El Ejecutivo neerlandés, liderado por la derecha radical de Geert Wilders, empieza este fin de semana a desarrollar su programa de gobierno basado en el acuerdo de los partidos, con atención en los presupuestos, que presentarán en septiembre, y la prometida "política migratoria más estricta" de la historia de Países Bajos.
Se avecinan semanas de intensas negociaciones para los miembros del gobierno neerlandés, que tomó posesión a principios de julio, pero, con los debates parlamentarios sobre la formación de gobierno y las vacaciones de verano, no se han puesto a desarrollar el programa de la legislatura.
Éste deberá basarse en las líneas generales definidas en mayo por la derecha radical PVV, de Geert Wilders, el liberal VVD, el democristiano NSC y el partido de los campesinos BBB.
Tradicionalmente, el gabinete aprovecha estas fechas para preparar los presupuestos generales del Estado, que se presentan cada tercer martes de septiembre (Prinsjesdag), pero este año deberá redactar los planes concretos con los que quiere cumplir con los objetivos de la coalición.
Los funcionarios de cada ministerio han estado trabajando en la preparación de ese programa durante las últimas semanas, pero ahora los ministros deben desarrollarlo.
En una rueda de prensa ayer, el primer ministro neerlandés, Dick Schoof, admitió que el gabinete tendrá que tomar "decisiones dolorosas" en el presupuesto del próximo año y anticipó que tendrá "discusiones bastante intensas" con su equipo. "No soy negativo, pero tampoco voy a celebrar", lamentó.
El presupuesto
Se espera que el gabinete tenga en cuenta algunos contratiempos financieros, en especial la compensación que exigió el Tribunal Supremo en junio para las personas con patrimonio que pagaron impuestos excesivos.
Además, se necesitan fondos adicionales para indemnizar y resolver el escándalo de las ayudas a las familias: en la pasada década, la Agencia Tributaria acusó sin fundamento a decenas de miles de padres de fraude fiscal con las subvenciones para el cuidado de los hijos y les obligó a pagar cantidad ingentes de dinero a Hacienda, causándoles la ruina financiera.
"Tenemos contratiempos y una deuda creciente; es un mensaje amargo, pero es la realidad", subrayó el ministro de Hacienda, el liberal Eelco Heinen, antes de la reunión del gabinete. Advirtió a sus colegas de que la respuesta será "no" a sus peticiones financieras y celebró que "la única buena noticia es que por ahora se ha detenido la acumulación de contratiempos".
La Oficina Central de Planificación (CPB) publicó este viernes su esperada proyección, en la que el gabinete basará sus presupuestos, y celebró que disminuirá la pobreza en 2025. Si en 2023 un 4,6 % de la población vivía por debajo del umbral de la pobreza, ese dato bajará a 4,1 % en 2025, mientras que la pobreza infantil pasará de 5,8 % a 4,6 % el próximo año.
La CPB ha tenido en cuenta para sus cálculos los planes del acuerdo de gobierno, en la medida en que estaban lo suficientemente claros -los planes concretos deberán aún desarrollarse- y esta proyección también indica que "el poder adquisitivo en 2025 es claramente mayor que en la proyección anterior, dada la reducción de impuestos contemplada en el acuerdo".
Pero, frente a esto, se espera un déficit en aumento y se acerca al máximo del 3 % establecido por la Unión Europea (UE). "Esto implica la posibilidad de que, en caso de futuros contratiempos, se tengan que implementar recortes de manera repentina y obligada", advirtió la CPB. Si no se toman medidas, añadió, la deuda pública superará la norma de la UE del 60 % del PIB para 2034.
La política migratoria
Otra de las claves será la política migratoria. A cargo de este tema está la ministra de Migración y Asilo, la ultraderechista Marjolein Faber, cuyo nombramiento llegó rodeado de polémica.
Faber tuvo que explicar su uso del término "sustitución étnica", defendida por la teoría de la conspiración del Gran Reemplazo, que considera que los inmigrantes están "re-poblando" países occidentales.
En el acuerdo de coalición, los cuatro partidos se comprometieron a reducir la inmigración y el asilo en Países Bajos y a aplicar la "política migratoria más estricta de la historia neerlandesa", solicitando a Bruselas una "cláusula de exclusión" de la política migratoria comunitaria, algo que no está claro que puedan conseguir.
Cuando tomó posesión, Schoof señaló que, en las elecciones de noviembre, los neerlandeses "dieron una orden clara a la política nacional a través de las urnas" y explicó que la sociedad quiere que "se escuchen sus preocupaciones" y "se haga algo al respecto" del asilo, la escasez de viviendas y la inflación. Eso tendrán que explicar en el programa de gobierno.