La calefacción central tiene los días contados ¿sabes la fecha de su final?

En una comunidad de vecinos no siempre el que más consume es el que más paga. El caso de las calefacciones centrales es un buen ejemplo de ello, ya que el consumo se reparte entre todos los vecinos a partes iguales (o proporcional, en función del coeficiente de propiedad del inmueble) aunque unos se beneficien menos por no residir de manera permanente en la vivienda, porque ante un exceso de temperatura cierran radiadores (frente a otros que, por ejemplo, abren las ventanas) o los regulan etc. Además hay personas que mantienen los radiadores encendidos pese a estar el piso vacío o desocupado largas temporadas, etc.

Ante este panorama el Gobierno promulgó en agosto de 2020 un decreto, obligado por un normativa europea de 2012, con el objetivo de que cada vecino pague por lo que consume, y lograr además una mayor ahorro de energía y un consumo más razonable para contaminar menos.

Pero con lo que no se contaba en este tránsito es con el incremento del precio del gas, que está suponiendo un cierto freno para aplicar lo estipulado en el Real Decreto 763/2020.

Termostato de un radiador adaptado.

Esta normativa, tras un periodo de adaptación de casi dos años, obliga a las comunidades de vecinos con calefacción central a tener contadores individuales de manera obligatoria y da un plazo de tiempo que ahora se agota para determinadas zonas de España.

Multas y coste

Las multas por incumplir esta normativa oscilan entre los 1.000 y los 10.000 euros, y serán las comunidades autónomas las encargadas de inspeccionar y sancionar. El titular, bien la comunidad de propietarios o el dueño del edificio son los responsables en los que recaerían las sanciones administrativas.

Las calefacciones centrales deberán estar eliminadas a partir de 1 de mayo de 2023, fecha para la cual las comunidades y los propietarios deberán instalar sistemas de repartidores individuales de costos para que cada vivienda pague por separado en función de lo que consuma.

La patronal de empresas instaladoras de estos sistemas, AERCCA, calcula que en España hay 1,6 millones de hogares que deberían adaptarse y que algo menos de 300.000 han adecuado ya sus instalaciones y radiadores.

Independientemente de la posibilidad o no del cambio de las calderas y sistemas de distribución, que en muchos casos no hacen rentable la renovación, los sistemas de medición individual son fáciles de instalar (un pequeño aparato adosado a cada radiador) y tienen un costo entre 150 y 250 euros por vivienda, según sus características. Y el ahorro que suponen están cuantificado entre un 20% y un 30%, un porcentaje significativo.

Las zonas

Las únicas zonas de España que está exentas de cumplir esta normativa son las calificadas como A (Cádiz, Málaga, Almería e islas Canarias) y B (Huelva, Sevilla, Córdoba, Murcia, la Comunidad Valenciana y Tarragona) que son las que tienen inviernos más suaves.

El ahorro supera el 20%.

Este mes de mayo vence el plazo para las comunidades autónomas más frías (Ávila, Soria, León y Burgos) pueden enfrentar multas de hasta 10.000 euros si siguen funcionando con calefacción central. En octubre la medida se extiende a numerosas provincias, como Madrid, Valladolid, Segovia, Navarra, Zaragoza o Ciudad Real.

Finalmente, la próxima primavera, el 1 de mayo se finiquitará la calefacción central, cuando se amplíe la obligación a toda Extremadura, Barcelona, Granada, Jaén, Bizkaia y Gipuzkoa, entre otras. Eso si la actual crisis energética no fuerza alguna prórroga.