El número de sucursales bancarias en España se situó en 19.015 al final de 2021, lo que supone el cierre de 3.288 sucursales en un año (-14,7%) y de 4.900 en comparación al número de sucursales antes de la pandemia, a finales de 2019 (-20,4%), según los últimos datos hecho públicos por el Banco de España.
Esto supone que las entidades financieras han eliminado una de cada cinco oficinas que tenían en diciembre de 2019, antes de la irrupción del coronavirus, situando su red en España en su nivel mínimo desde septiembre de 1976. Además, representa una caída del 58,8% respecto al máximo histórico de 46.118 sucursales que existían en septiembre de 2008.
Este recorte de oficinas tiene lugar en un escenario de márgenes bancarios comprimidos por el entorno de tipos de interés negativos y el aumento de la competencia ante la llegada de nuevos operadores tecnológicos. Así, las principales entidades financieras han incidido en la reducción de costes y ganancia de eficiencia, adaptándose además a las nuevas tendencias de relación de los clientes con los bancos.
Para ello, las principales palancas que han utilizado las entidades financieras en los últimos años han sido la inversión en tecnología, la redimensión de la red de oficinas y los procesos de fusión, como los de CaixaBank-Bankia, Unicaja-Liberbank o Abanca-Banco Caixa Geral-Bankoa-Novo Banco, que han venido acompañados de reestructuraciones de plantilla y oficinas.
Así, la mayoría de medianas y grandes entidades españolas llevaron a cabo Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en España en 2021.
Según los datos recopilados por Europa Press, el Banco Santander es la entidad que cerró más oficinas en el Estado (992) durante el pasado año, seguida por CaixaBank, que clausuró 943, BBVA cerró 587, Sabadell bajó la persiana a 326 sucursales, Unicaja redujo su red en 156 oficinas, Ibercaja cerró 117 centros y Abanca recortó 18 oficinas. Bankinter no hizo ningún ajuste.
De decisión vinculante hasta 20.000 €
Nuevo defensor del cliente
Gobierno. El Consejo de Ministros aprobó ayer el anteproyecto de ley para crear la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero, gratuita para los usuarios y cuyas resoluciones serán vinculantes para la entidad financiera cuando los importes reclamados sean inferiores a 20.000 euros. La nueva autoridad se encargará de resolver las reclamaciones de los clientes que no hayan quedado satisfechos con la respuesta que le hayan dado los servicios de atención al cliente de sus entidades financieras y unificará los servicios de reclamaciones que existen del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.