Manuel Rodríguez es decano del Colegio de Sociología y Politología de Navarra y especialista en materias relacionadas con el empleo, la formación laboral, los retos del mundo rural y las políticas públicas.
¿Qué lectura sociológica se puede hacer de la falta de trabajadores locales en ciertos sectores?
–Existe un problema demográfico. Faltan jóvenes. Además, hay un proceso de jubilación de los nacidos en los 60. Pero la razon de más peso es que hablamos de sectores donde las condiciones laborales y salariales no son las mejores. Para los jóvenes hay una disonancia entre lo que esperan del mercado y lo que este les oferta.
¿De qué manera contribuyen al crecimiento económico de una sociedad los inmigrantes?
–Es fundamental. Sin la cobertura, durante la pandemia, de trabajos elementales del sector servicios la situación hubiera sido mucho más difícil. Cuestiones que pasaban desapercibidas de repente descubrimos que eran básicas para el funcionamiento de nuestro modelo de vida.
¿Como puede ayudar la reforma a la integración sociolaboral de estas personas?
–Es importante que los procesos migratorios tengan un vínculo directo y claro entre la formación y el empleo, entre el aprendizaje y lo que demandan las empresas, ya que, con un empleo y unas condiciones laborales razonables, se avanza en la cohesión social del colectivo. Lógicamente, el inmigrante no deja de serlo, pero se convierte en un trabajador, genera derechos. De alguna manera, se iguala al resto de trabajadores. Sin embargo, si se aprovecha a los inmigrantes y a su debilidad documental para generar una economía sumergida se acaba produciendo una desigualdad y posiblemente un conflicto.
¿Los movimientos migratorios pueden cooperar en la lucha contra la despoblación, sobre todo en zonas rurales?
–Pueden ser un elemento clave si somos capaces de crear condiciones de tracción, como el acceso a vivienda. Una población inmigrante joven insufla un componente demográfico a esa zona. En algunos pueblos, que lleguen varias familias puede servir para mantener abiertas una consulta médica o una escuela pública. Pero deben tener elementos que hagan que les merezcan la pena vivir ahí, como viviendas a precios asequibles y un empleo. Sin embargo, no se puede seguir una estrategia simplista y crear guettos. Por ejemplo, no se puede coger un pueblo de 50 habitantes y meter ahí a 50 inmigrantes. Eso garantiza un conflicto. Si el proceso se realiza con un sentido del equilibrio, con un respeto a las propias realidades territoriales y con respeto a esas personas migrantes, en el sentido de que les das una oportunidad de vida, se genera un espacio atractivo. La lógica lleva a a que la gente busque aquellos espacios en los que pueda vivir mejor.
La mujer inmigrante es uno de los perfiles más dañados por las consecuencias de la pandemia.
–La mujer es clave de los procesos de inmigración y de integración. Desempeñan un papel fundamental en sectores como el de los cuidados, para mejorar nuestra calidad de vida y, de alguna manera, ellas también tienen que beneficiarse de esa mejora. Conceptos como solidaridad, equilibrio y cohesión deben ser los retos sociales. Las mujeres son clave en los procesos de integración. Es importante que haya una integración seria, regular y legal para que no se formen bolsas de irregulares y una economía sumergida. Evitar eso equivale a tener un modelo de integración más sensato y beneficioso para todos.
¿La pandemia ha acentuado la desigualdad en la sociedad?
–Se ha extendido una figura absolutamente insoportable, que es la del trabajador pobre. Ahora hay hay que ver qué frutos da la reforma laboral. Es necesario luchar contra la desigualdad, también para proveer de oportunidades a la segunda generación de inmigrantes. Por otra parte, es importante trabajar por un sistema en el que todos nos sintamos cómodos y donde las oportunidades sean las mismas para todos. l