La Comisión de Salud Pública estudia la tercera dosis para nuevos colectivos

La Comisión de Salud Pública estudiará mañana si poner una tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus a la población general mayor de 60 años, a los trabajadores sanitarios y sociosanitarios y a otros usuarios de centros distintos a las residencias especialmente vulnerables.

Los directores generales del Ministerio de Sanidad y de las comunidades autónomas analizarán la propuesta de los expertos de la ponencia de vacunas para dar un refuerzo a los sexagenarios y los trabajadores sanitarios y sociosanitarios de los centros de atención primaria y hospitalaria.

Fuentes de la Comisión han añadido a Efe que en el orden del día también tienen la cuestión de aplicar esta tercera dosis a personas internas en centros sociosanitarios y sanitarios diferentes a las residencias de mayores, como centros de discapacidad.

De aprobarse, todos ellos recibirán una inyección de Pfizer o media de Moderna, también el colectivo de personas de 60 a 69 años que en su inmensa mayoría recibieron en su día una doble pauta de AstraZeneca.

Hasta la fecha, el refuerzo está destinada en el Estado español a los mayores de residencias y a los de más de 70 años que no viven en estos centros; se administra al menos seis meses después de la segunda, un plazo que se reduce a la mitad, tres meses, para todas las personas que han sido vacunadas con Janssen.

Las personas de muy alto riesgo por encontrarse en situación de gran inmunosupresión por patologías subyacentes o por estar sometidas a ciertas terapias inmunosupresoras, reciben una dosis adicional pero en su caso para completar su pauta, ya que podrían tener una respuesta inmune inferior a la de la población general.

Al margen de la tercera dosis, Sanidad y comunidades tienen pendiente de aprobación la actualización del denominado semáforo covid; en el borrador que discutieron la semana pasada, los técnicos de la ponencia de alertas proponían suavizar las cifras de incidencia con las que se mide el nivel de riesgo y flexibilizar las restricciones en los escenarios con transmisiones más bajas.

Los expertos justificaban que la situación epidemiológica actual "muy favorable, con un marcado descenso de los casos graves y de la letalidad", junto con las altas coberturas de vacunación, hacían necesaria una revisión de los indicadores utilizados para la vigilancia de la evolución de la pandemia y de las medidas no farmacológicas recomendadas para cada uno de los niveles de riesgo establecidos.

Así, planteaban no tener tanto en cuenta el número de contagios como la cifra de hospitalizaciones en planta y en uci, especialmente las que se produzcan en una semana, y la positividad; de hecho, revisaban al alza los umbrales de la incidencia acumulada, el indicador más conocido de los que se usan para medir el riesgo.

En el debate del Ministerio y las comunidades también colea el pasaporte covid que reclaman varias autonomías; por ahora se pide en Baleares, Cataluña y Galicia para acceder a determinados servicios como el ocio nocturno, aunque la Xunta lo requiere también para visitas a hospitales.

Después de que una de sus principales defensoras, Euskadi, haya visto este lunes como el Tribunal Superior de Justicia rechazaba su intención de exigirlo en negocios de hostelería, las voces que claman por un criterio único se intensifican para evitar la disparidad que se ha producido en otras ocasiones.

Por ejemplo, en Aragón, donde quieren exigirlo en los establecimientos de ocio nocturno y en los espectáculos públicos con grandes aforos, el Tribunal Superior de Justicia considera que esta medida podría incurrir en un "vicio de inconstitucionalidad", por lo que ha instado a la fiscalía y al Ejecutivo aragonés a presentar antes alegaciones.

En Andalucía abogan por requerir este documento en hospitales y residencias, aunque también esperará a lo que digan sus jueces.

Y en Madrid, que emplaza a Sanidad a liderar la implementación de esta medida, apuestan por usarlo pero no como en otros países de Europa si no de forma más selectiva, como en la hostelería o determinados eventos.

El Gobierno de Navarra enviará el miércoles al Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) para su ratificación judicial su aplicación entre el sábado 27 de noviembre y el jueves 6 de enero de 2022, ambos inclusive.

También La Rioja consultará esta misma semana a su Tribunal Superior antes de adoptar una decisión sobre el documento sanitario y pretende saber si es posible exigirlo y si supondrá una mejora en el índice de vacunación o para los establecimientos y, principalmente, para las personas.

Con todo, el president de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, ha confiado en que esté operativo en la Comunitat Valenciana antes del próximo Puente de la Constitución.