La Casa Blanca avisa de que su cierre impactará en la seguridad nacional

La Casa Blanca advirtió este viernes que un cierre eventual de la administración puede impactar en la habilidad del Gobierno para mantener la seguridad nacional y lamentó que cientos de miles de trabajadores federales y de soldados estadounidenses puedan quedarse sin salario de forma indefinida.

Así lo recalcó en una llamada con periodistas el portavoz de la Casa Blanca en materia de seguridad nacional, John Kirby, quien advirtió de los efectos negativos que puede tener la falta de acuerdo entre republicanos y demócratas para garantizar fondos para la administración.

"Dependiendo de lo que dure (el cierre) habrá un impacto práctico" para que departamentos como el de Defensa, Estado o Interior puedan hacer su trabajo, pero además puede acabar "afectando a nuestra habilidad para garantizar la seguridad nacional", dijo Kirby.

Los empleados podrían quedarse sin cobrar

Y en cualquier caso, recordó que la falta de fondos supondrá que cientos de miles de empleados federales, incluidas las tropas estadounidenses, dejen de cobrar sus salarios.

"Cada nómina cuenta", dijo Kirby, quien lamentó que haya miles de militares de EE.UU. desplegados por el mundo que seguirán trabajando por su "patriotismo y sentido del deber" mientras ven cómo sus familias tienen dificultades para comprar comida o pagar las letras de la casa o el coche.

Son, añadió, trabajadores y soldados que en muchos casos apoyan a los políticos que están evitando un acuerdo en el Congreso y que por culpa de dichos políticos tendrán que seguir trabajando sin cobrar.

La seguridad nacional, amenazada

Kirby advirtió, además, que si el cierre dura tiempo empezará a sentirse el impacto en materia de seguridad nacional en áreas en las que son necesarios contratos con empresas privadas, entre las que citó la fabricación de aviones militares o su inspección. Contratos que, de retrasarse, cuestan después mucho más dinero al contribuyente.

El cierre parcial de la Administración afectaría a 800.000 funcionarios y 1,3 millones de militares en servicio activo, quienes se verían obligados a trabajar sin recibir salario, aunque posteriormente se les volverá a pagar una vez que el Gobierno reabra.