La comisión de abusos policiales al PP: "Ni somos jueces ni lo pretendemos"

La labor de los expertos que analizan las vulneraciones de derechos humanos ha vuelto a suscitar este miércoles un consenso muy amplio en el Parlamento Vasco. Los partidos, salvo el PP+C's y un Vox ausente, cerraron filas con la comisión de expertos de la ley que busca reparar los abusos policiales entre 1978 y 1999 o, incluso, desde algunas bancadas apostaron por ir más allá de ese límite temporal, como sugiere la comisión en sus recomendaciones.

La presidenta del grupo, Juana Balmaseda, y su portavoz, Jon Mirena Landa, pronunciaron un discurso que resultó sólido y riguroso a ojos de los grupos, y desactivaron al PP. Los populares, que venían de presentar un recurso en el Tribunal Constitucional que fue tumbado, pronunciaron por boca de Carmelo Barrio un discurso con más matices que en anteriores ocasiones y reconocieron el sufrimiento de las víctimas. Pero insistieron en sus "recelos" porque, a su juicio, se siguen señalando culpables (en alusión implícita a la Guardia Civil y la Policía), hay una "sensación de sentencia" y se afecta a la "profesionalidad" de los colectivos, aunque analizarán el informe. Balmaseda fue categórica: "Ni somos jueces, ni lo pretendemos".

"La comisión lo que intenta es analizar con rigor, y nuestra guía es la ley. Ni somos jueces ni lo pretendemos. Tenemos un absoluto respeto por el poder judicial. No es nuestra misión, jamás vamos a entrar en cuestiones jurisdiccionales, en valoraciones propias de la jurisdicción penal. Lo que tenemos que hacer es escuchar a la víctima y los hechos que nos relata, y establecer el nexo causal. Hemos procurado la salvaguarda de los derechos al honor, la presunción de inocencia, sin pretender la individualización de personas concretas a las que pueda atribuirse una responsabilidad", zanjó, para añadir después que la naturaleza de la comisión es "asistencial" y "el centro es la víctima".

El informe no cita a ningún guardia civil, sino al Cuerpo en general. Landa completó la explicación asegurando que están obligados a buscar una autoría "generalista" porque, de lo contrario, no se puede acreditar que ha existido un daño.

MÁS ALLÁ DE 1999

Desde EH Bildu, Julen Arzuaga puso el foco en la brecha que hay entre los 55 expedientes y las 1.017 solicitudes o los más de 4.000 casos del informe de Paco Etxeberria, y se preguntó si ese ritmo satisface a la comisión. Aplaudió que se vaya a reforzar la secretaría técnica, y se mostró dispuesto a ir más allá de 1999. El jeltzale Iñigo Iturrate aclaró a Bildu que este "no es el final del camino", sino que el proceso será dinámico, y recordó los "enemigos poderosos" a los que se han enfrentado.

Fuentes de la consejería de Beatriz Artolazabal aseguran a DEIA que con la actual ley no se puede ir más allá de 1999, pero habrá más pasos para "seguir cubriendo espacios temporales posteriores a 1999 e igual también otras vulneraciones de derechos". Es lo que la comisión denomina "principio de progresividad" en su última recomendación, aunque lo más inmediato será seguir trabajando las actuales solicitudes. La socialista Miren Gallastegi defendió los derechos de todas las víctimas. Iñigo Martínez, de Elkarrekin Podemos-IU, sugirió la opción de ampliar el plazo límite de diciembre para registrar solicitudes.