5%) y afecta a la vida cotidiana de miles de personas, muchas de ellas de edad avanzada, obligadas a desplazarse, a recurrir al apoyo de familiares y amigos o, en el mejor de los casos, a depender de los menguantes horarios de caja de las entidades financieras. Esta situación se ha vivido incluso en las ciudades o localidades con mayor presencia de entidades financieras, algunas de las cuales se negaban a atender a los ciudadanos que no usan los cajeros automáticos a partir por ejemplo de las 11 de la mañana.

El problema viene de lejos. Y en él influye desde luego la propia geografía de Navarra, una comunidad relativamente grande para un volumen de población pequeño. Y se agrava a partir de la crisis de 2008. En aquel momento, las entidades financieras contaban con 719 oficinas en la Comunidad Foral, uno de sus máximos históricos, en un momento de elevada rentabilidad. Desde entonces, han cerrado cuatro de cada diez sucursales, hasta las apenas 423 registradas por el Banco de España en septiembre de 2021.

Son 35 menos que antes de la pandemia, un periodo donde todo lo presencial se ha resentido. Y que ha acelerado el esfuerzo por reducir costes emprendido por la banca hace ya más de una década como respuesta ante la caída de los tipos de interés. La concentración financiera (CaixaBank ocupa hoy el espacio que hace una década representaban Caja Navarra, la Caixa, Caja Madrid y Caja Rioja, por citar solo un ejemplo), ha hecho el resto. La red ha adelgazado a niveles de 1979 –Navarra tenía entonces 160.000 habitantes menos que en la actualidad– y este impacto lo ha sentido sobre todo una generación, los mayores de 75 años, cuya digitalización resulta más difícil.

El repliegue no ha sido homogéneo en todas las entidades. La gran banca ha sido la más agresiva (Santander y BBVA han cerrado sucursales a golpe de sucesivos ERE); CaixaBank también se ha empleado a fondo tras la absorción de Caja Navarra; y Caja Rural ha aprovechado sus menores costes de personal para mantener la capilaridad.

Los problemas de decenas de miles de personas para acceder al sistema financiero –un fenómeno agravado con la desaparición de las cajas, levantadas precisamente con el ahorro procedente de la generación hoy más vulnerable– han sido estudiados por Diana Posada, economista del Banco de España. Su estudio concluye que la vulnerabilidad en el acceso tradicional al efectivo en España es "relativamente baja" en gran parte del territorio, si bien ha detectado que hay aproximadamente 1,3 millones de personas en una situación "vulnerable". De ellas, algo más de 36.300 personas, en torno al 5,5% de la población, se encontrarían en Navarra.

Se trata de una cifra obtenida a través del Índice de Vulnerabilidad en el Acceso al Efectivo (IVAE), que tiene en cuenta el número de puntos tradicionales de acceso al efectivo por cada 1.000 habitantes para cada municipio; la distancia a ellos; la renta disponible media por persona; y la proporción de personas mayores de 60 años en cada localidad. El Banco de España señala que, según el grado de vulnerabilidad, la mayor parte de la población española vive en localidades con un nivel "bajo o muy bajo de vulnerabilidad". No obstante, aproximadamente un 3% de los ciudadanos se encontrarían en una situación de vulnerabilidad media o alta en términos de acceso al efectivo.