La comisión de expertos en abusos policiales avala a otras 46 víctimas y pide más medios

La Comisión de Valoración para el reconocimiento y reparación de las víctimas de abusos cometidos al amparo del Estado, formada por una decena de expertos entre historiadores, letrados, juristas y médicos forenses, completó ayer miércoles su segundo año de trabajo con un balance de 46 resoluciones a favor de reconocer a otros tantos solicitantes como víctimas de vulneración de derechos humanos. Ello supone un incremento respecto a los 35 expedientes favorables del periodo anterior (junio 2020-2021) pero sigue lejos de las aspiraciones de la comisión para dar salida a la ingente cantidad de solicitudes que tienen sobre la mesa.

Así lo expuso la presidenta de este foro, Juana Balmaseda, ayer miércoles en la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Justicia, donde planteó a los grupos parlamentarios una denuncia y diversas reclamaciones. En el primer caso, calificó de “inadmisible” la actuación de los “actores y colectivos que se oponen al desarrollo de esta ley” y que buscan “retrasar o dificultar” su actividad, perjudicando con ello a “las propias víctimas”.

Se refería así a la campaña orquestada desde diversos ámbitos para inundar de peticiones de miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y de víctimas de ETA, que están fuera del ámbito de actuación de la Ley 12/2016, con el fin de desvirtuar su finalidad o, al menos entorpecer su aplicación. Ello se traduce en que, de los 573 expedientes resueltos en el último año, 523 han sido inadmitidos, de los que 473 fueron planteadas por policías y guardias civiles y 50 por víctimas de ETA o de su entorno, que disponen de sus propios mecanismos y legislación para recibir amparo.

Balmaseda, que estuvo acompañada por el especialista en Derecho Penal Jon Mirena Landa y por el médico forense Benito Morentin, puso también voz al apartado de recomendaciones que cierra el informe. Sobre todo, modificar la ley para corregir las indemnizaciones, ya que el sistema actual “genera flagrantes injusticias en casos de gravísimas violaciones de derechos humanos que o bien no pueden ser indemnizados o bien obligan a una indemnización irrisoria, indigna de tal nombre”.

Proponen por ello la creación de una ponencia parlamentaria que estudie esta posible reforma legal. “Una modificación en profundidad del artículo 9 es urgente y necesaria y en particular derogar la imposibilidad de indemnizar en casos de malos tratos y torturas, y enriquecer y flexibilizar las posibilidades indemnizatorias en supuestos de lesiones sean estas permanentes o no”, aseguran.

Reconocimiento anual

El informe incorpora más recomendaciones, como la petición a las instituciones vascas para que celebren un acto público anual de reconocimiento a las víctimas y que el Parlamento Vasco adopte un papel “proactivo” en su reparación. La comisión reclama a su vez que se amplíe el ámbito temporal de la ley y los supuestos de violaciones de derechos humanos. También pide al Gobierno vasco que refuerce su organigrama de trabajo con funcionarios o con personal con formación específica en derechos humanos, con el fin de dar salida a la gran cantidad de solicitudes, que Landa cifró en 506 pendientes.

La comisión explica que en la mayor parte de los casos investigados la actitud de las instituciones ha sido “colaborativa” aunque en varias ocasiones ha resultado imposible obtener la información solicitada por el tiempo transcurrido o por falta de “fluidez o claridad”. En este sentido, denunció que no se ha podido recabar ninguna documentación de los archivos militares.

De las 46 resoluciones, seis corresponden a mujeres y 40 a hombres. Respecto al daño causado, seis fallecieron, 28 son víctimas de torturas o maltrato grave, cinco tienen lesiones por impacto de bala, cuatro sufrieron impactos de pelotas de goma, dos sufren lesiones graves por agresión y una persona por vulneración de su integridad moral y psíquica. También indica que, en 18 de los casos, el causante fue la Guardia Civil y en 15 la Policía Nacional. La mayoría de los hechos, 28, ocurrieron entre 1971 y 1980.