La comisión de reconocimiento de víctimas de violencia policial va a empezar muy pronto a recibir y tramitar solicitudes. El pasado 22 de septiembre quedó constituida y lo más probable es que antes de que acabe el mes esté ya en disposición de empezar a trabajar sobre expedientes concretos.
La idea es que el grupo de nueve expertos –formado por el director general, personal técnico del departamento, peritos forenses, una psicóloga y una representación de juristas elegidos por el Parlamento– todavía disponga de dos o tres semanas para terminar de definir su reglamento interno. Y a partir de ahí una orden foral, dictada por la titular del departamento –la consejera Ana Ollo– según especifica la ley, abrirá el plazo para presentar solicitudes durante cuatro años y seis meses.
En todos los casos la comisión tendrá que decidir, en un mes como máximo, si admite a trámite o no las denuncias. Y en caso de que superen ese corte, los informes definitivos deben estar listos en 16 meses.
Los recursos de la derecha paralizaron dos años la ley
Son algunos de los detalles que se han concretado en la última reforma de la ley para facilitar la puesta en marcha del instrumento nuclear de la Ley Foral de Abusos Policiales, y que ya ha estado parado durante demasiado tiempo.
Hay que recordar que los recursos de PP, Cs y Vox ante el Constitucional tuvieron la norma en stand by prácticamente desde que se aprobó en 2019 hasta mayo de 2021, cuando el alto tribunal avaló la totalidad del texto. Esto, unido a que los informes van a ser exhaustivos, hace que no haya tiempo que perder. Y, por si fuera poco, hay otro asunto de fondo: hay elecciones en 2023. El departamento quiere abordar la materia con todo el rigor y sensibilidad que requiere el tema, y la cercanía de los comicios, con sus servidumbres, puede entorpecer un trabajo que tiene que desarrollarse sin urgencias ni condicionantes partidistas.
La comisión, como quien dice, ya está casi lista. Los nueve miembros han tomado posesión de su cargo y ya han elegido a su presidente y a su secretario. Martín Zabalza, director general de Paz y Convivencia, preside el grupo, y tiene voto de calidad en caso de empate en las deliberaciones. Y Josemi Gastón, director del Instituto Navarro de la Memoria, es el secretario.
Varios aspectos importantes del funcionamiento de la comisión. El primero: no puede actuar de oficio. Es decir, que la comisión no puede proponer casos de víctimas de violencia policial. Todas las iniciativas tienen que partir o bien de los afectados, o bien de sus familiares, o bien de testigos con conocimiento directo y riguroso de los hechos.
Una vez lleguen a la comisión, esta tiene un mes para decidir si la admite o no a trámite. Si la desecha, tiene que motivar por qué. Si le da el visto bueno, puede citar a protagonistas o recabar antecedentes. Pero todo tiene que hacerse en máximo 16 meses. Eso, por norma general. Porque la ley permite formular recursos y eso alteraría los plazos. Pero ese plazo de los 16 meses se especificó en la reforma de julio –en la que se arregló el problema que había surgido con las indemnizaciones–.
Hay un caso absolutamente maduro que ya tiene todo para tramitarse. Es el de Mikel Zabalza, muerto en 1985 a manos de la Guardia Civil en el cuartel de Intxaurrondo. Ya ha sido reconocido en la CAV por la ley vasca de víctimas de abusos, por lo que el expediente está ya terminado y su tramitación sería rápida una vez se abra el plazo de solicitud